La neutralidad informativa

No diga corrupción, diga persecución política. No diga imputados, diga honestos dirigentes. No diga Gürtel, diga si acaso tres trajes. Y por supuesto no se le ocurra decir por televisión que las listas del PP valenciano –sazonadas con muy honorables acusados de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias– incluyen a implicados en casos de corrupción porque “tal corrupción no constituye un tipo penal, sino que es una expresión que pretende, de forma deliberada, dañar la imagen pública”. El entrecomillado lo firma el desmelenado PP valenciano. Sale de la delirante denuncia que ha presentado este partido ante la Junta Electoral contra los informativos de TVE, Telecinco, La Sexta y Cuatro por “manipular de forma consciente a la opinión pública”. Por suerte, el PP ha rectificado. Esta vez (para variar), el pulso lo ha ganado Génova y los chicos de Camps han retirado la denuncia. Pero no pierdan de vista el protocolo que ha hecho posible este abuso: puede que no sea el último.

El PP valenciano amparaba su denuncia en la nueva Ley Electoral, cuya reciente reforma no ha valido para que el reparto de los escaños en el Congreso fuese un poquito más proporcional y justo, pero que sí parece servir para que los políticos manden aún más en las televisiones. Dicha ley, pactada entre el Gobierno y la oposición, obliga a todas las teles, tanto públicas como privadas, a cumplir con la “neutralidad informativa” durante las elecciones. ¿Y en qué consiste esa neutralidad? Visto el primer intento, esa nueva y loable objetividad que tan bien suena se parece muchísimo a la vieja censura de toda la vida. Pero, por favor: no diga censura, no lo piense siquiera. Diga mejor neutralidad informativa.