La reforma electoral que propone el Consejo de Estado

El Consejo de Estado ya ha revelado su propuesta de reforma de la ley electoral. Es un modelo mixto que mantiene la representación territorial pero aumenta el número de escaños hasta 400 y también introduce mecanismos de compensación para evitar que los votos dispersos se pierdan, lo que ahora le sucede a Izquierda Unida. Miguel Ángel Marfull, en Público, ha hecho sus cuentas y los resultados son bastante llamativos:

El PP resulta claramente beneficiado y sobrerrepresentado en las distintas simulaciones que caben realizarse con la aplicación de la fórmula propuesta. De esta forma, en el modelo óptimo planteado por el Consejo un Congreso con 400 diputados, mínimo inicial de un parlamentario por provincia y método Hare en sustitución de la ley DHondt , el PP mantiene una sobrerrepresentación del 3,1%. El PSOE, sin embargo, se vería favorecido en un 0,4%, muy por debajo del 4,4% que le confiere el actual sistema. El nuevo modelo terminaría con el castigo que sufre elección tras elección IU, ya que su subrrepresentación se reduciría del 3,2% al 0,5%. (...) En esa Cámara teórica de 400 escaños y con los votos conseguidos en 2008, el PSOE obtendría 177 diputados, el PP 172 parlamentarios y el partido más penalizado por las reglas de proporcionalidad vigentes, Izquierda Unida, conseguiría 13 representantes. De esta manera, cada escaño de IU precisaría 74.000 votos, en lugar del casi medio millón actual. Los diputados del PSOE y el PP tendrían un coste muy similar al actual, 60.000 papeletas. La subida de IU en esta simulación teórica no supone, además, la salida del Parlamento de las formaciones más pequeñas, que mantienen su representación. Además, este modelo incorporaría nuevas siglas a la Cámara. Cuatro partidos ahora no representados tendrían un diputado con los votos que consiguieron en las últimas elecciones generales. Son Eusko Alkartasuna, la Chunta Aragonesista, Nueva Canarias y la coalición nacionalista balear Unitat per les Illes. Sin embargo, este modelo tiene pocas posibilidades de ser poco más que una formulación teórica.Una reforma de la Ley Electoral requiere ser aprobada por mayoría absoluta. A eso obliga la aritmética. La gobernabilidad política aconseja, además, el consenso de PSOE y PP. Sus reticencias, unidas a las reservas de las formaciones nacionalistas mayoritarias, CiU y PNV hacen bastante difícil que la propuesta sugerida por el Consejo acabe teniendo algún día una aplicación real.

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