Los Presupuestos de 2020 dan su primer paso en el Congreso al aprobarse la senda de estabilidad gracias a la abstención de ERC

La senda de estabilidad, es decir, los objetivos de déficit y deuda con los que se ha calculado el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado de 2020, han sido aprobados este jueves en el Congreso de los Diputados por 168 votos a favor, 150 en contra y 19 abstenciones. 

En las votaciones, además de PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno ha contado con el respaldo de PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, PRC y Teruel Existe. Esquerra Republicana, EH-Bildu y BNG se han abstenido, mientras que el PP, Vox, Junts, Ciudadanos, la CUP, UPN y Foro Asturias han votado en contra.

La abstención de los republicanos ha sido clave para que el proyecto se apruebe, al facilitar que haya tenido más síes que noes. 

“Hoy tenemos un gobierno en España que prioriza el diálogo a las porras”, ha dicho el portavoz de ERC Joan Margall, que en todo momento ha circunscrito su apoyo  de este jueves al diálogo abierto hace unas horas entre el Gobierno y la Generalitat y no a la propia senda de estabilidad y al techo de gasto que, según ha dicho, no les gusta. “Hoy no discutimos los objetivos de estabilidad, damos una oportunidad a la mesa de negociación”, ha insistido desde la tribuna de oradores durante el pleno del Congreso.

Por su parte, el portavoz de JxCat, Ferrán Bel, ha advertido de que a su juicio es un error vincularlo a la continuidad de la mesa de diálogo, porque en ese caso les obligaría a votar a favor de todas las iniciativas del Gobierno para que continúe. 

La ministra de Hacienda, María Jesús  Montero, se había comprometido además a flexibilizar la regla de gasto para darle un mayor margen a comunidades autónomas y ayuntamientos, tal y como reclaman, ha recordado, formaciones como ERC, EH Bildu, Compromís o Más País. 

Montero ha defendido en su intervención la senda de corrección del déficit público para los próximos años –1,8% del PIB en 2020, 1,5% del PIB en 2021, 1,2% del PIB en 2022 y 0,9% del PIB en 2023– para adaptarla a la realidad “económica, social y política” del país. Se trata del primer trámite en la Cámara Baja que debe cumplimentarse para acabar aprobando unas cuentas públicas que sustituyan los vigentes, diseñados por Cristóbal Montoro. La senda de estabilidad pasa ahora al Senado.

Ahora al Ejecutivo le tocará aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos de 2020. A finales de marzo o principios de abril el Gobierno tiene que mandar a Bruselas su Plan de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas. El proyecto deberá amoldarse al techo de gasto ya aprobado (y que no se somete a votación parlamentaria, solo se informa del mismo) y que es de 127.609 millones de euros, un 3,8% más que el año pasado.

El primer debate presupuestario a superar en el Pleno de Congreso será el de las enmiendas a la totalidad. Fue en esta votación cuando cayó el presupuesto de 2019, y con él el anterior gobierno de Sánchez. Si esta vez sale adelante, se abrirá la fase de negociación de las enmiendas parciales, donde seguramente deberán tener cabida algunas de las reivindicaciones de grupos minoritarios con los que Sánchez debió comprometerse para conseguir su voto en la investidura. La intención es que los nuevos presupuestos estén en vigor este verano. 

Cohesión, justicia social, lucha contra la desigualdad

Según Montero, las señas de identidad de las cuentas públicas serán “la cohesión, la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la sostenibilidad”, respetando los compromisos de estabilidad presupuestaria y reducción del déficit público de la UE.

El modelo de crecimiento, según dijo, estará basado en la inversión en I+D+i y en la transición ecológica justa. Otro pilar fundamental será la política social, con una mayor inversión en materias como la dependencia, la pobreza infantil y el acceso a una vivienda digna. El compromiso del Gobierno en la lucha contra la desigualdad también se reflejará en los PGE mediante un mayor énfasis en los programas destinados a eliminar la brecha salarial o en políticas que avancen en la conciliación laboral y familiar y en recursos para combatir la violencia de género.

Por primera vez las cuentas públicas incorporarán un informe orientado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030, otro al impacto de género y un tercero a las políticas de infancia, juventud y familia.