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Cinco apuntes más sobre la misteriosa denuncia contra los usuarios de redes peer to peer:

1- La amenaza ya da menos miedo. Según publica Libertad Digital, la demanda no llegará a los jueces hasta septiembre. Javier Ribas lo matiza: dice que ya está presentada, aunque faltan por personarse las empresas para firmar.

2- El abogado Ribas, tras la polvareda que se ha organizado, sale de escena: las empresas de software, sus clientes, le han pedido que de momento no haga más declaraciones a los medios. Parece que los supuestos denunciantes quieren templar los ánimos de la comunidad internauta y que el tema se olvide una temporada.

3- Ya conocemos cuál era el misterioso programa espía utilizado para rastrear las redes P2P. Según aseguró ayer en la Cadena Ser Ribas en un esclarecedor cara a cara con el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, se utilizó la primera versión de Kazaa, que al parecer desvela números IPs, para tomar el pulso a esta red de intercambio. Tengo mis dudas: Kazaa no te deja conectar con versiones antiguas del software. ¿Tienen un hacker capaz de ingeniería inversa en nómina y han crackeado el programa o están mintiendo? Que alguien con más conocimientos técnicos me lo aclare, por favor.

4- Me cuenta otro abogado sus sospechas sobre el verdadero motivo del circo mediático montado por Landwell-PricewaterhouseCoopers: el objetivo de Javier Ribas es sumar entre sus clientes a discográficas, SGAE, estudios de cine y demás afectados por la piratería. De momento Landwell cuenta con las famosas empresas de software anónimas, que desde el viernes han pasado de ser 32 a 38, pero no hace negocio con el resto de la cruzada antipiratería, que está en manos de otros despachos.

5- El otro fin que se busca con estas denuncias es más peligroso y preocupante. Por ahora y hasta que un juez diga lo contrario el intercambio de ficheros por Internet sin ánimo de lucro no es un delito. Lo que pretenden los denunciantes, además de asustar, es crear el debate propicio que permita una reforma de la legislación para condenar de forma clara y explícita el intercambio de ficheros por Internet. En Estados Unidos ya están en ello.