La ley del embudo

Es una herencia más del franquismo, una de tantas: a la Justicia en España no se la toca, ni se la mira, ni se la roza. Por supuesto, los jueces pueden ir a la huelga para defender a aquel calamitoso colega cuya incompetencia dejó suelto al asesino de la niña Mari Luz; que vivimos en un país libre. Pero si los ciudadanos se atreven a cuestionar públicamente la más mínima decisión de la Justicia, por espeluznante que parezca, se trata de un acto “antidemocrático”, un “golpe contra el Estado” o un “atentado contra la independencia judicial”.

La Constitución en España ya no parece ser la Carta Magna. La derecha la ha sustituido por otra norma de rango superior, la ley del embudo: para los amigos, el lado ancho; para los enemigos, el estrecho. Y si el diputado Federico Trillo dice impunemente que Garzón “actúa con manifiesta injusticia y manifiesta ilegalidad” es sacrosanta libertad de expresión. Pero si a un ex fiscal jubilado se le ocurre replicar que el Supremo se ha convertido en cómplice del fascismo por su acoso a Garzón, estamos ante un delito que incluso merece otra denuncia de Manos Arriba (esto es un atraco).

¡Pobre de aquel que rompa la omertá judicial! Allá donde no alcanza la derecha política, siempre llega la brunete mediática, que se ha sumado al linchamiento de Carlos Jiménez-Villarejo, sacando de contexto frases de un discurso que recomiendo escuchar. A la cabeza del pelotón, acusando de “guerracivilista” al ex fiscal, está como siempre Pedro J, Ramírez; el mismo que convirtió a Garzón en el juez campeador y ahora lo tacha de juez prevaricador. No sobra recordar que el único condenado de estos dos viejos amigos es el director de El Mundo: sentenciado hace tres años por atentar contra el honor del magistrado Garzón; por calumniar. Aunque entonces el CGPJ no protestó.