Junta y sindicatos muestran su rechazo a los planes formativos de empleo aprobados por Monago antes de irse
La Junta de Extremadura ha mostrado su desacuerdo, al igual que los agentes sociales y económicos, con los planes de Formación Profesional Continua aprobados para 2015, pues su decreto estaba “totalmente cerrado, presupuestado y planificado”, por lo que “no hubo margen de actuación para modificarlo”.
Así lo ha declarado la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, en la presentación de estos planes junto a representantes de los sindicatos UGT y CCOO y de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX).
“Hemos sido responsables y decidimos afrontar estas condiciones ante la posibilidad de que estos planes se perdieran”, ha asegurado la consejera, para quien los plazos administrativos marcados por ley les han dejado “sin margen de actuación”.
En concreto son tres planes por el que se aprueban las subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas, una de ellas dirigida a trabajadores desempleados, otra dirigida a trabajadores ocupados y una tercera para acciones formativas con compromiso de contratación.
La primera, incluida en la oferta preferente del Servicio Extremeño Público de Empleo, tiene una cuantía de 6.400.000 euros (el pasado año ascendía a 14.000.000 euros); mientras que el plan para trabajadores ocupados se cuantifica en 1.000.000 euros (4.000.000 en 2014) y el tercer plan asciende a 250.000 euros (300.000 el pasado año).
Estos planes, que en 2014 se publicaron en junio y julio, cuentan con el rechazo de los agentes sociales y económicos así como de la propia Administración regional, pues en su diseño por parte del anterior gobierno extremeño del PP “tenía que haberse contado” con estos agentes, “como marca la ley”, algo que, a juicio de la consejera, daría un mayor éxito al plan.
“Nuestra intención era introducir modificaciones para producir un cambio sustancial en la convocatoria, algo que no ha sido posible”, ha aseverado Gutiérrez, tras agradecer la “cooperación” y “disposición” de los sindicatos y agentes económicos. Además de la implicación de éstos en el diseño de los planes, las modificaciones incluirían “recuperar la responsabilidad de todas las partes públicas y privadas que están vinculadas con la formación continua y ocupacional y devolver a las personas con problemas de empleabilidad y capacitación al centro de políticas públicas de empleo”.
Según ha señalado Gutiérrez, le hubiera gustado que estos planes, que afectarán a unas 5.000 personas, respondieran a una visión global basada en una planificación a medio y largo plazo, pero a pesar de ello, asume la “responsabilidad que supone la publicación de convocatoria”.
“Esperamos la colaboración de la patronal y los centros de formación con el objetivo de que se alcance el mayor grado de eficacia de estos planes y salgan beneficiados los extremeños”, ha añadido sobre estos cursos formativos que por primera vez no contarán con la ejecución de los agentes sociales, sino que son los centros educativos de formación homologados los que los impartirán.
Asimismo, ha explicado que la derogación del decreto que regula estos planes era “imposible” mientras que por su modificación se correría el riesgo de no cumplir los plazos administrativos correctos, con la posible pérdida de estos planes, ya que “en diciembre tienen que estar adjudicados”. Ha asegurado además que ya se están dando los primeros pasos para una nueva estrategia de empleo en Extremadura de 2015 a 2019, a su vez que ha reiterado su rechazo a unos planes que se han hecho “de espaldas al diálogo” y cuya cuantía supone 10 millones menos que el año anterior.
