Por qué las reformas liberales en Alemania no convencen a los votantes y las de Japón no convencen a los mercados

El canciller alemán Friedrich Merz recibió el pasado fin de semana una señal electoral nítida que hace casi imposible interpretar la realpolitik germana con otra perspectiva que no sea la de un cambio de rumbo. Pero el atlantista y conservador Merz ha decidido, en otro arrebato que sus detractores siempre han valorado como un signo de su tozudez, frente a la peor derrota en las urnas de su partido, la CDU, en unas elecciones regionales, hacer caso omiso a estas advertencias y ha lanzado un órdago para mantener su agenda de reformas estructurales. Pese a que su formación quedó por debajo del 5% de los votos y fuera del parlamento en los comicios del land oriental Mecklemburgo-Pomerania Occidental, mientras Alternativa para Alemania (AfD) llegó al 38,2%.

No fue un espejismo. Unas semanas antes, la AfD se hacía con el 44% de los sufragios en Sajonia-Anhalt, otro enclave del antiguo bloque del Este. Primera fuerza política. Y en Berlín lograban su mejor resultado histórico, aunque en la capital federal la victoria fue para Die Linke, que podría forjar una alianza de izquierdas con Los Verdes y el SPD. La CDU consiguió el 18,8% del escrutinio.

Aun así, Merz insiste en que su diagnóstico sigue teniendo plena validez. Alemania —profetiza— necesita modificar su modelo económico. Aquel que combinó durante años recibos energéticos relativamente baratos con una potencia manufacturera indiscutible y un sector exterior vitalista y capaz de compensar las etapas de debilidad de su demanda interna. Máxima fidelidad alemana al ADN de la otrora locomotora europea. Por mucho que durante el último lustro haya quedado expuesto a una energía más cara —en concreto, desde el otoño que antecedió a la invasión rusa de Ucrania, cuando el Kremlin, primero, y las sanciones de la UE, después, cerraron el grifo de los carburantes fósiles siberianos— a una dura competencia china, a las tensiones arancelarias de EEUU y a una burocracia que las empresas tildan de losa pesada y anquilosada en el tiempo.

La agenda del gobierno de coalición de Merz es un cóctel reformista que toca las pensiones y las prestaciones sociales, y que se mezcla con medidas de flexibilización laboral, una drástica rebaja de exigencias burocráticas, incentivos fiscales y abaratamiento de costes empresariales. Es decir, un viejo recetario neoliberal que se topa con un calendario electoral que puede poner en jaque sus objetivos. Entre ellos, algunos surgidos del carpetazo al férreo impedimento constitucional de la disciplina fiscal y al endeudamiento excesivo.  

Desde marzo de 2025, este viraje de su carta magna se ha trasladado al ámbito presupuestario. Para 2027 el gasto militar se dispara hasta los 144.900 millones de euros, casi la factura de la deuda federal, que roza los 200.000 millones.

Riesgo de parálisis política alemana

Marcel Fratzscher, presidente del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), advierte que Alemania corre el riesgo de atravesar una parálisis política si la coalición trata de preservar su statu quo industrial con subsidios. Tras el avance de AfD, Fratzscher alertó que el resultado podría ser un “desastre, también en términos económicos” sin descartar otro severo retroceso del PIB con aumento del desempleo.

En su opinión, una reforma de las pensiones puede mejorar la sostenibilidad presupuestaria en veinte años; la flexibilidad laboral, incentivar el empleo; reducir las trabas administrativas, crear productividad y, bajo este clima de los negocios, posibilitar que las empresas mejoren sus planes de inversión. Pero el elector percibe que el precio de trabajar más años con menos prestaciones no le resulta alentador.

Aun así, atribuir este giro social en exclusiva a las reformas no sería consecuente. Los votantes del este alemán muestran descontento con el establishment a cuenta del demagógico y espinoso asunto de la inmigración, capitalizado por AfD. Hasta generar una crisis de identidad nacional que se mezcla con una desconfianza institucional y diferencias económicas entre territorios. Sin olvidar su rechazo a una política exterior que ha cortado los lazos energéticos con Rusia.

A los que Reuters suma unos retos económicos crónicos de un envejecimiento demográfico, un ritmo de crecimiento anormalmente bajo y la pérdida de una buena porción de su industria, que adolece de competitividad frente a la pujanza de China y que se vislumbra en el otrora poderoso sector automovilístico, en fase de reconversión. Todo ello ha engendrado una feroz desafección hacia los partidos tradicionales, especialmente, en los länders orientales.

Katja Hoyer, historiadora nacida en la ex RDA, introduce la dimensión económica que se minusvaloró tras la reunificación. Perdieron activos, padecieron el desmantelamiento de su tejido productivo y vieron cómo su estructura de poder fue ocupada por élites wessis, los del oeste. Mientras en los ossis crecía en el resentimiento, ahora heredado por las nuevas generaciones, que se sienten como ciudadanos de segunda categoría. Oschmann, profesor en la Universidad de Leipzig, dice que la reunificación fue, en la práctica, una incorporación unilateral de Alemania Oriental a las estructuras de la República Federal. Hoyer sostiene que la sensación de haber sido “othered” —es decir, convertidos en el otro alemán— ofrece a AfD un terreno político particularmente fértil.

Entre otras razones, porque —aduce— en Sajonia-Anhalt, las solicitudes de asilo habían caído casi a la mitad desde el mandato de Merz y, aun así, los neonazis obtuvieron el 44% y la CDU perdió más de la mitad de su apoyo anterior.

Alemania continúa siendo la mayor economía de la UE y la tercera potencia global. Así como un bastión industrial, con fuerte capacidad fiscal y fortaleza geopolítica, y una solvente gestión de la deuda, capaz de captar inversión y sumar competitividad al bloque europeo. Pero la agenda de Merz y su propensión al gasto, acaba con el sacrosanto principio germano de la austeridad. Por mucho que la nueva permisividad constitucional al endeudamiento geoestratégico sea una premisa grabada a fuego en el informe de Mario Draghi para rivalizar con EEUU y China.

Clemens Fuest, presidente del Ifo Institute, dibuja esta colisión entre Berlín y Bruselas. El desafío consiste en compatibilizar inversión pública, sostenibilidad fiscal y reformas con más recursos y reglas de endeudamiento más laxas, junto a una UE que también precisa avalar su ayuda militar a Ucrania, ganar competitividad, acelerar la transición energética y consolidar la seguridad en el orden económico. Si Berlín traslada su margen fiscal a su gestión doméstica, elevará sin remedio la presión sobre sus socios para que acepten un presupuesto europeo limitado. De modo que la debilidad de Merz complica su liderazgo y devalúa su poder para imponer su criterio en Bruselas.

Los cambios en Japón disuaden al mercado

Las reformas estructurales del gabinete de Sanae Takaichi, que la primera ministra japonesa ha remodelado menos de un año después de tomar posesión del cargo, pero sin tocar a su equipo económico, se enfrenta a una transformación tan trascendental como la alemana. Aunque en el caso de Japón, sin el aval —al menos, de momento— de unos mercados asolados por la debilidad del yen, una inflación galopante y unos bonos soberanos en rentabilidades desconocidas desde 1996 y perplejos ante el intervencionismo del Tesoro americano para sujetar el valor de la divisa nipona frente al dólar.

Los largos decenios de deflación y demanda interna plana han dado paso a una escalada de precios que ha promovido la salida de los tipos de interés de su prolongada fase de proximidad a cero para impulsar el consumo de hogares y la inversión de empresas.

Takaichi dispone de mayor margen político que Merz para ejecutar su programa, al que ha ligado su futuro en el Ejecutivo. La Dama de Hierro se mantiene fiel a una estrategia fiscal “responsable y proactiva” encaminada a que el Estado movilice capitales privados, aumente el dinamismo del PIB y modernice sectores estratégicos. Su Gobierno identifica 17 áreas de actuación preferente entre las que destacan los semiconductores, la IA, la energía, el espacio y la Defensa, a las que destinará unos 370 billones de yenes de inversión pública y privada hasta 2041. Algo más de 2 billones de euros.

Pero la premier nipona se enfrenta a un mercado agitado por unos tipos al 1,25%, un yen que no se libera de su debilidad frente al dólar, pese al cortafuegos monetario del Tesoro americano en agosto, y una deuda que supone el 250% de su PIB, el cuarto del planeta, y la mayor del G-7. Takaichi formuló su dilema con una elocuencia precisa. “Sin crecimiento no habrá sostenibilidad fiscal”. Pero se olvida de otra acepción que describen expertos como Keiji Kanda, estratega jefe del Daiwa Institute of Research: “La sensibilidad inversora hacia los riesgos presupuestarios sin una estabilización de los tipos de interés a largo plazo que pone trabas al crecimiento japonés”.

El bono japonés a 10 años se ha convertido en el detector de tensión de Takaichi. Cada aumento de este coste de financiación importa más en Japón que en cualquier otra potencia de rentas altas porque la deuda acumulada multiplica el efecto de cada movimiento de tipos y complica la vida de la llamada Sanaenomics, su agenda reformista. Tokio demanda estímulo fiscal mientras su autoridad monetaria precisa retirar gradualmente sus estímulos; sobre todo, el dinero gratis que ha imperado en el país durante décadas. También el yen se resiste a ganar músculo por este dilema. Entre otras consideraciones, porque el diferencial de tipos con EEUU, que también acaba de encarecer el precio del dinero, sigue sin corregirse y el carry trade —estrategia bursátil que invierte en monedas con tipos bajos para invertir en otra sometida a unos intereses altos para obtener ganancias a corto—, continúa ganando adeptos con el yen y el dólar.

Financial Times calcula que el volumen de esta táctica podría superar los 2 billones de dólares, cifra similar al PIB español, entre hedge funds y empresas japonesas.

Precisamente cuando Takaichi tira del Estado para reconvertir la capacidad industrial japonesa, el BoJ trata de normalizar la política monetaria y los inversores exigen mayor disciplina fiscal, recuerda Naka Matsuzawa, estratega jefe de macroeconomía de Nomura Securities y con “unos costes de la deuda lejos de tener visos de estabilización”.