Las operadoras tendrán que ofrecer un paquete básico de servicios de internet en las zonas rurales y más despobladas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma de la Ley General de Telecomunicaciones que incluye novedades para la prestación de servicios universales en todo el territorio. El Gobierno pretende con ello romper la “brecha” que se produce en el acceso a internet en las zonas menos pobladas y más remotas, garantizando un servicio básico para los clientes que así lo demanden.

La ley sustituye a la anterior norma, de 2014, actualizando el paquete de servicios básicos. Además, ya no será un único operador —Telefónica— sino que afectará al resto de competidores, que tendrán que ofrecer estos servicios en España, sin importar el lugar, y con un precio “asequible”, según han detallado fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Así, se debe garantizar un “acceso adecuado a internet de banda ancha con un conjunto mínimo de servicios”. Este listado incluye garantizar el acceso a internet, correo electrónico, motores de búsqueda, herramientas básicas de formación, prensa, compra de bienes y servicios, banca, relación con la administración, redes sociales y mensajería instantánea.

La nueva legislación de telecomunicaciones incluye esta nueva obligación para las operadoras y detalla qué servicios tendrán que ofrecer en todo el territorio, dependerá de un desarrollo normativo independiente. En esta norma complementaria se incluirán aspectos como la calidad del servicio, la velocidad mínima o el precio. La Secretaría de Estado defiende esta diferenciación como una herramienta para poder actualizar periódicamente este servicio básico conforme a la evolución de las tecnologías, sin tener que aplicar reformas a la Ley General. Así, mientras que la regulación aprobada este martes se espera que esté aprobada en las Cortes en el primer semestre, no se espera que este servicio universal esté en marcha antes del próximo verano.

La normativa que se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros incluye cambios respecto a la redacción inicial de la ley. En un primer momento, se establecía que las plataformas de comunicaciones electrónicas sin numeración, como era el caso de WhatsApp, tuvieran que estar registradas como operadoras y abonaran la tasa que le corresponde —1 por 1.000 de los ingresos brutos—. Sin embargo, la redacción que tenía la norma ya dejaba fuera a empresas como WhatsApp por no estar afincadas en España y finalmente se ha decidido eliminar esta cuestión de la redacción final, ante algunos avisos de “extralimitación” regulatoria al intentar equiparar estas empresas con operadoras de telefonía. Fuentes de la Secretaría de Estado subrayan que no se produce un cambio real puesto que ni en la primera redacción ni en esta última se iba a ver afectadas este tipo de plataformas.

La nueva Ley General de Telecomunicaciones llegará al Congreso tras más de un año desde que se conociera en el Consejo de Ministros la primera vuelta de este texto. Durante el último año se han ido haciendo distintas modificaciones, como la anteriormente indicada, que se limitan a aspectos técnicos. Con ello, el Ministerio de Asuntos Económicos transpone en la regulación española distintas directivas comunitarias que obligaban a cambiar los reglamentos nacionales para actualizarlo a realidades que la anterior ley, pese a tener apenas siete años, todavía no contemplaba.

Estos cambios afectan también a la protección de los derechos del consumidor. La ley detalla una serie de mejoras en la regulación con el fin de incluir nuevos servicios. Por ejemplo, en la anterior norma no se regulaban los servicios empaquetados —telefonía, internet y televisión— y hoy son uno de los principales negocios en este sector. Además, según detallan desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, se obliga a los operadores a dar mayor transparencia en los contratos y tendrán que ofrecer un resumen claro de los servicios que incluyen antes de la contratación. Se limita también su duración a 24 meses y se garantizará por ley herramientas de comparación de ofertas y facilitación del cambio de operadora.

Los cambios afectan también al servicio de emergencias, el 112. Se refuerza por un lado su capacidad de servicio a los ciudadanos en caso de emergencia, al poder acceder a la ubicación no solo a través de las antenas de red, como hasta la fecha, sino también a los servicios de ubicación que ya tienen instalados la gran mayoría de terminales móviles. Además, el 112 dejará de ser únicamente unidireccional —recibiendo llamadas de emergencia— ya que tendrá la capacidad de poder emitir llamadas y avisos de situaciones de emergencia.

El resto de aspectos son ya más técnicos, ya que afectan a la normativa de las subastas de espectros radioeléctricos, como la subasta del 5G que se realizó el pasado verano. Con estas modificaciones, el Gobierno pretende impulsar el desarrollo de redes como el propio 5G o la fibra óptica tanto para la telefonía como para otros servicios que se sirven de esta infraestructura. Con la aprobación de esta ley marcan uno de los compromisos que se encontraban reflejados en el Plan de Recuperación.