Reguladores y organismos españoles se alían contra Del Valle por el Popular

Los Ministerios de Justicia y Economía, el Banco de España, la CNMV, y el FROB, se han aliado para defender los intereses de España ante las denuncias presentadas por el inversor mexicano Antonio del Valle, tras el proceso de resolución del Banco Popular, del que llegó a tener un 4 %.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el acuerdo alcanzado entre estos organismos para representar y defender “los intereses de España” en los procedimientos arbitrales internacionales abiertos por Del Valle y otros inversores tras la liquidación del Popular y su posterior venta al Banco Santander por un euro.

A raíz del proceso de resolución del Popular, el Reino de España fue demandado bajo las reglas de arbitraje del Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) por Del Valle y otros, así como bajo las normas de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), según el BOE.

El inversor Antonio del Valle y otros antiguos accionistas del Popular reclaman a España 470 millones de euros a través de un arbitraje internacional.

Anteriormente, Del Valle ya había presentado un recurso legal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Junta Única de Resolución de intervenir Popular y adjudicarlo al Banco Santander.

El inversor mexicano de origen asturiano considera que sus acciones fueron “expropiadas” y acusa al Gobierno de España de una participación activa en la resolución, y cree que la operación estaba orquestada para que resultara “prácticamente imposible” que alguien que no fuese el Santander pudiera pujar por la entidad.

Además del arbitraje internacional, el inversor ha presentado una petición ante un tribunal de Estados Unidos, donde Santander está presente y reunió a los inversores para captar 7.000 millones de euros con los que sanear Popular, para recabar más información sobre las comunicaciones entre el banco y el Gobierno de España sobre la entidad.