La patronal no se sentará a negociar la ley para ampliar la democracia en las empresas, que tilda de “ataque populista”
La patronal española ni siquiera se sentará a hablar con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos sobre la ley que pretende impulsar Yolanda Díaz para ampliar la democracia interna en las empresas, con medidas como garantizar que los empleados estén presentes en los consejos de administración de las compañías, como ocurre en muchos países europeos. Es “un ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa”, sostienen CEOE y Cepyme.
En un comunicado conjunto, las dos principales patronales del país –que tienen el papel de agentes sociales y que, por tanto, se sientan en las mesas de diálogo social con el Gobierno y los sindicatos– anuncian que no acudirán a la reunión a la que les ha convocado el Ministerio de Trabajo para abordar esta regulación, el próximo 12 de marzo.
“CEOE y CEPYME consideramos que la propuesta del Ministerio de Trabajo supone un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada”, responden las organizaciones empresariales lideradas por Antonio Garamendi y Ángela de Miguel, tras haber consultado al respecto a sus órganos internos.
Los empresarios sostienen que, en un momento en el que el conflicto armado en Oriente Próximo amenaza con generar una nueva crisis económica mundial, “es sorprendente que Trabajo vuelva a centrarse en un ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa, con posibles implicaciones negativas”. “Un ataque que no hace sino generar mayor desconfianza y desalentar las inversiones en nuestro país”, sostienen.
Señalan a “regímenes autoritarios” frente a los ejemplos europeos
Las organizaciones patronales apuntan que el departamento de Yolanda Díaz pone “sobre la mesa un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado”, aunque las medidas que el Ministerio de Trabajo pretende impulsar –como la participación de los trabajadores en los consejos de administración– son una práctica muy extendida en muchos países europeos, como Alemania o Suecia.
De hecho, Trabajo encargó un estudio sobre este asunto a una comisión de académicos y académicas a nivel internacional, liderados por la profesora belga Isabelle Ferreras, que subrayó que dos tercios de los países de la UE (18 de 27) han reconocido legalmente el derecho de los trabajadores en empresas del sector público, y a menudo también el privado, a estar representados con voz y voto en los consejos de administración o consejos de vigilancia de las empresas.
Ferreras, investigadora de Universidades como Lovaina y Harvard, sostiene que “la gobernanza empresarial en España es despótica”, una excepción en Europa, “a la cola” en el contexto de la UE y que “no es inteligente” para los retos de futuro, explicó en esta entrevista en elDiario.es.
A vueltas con la Constitución Española
Para los empresarios, sin embargo, la propuesta legal atenta contra la “libertad de empresa”, contemplada en el artículo 38 de la Constitución Española y es “un nuevo desprecio a la negociación colectiva, que precisamente es unos de los espacios más genuinamente democráticos en este momento, recogido con esta naturaleza en la Constitución española”, recoge el comunicado.
Yolanda Díaz señala sin embargo la misma Carta Magna para defender su planteamiento. El artículo 129.2 del texto legal recoge que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
Sin embargo, el Comité Ejecutivo de las patronales ha decidido “no estar presente en la mesa de negociación abierta sobre la democratización de la empresa” y “seguir apostando por la negociación colectiva como espacio de entendimiento y por la defensa de los principios constitucionales”, concluye el comunicado de CEOE y Cepyme.