¿Tienen razón los taxistas o Uber y Cabify? Todas las preguntas y respuestas sobre el conflicto

¿Cuándo se origina el conflicto entre los taxistas y Uber y Cabify?

Uber llega en 2014 a España con su servicio UberPop, que marca su modelo de negocio y con el que opera fuera de la UE. Este servicio fue llevado a los tribunales por una asociación de taxistas y fue suspendido por un juez por utilizar conductores sin licencia, algo ilegal según la normativa española.

Desde hace algo más de un año, la multinacional opera en España con otra modalidad: UberX. Este servicio se basa en utilizar conductores que sí tienen licencia de vehículo de turismo con conductor (VTC), la que estipula la normativa española para este tipo de transporte y que hasta ese momento utilizaban los coches con chófer privado, como el que ponen algunas empresas, hoteles o administraciones a autoridades o invitados.

Cabify también utiliza conductores con licencia VTC. La empresa también fue llevada a los tribunales por los taxistas que consideraban que ejerce una competencia desleal. En marzo se celebró la vista sobre este tema que está pendiente de la resolución final. La empresa se defiende asegurando que ellos operan como una agencia de viajes y que son intermediarios entre los conductores y los viajeros.

¿Qué reclaman los taxistas?

Una vez conseguida la prohibición de los conductores sin licencia, la última reivindicación de los taxistas es que se cumpla una norma: que se conceda como máximo una licencia de vehículo con conductor privado por cada 30 licencias de taxi. Se trata de una medida incluida en el Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre aprobado en los últimos compases del anterior Gobierno de Mariano Rajoy (noviembre de 2015).

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia consideró que esta condición, junto con otras que establecía el reglamento como la de tener una flota de siete coches para poder solicitar licencias VTC, iba contra el “libre mercado”. Finalmente, Competencia llevó a la Audiencia Nacional esta norma y está todavía pendiente de fallo judicial.

¿Cuántas licencias VTC y de taxis hay? ¿Por qué han aumentado las de VTC?

Hay 66.835 licencias de taxi frente a las 5.654 licencias de VTC. Las licencias de vehículos de turismo con conductor se han multiplicado desde 2012 viviendo un fuerte incremento a partir de 2014. Esto se debe al tiempo que se tardó entre aprobar la ley de 2013 y el reglamento de 2015. Previamente, la ley Ómnibus de 2009 había dejado la puerta abierta a que no hubiera un límite de VTC. En la ley de 2013, se introducía la posibilidad de introducirlo, pero no fue hasta el reglamento cuando se cifró en el 1/30.

Como en ese momento no existía un límite de licencias de VTC frente a las de taxi, quienes querían conseguir una acudieron a los tribunales que en muchos casos les están dando la razón. Así en 2015, las licencias VTC crecieron hasta superar las 4.000 frente a las 2.700 de un año antes. En 2016, subieron hasta superar las 5.000 y en 2017 las 5.654.

¿Uber y Cabify incumplen la ley en España?

No, aunque hay sentencias judiciales pendientes. Las dos compañías trabajan con conductores con licencia VTC, que es lo que recoge el ordenamiento español para este tipo de viajes.

¿En qué se diferencia el servicio que prestan entonces? ¿Es lo mismo Uber que Cabify?

El servicio que prestan ambas compañías dentro de España es similar aunque Uber solo lo hace en Madrid y Cabify está actualmente presente en doce ciudades españolas entre ellas Madrid, Barcelona o Sevilla. Con las dos aplicaciones se pueden reservar trayectos o pedirlos para el momento. La diferencia es que el modelo Uber en otros países con menor regulación sí está rodeado por la polémica, al tener a conductores sin contrato y haber estado envuelto en casos de abusos.

¿Dónde facturan estas plataformas? ¿Pagan impuestos?

En este tema hay que diferenciar dónde facturan los conductores autónomos o las compañías de flotas de coches, que lo normal es que lo hagan en España, y otra cosa es dónde facturan las empresas por los ingresos que obtienen por las comisiones que cobran a estos conductores por utilizar su servicio.

En el caso de Uber, las facturas de los viajes las emite la empresa o el conductor que realiza el viaje. Por tanto, estas cantidades pagarán los impuestos que les toquen en España, básicamente el IVA. Luego este conductor o empresa paga un porcentaje (25%) a Uber en concepto de utilización de su tecnología y servicios.

Aquí es donde la factura se emite desde la matriz europea de Uber que está situada en Holanda. Por tanto, estos ingresos tributarían en Holanda, que tiene impuestos más ventajosos para las compañías. Posteriormente esta matriz es la que da una cantidad a la filial española para que opere con sus gastos y pague al personal contratado en España conforme al IRPF de este país.

En el caso de Cabify, las facturas de los viajes con ellos las emite Maxy Mobility Spain SL, que es la filial española de esta empresa. “Con independencia de la matriz original, en España Cabify opera a través de Maxi Mobility Spain SL, con la que cumple con todos los requisitos fiscales pertinentes, pagando el 100% de los impuestos correspondientes en España, a través de la facturación del 100% de los trayectos (no solo la comisión por cada servicio)”, señala la empresa en un comunicado.

La matriz original de la empresa está en el Estado norteamericano de Delaware. La compañía asegura que es “debido exclusivamente a su etapa inicial”: “La empresa recibió su primera ronda de financiación en 2011 por parte de inversores estadounidenses de Silicon Valley y uno de los requisitos para cumplimentar el acuerdo era tener una sede fiscal en Estados Unidos”, aseguran. En este caso, en el territorio más opaco fiscalmente de Estados Unidos.

¿Cómo y dónde tributan estas empresas?

Tanto taxistas titulares de una licencia como chóferes con licencia tienen que estar dados de alta como autónomos. La diferencia es la forma de tributar: los taxistas autónomos con más de tres taxis en propiedad tienen que tributar por estimación directa, mientras que los que tienen menos pueden elegir entre esta fórmula y la estimación indirecta, los llamados módulos.

Estos módulos son una forma de tributación puesta en entredicho por la cantidad de fraude que puede esconder y los inspectores de Hacienda han pedido su limitación.

Los conductores autónomos con licencia VTC que trabajan para empresas como Cabify o Uber solo tienen la opción de la estimación directa (es decir no pueden elegir módulos), independientemente de las licencias que tengan.

Si los taxistas son autónomos, ¿pueden hacer huelga?

Efectivamente, los titulares de las licencias de taxis son trabajadores autónomos. Lo que se llama huelga del sector del taxi es, técnicamente, un paro patronal, que es la denominación que tienen los paros cuando son las propias patronales las que deciden parar para reivindicar sus intereses. En los paros patronales, las empresas cierran ese día: ni sus trabajadores trabajan ni prestan sus servicios.

Pero además de los taxistas autónomos, están los taxistas asalariados: un taxista dueño de una licencia puede contratar a uno o varios conductores para que se hagan cargo de los viajes durante el tiempo que consideren.

¿Qué derechos laborales tienen sus trabajadores?

En cuanto a los asalariados, los taxistas se rigen por el convenio colectivo nacional para el sector de auto taxis y las empresas que usan licencias VTC tienen que cumplir los convenios colectivos de alquiler de vehículos con y sin conductor. Es decir, en ambos casos hay convenios colectivos que las patronales o patronos tienen que aplicar a sus conductores contratados. Los dos tienen que tener, por ejemplo, seguro de accidente y sus empleados tienen derecho a permisos como los de matrimonio, nacimiento o asistencia a citas médicas.

Para 2016, el salario mínimo de un conductor de licencia VTC en Madrid oscilaba ente 803 y 843 euros mensuales (en función de la categoría). El plus por hora extraordinaria era de 10,6 euros la hora. Para los taxistas, el salario mínimo garantizado en 2017 es de 12.635 euros anuales brutos en catorce pagas, es decir, unos 817 euros al mes. Sus horas extra se compensan con tiempo de descanso: dos horas por cada hora extra. Tanto taxistas como conductores VTC tienen complementos, como los de nocturnidad o antigüedad.

Hay un importante colectivo de autónomos que son dueños de las licencias y que también trabajan con el vehículo. En el caso de Cabify, un 60% son empresas (con empleados) y un 40% autónomos.

Pero, entonces, ¿esto no va de erosionar derechos laborales a los taxistas?

La disputa es fundamentalmente de modelo empresarial y de regulación. Las principales organizaciones de autónomos, ATA y UPTA, apoyan las reivindicaciones del taxi y también sindicatos como CCOO. Consideran que el taxi es un servicio público que hay que proteger y que la liberalización es perjudicial. Los defensores del taxi aseguran también que estos cambios precarizarán las condiciones de los taxistas.

¿Qué quieren decir con que son un servicio público?

Son considerados un servicio público porque las licencias son una concesión administrativa regulada y porque son las administraciones las que regulan las tarifas.

¿Puede cualquiera ser taxista?

Las personas que quieran ser taxistas tienen que tener el permiso de conducir y cumplir una serie de requisitos que dependen del Ayuntamiento. En el caso de Madrid hay que superar un examen, carecer de antecedentes penales, no padecer enfermedades infecto-contagiosas o impedimentos físicos o psíquicos que le impidan la conducción, no ser consumidor habitual de estupefacientes o bebidas alcohólicas y tener el título de Educación Secundaria Obligatoria o uno equivalente.

Además, para adquirir una licencia de taxi hay que tener un buen colchón ya que el precio puede alcanzar los 100.000 euros. La bajada del precio de las licencias es una de las losas que más pesa en el conflicto, ya que muchos taxistas se han hipotecado para poder comprar una con el objetivo de revenderla. En el caso de las VTC, el precio puede llegar a 40.000 euros y se ha disparado en el último año. Unos y otros están sujetos a inspecciones.