La justicia del Tamayazo

Al fin justicia: seis años después, un juez de Madrid ha firmado dos penas de cárcel para un proceso relacionado con el Tamayazo. Pero como la judicatura española es así, la condena ha caído sobre dos periodistas por contar cómo unos empresarios relacionados con este pestilente episodio afiliaron de forma irregular a un montón de amigos en el PP de Madrid para controlar así una agrupación local; la antesala del Ayuntamiento (y de la siempre rentable Concejalía de Urbanismo). El director de la Cadena SER, Daniel Anido, y el jefe de Informativos, Rodolfo Irago, han sido inhabilitados como periodistas y condenados a un año y nueve meses de prisión por publicar en la web de la SER los documentos que probaban la veracidad de esta noticia: la lista de los afiliados que se apuntaron al partido por la vía rápida.

La sentencia es desmesurada, inaudita, desoladora. El juez no desmiente la noticia, que considera probada, pero argumenta que detallar la militancia política es un delito de revelación de secretos que no está amparado por el derecho a la información. Su criterio deja al periodismo en una situación imposible para poder informar sobre la corrupción. Si la prensa ni siquiera puede contar en qué partido milita un político, ¿cómo de secretas resultarán sus cuentas bancarias en Suiza?

morePero lo parte más rancia de la sentencia habita en un párrafo, donde el juez argumenta que el derecho a la información se refiere a los “medios de comunicación social (televisión, radio o prensa escrita)” pero debe matizarse en el caso de Internet porque “no es un medio de comunicación social, sino universal”. Acabáramos. Ahora la libertad de prensa depende de cómo de lejos llegue tu cobertura; y si te pueden escuchar en todo el planeta Tierra, mejor te callas.