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Tiempo de política con mayúsculas

Manifestación en Sevilla /Foto: CCOO Andalucía

Tras haber rebasado ya dos meses el estado de alarma, nos permite tener una perspectiva de lo sucedido en el transcurso de este tiempo y por tanto del impacto que ha provocado la crisis sanitaria en la población, sus consecuencias en la economía y el efecto que produce en la calidad de vida de las personas.

En estos meses hemos visto las fortalezas del sistema público de salud, en especial de sus trabajadoras y trabajadores, pero también sus debilidades, causadas por los recortes y la gestión de la crisis económica pasada.

El afán de algunas comunidades autónomas por la privatización, externalización y conciertos del sistema, así como la obsesión liberal de desprestigiar lo público para hacer negocio con la salud de las personas, no sólo ha deteriorado la sanidad pública sino que ha dejado al descubierto las fallas de los sistemas de protección a las personas dependientes. Tal y como hemos podido ver, en las residencias de mayores no han garantizado la atención médica que requerían las personas a las que atienden y el control público de la misma ha llegado tarde, cuando ya eran muchas las personas fallecidas en dichos centros y mucha la angustia vivida por sus familiares y el personal que trabaja en ellas.

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Trabajo invisible, trabajo indispensable: mujeres, la piedra angular en la crisis del COVID-19 #MujerIn

Cuídate, cuidaros, cuídalos y todas las derivadas de este concepto son probablemente las palabras más mencionadas en el último mes y medio, como mensaje de afecto, mensaje comercial, educativo, político y por supuesto de salud.

Y así de repente, la actividad más invisibilizada y una de las menos valoradas en términos salariales, pasa a ocupar la centralidad de todo: de nuestro día a día, de lo que es indispensable para poder seguir adelante. Cuidar a una persona enferma, la casa, la ropa, los niños son esas tareas que se han asignado al rol de mujer y que las madres o abuelas debían hacer con diligencia y para lo cual era vital que dedicaran toda su atención, por lo que no podían trabajar fuera del ámbito doméstico ni de los cuidados de forma retribuida. Sin embargo, no era considerada una labor importante, ni digna de ser valorada económicamente y que relegaba a la mujer a un segundo plano y a la dependencia económica de la pareja.

No obstante, las tareas de cuidados y reproducción social (aquellas que son necesarias para el correcto desarrollo, por ejemplo, del trabajo remunerado de la pareja fuera del hogar, el aprendizaje de los hijos e hijas, y el desarrollo de la vida en sociedad en general) siempre han sido esenciales y se han desempeñado como trabajo asignado a la esclavitud, y hoy en pleno siglo XXI, algunas ocupaciones del sector de cuidados se han alejado poco de esas condiciones penosas. Es el caso de muchas empleadas de hogar, sin convenio de referencia, despido libre, en condiciones salariales y laborales de semiesclavitud. Son más de 41.000 mujeres las que cotizan por este sistema en Andalucía y para las que venimos demandando desde hace años acabar con las injusticias que supone el ser consideradas trabajadoras de segunda, a pesar de que son agentes imprescindibles para la conciliación de la vida familiar y laboral de sus empleadores y empleadoras (pues la mayor parte de las veces, para que una mujer pueda desarrollar carrera laboral y/o profesional –pues la corresponsabilidad en lo privado sigue sin abrirse camino-, necesita subcontratar las tareas domésticas y de cuidados a otra persona, que por lo general es mujer, en lugar de un reparto más racional del trabajo doméstico entre los miembros de la pareja o familia), que en muchos casos no regularizan a las trabajadoras, por lo que unas cuantas de miles de personas se encuentran sometidas a la en economía irregular.

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1º de mayo, ahora y siempre

1 de mayo

Este 1º de Mayo es más importante, si cabe, en primer lugar por la crudeza con el que se presenta, con miles de personas fallecidas por una pandemia sin precedentes, y miles de familias destrozadas por la tristeza. Y en segundo lugar, porque son muchas las muchas incógnitas e incertidumbre laborales, sociales y económicas que viven las personas en estos momentos.

Seguramente se recordará porque las trabajadoras y los trabajadores no podremos recorrer las calles, no será un día de manifestaciones masivas, ni de pancartas llenas de reivindicaciones. Pero no será sólo una cuestión de formas, ya que seguro van a ser otros los instrumentos utilizados, otras las formas de comunicación y de expresión que tendremos a nuestro alcance; sino que fundamentalmente será una cuestión de fondo.

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Garantizar la salud, garantizar el empleo y reforzar los servicios públicos

Oficina de Empleo

Nuestro país se enfrenta a una enorme crisis sanitaria que está impactando en el conjunto de la sociedad española y que está afectando a todos los ámbitos de nuestra vida. Desde que el Gobierno de España llamara al confinamiento social y decretara el Estado de Alarma como medida de freno y limitador de propagación del Covid-19, la actividad económica, productiva y laboral de nuestro país se ha visto enormemente afectada.

En el contexto tan adverso en el que nos ha situado esta crisis sanitaria y, por extensión, social, laboral y económica, la prioridad para CCOO es garantizar la salud de las personas, asegurar el mantenimiento del empleo y proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras; especialmente, de aquellos grupos de población más vulnerables como son las personas con contrato temporal, fijos discontinuos, jóvenes o empleadas de hogar.

Las mujeres y hombres de CCOO, dentro y fuera de las empresas, están al pie del cañón haciendo un esfuerzo titánico, incluso arriesgando su salud y la de sus familias, para poder defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Andalucía.

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¡¡Subida y actualización de IPREM ya!!

Gráfica

Si hablamos del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en términos económicos, puede parecer que es un tema alejado de la realidad cotidiana de los andaluces y andaluzas, pero esa percepción seguro que cambia al saber que es el marcador del que depende la cuantía de nuestro subsidio por desempleo, o que en función de este se determina que podamos acceder a ayudas sociales y al importe de las mismas, la cuantía de la prestación por viudedad u orfandad, la de la renta agraria así como que podamos acceder a la justicia gratuita, a ayudas para la escolarización de nuestros hijos e hijas en la etapa de 0 a 3 años, a becas de estudio, o hasta para acceder a una vivienda protegida.

Pero el IPREM, que nació como indicador en julio de 2004 con la intención de sustituir al Salario Mínimo Interprofesional en lo concerniente a políticas presupuestarias, ha ido perdiendo gas y permanece congelado desde 2010 en 537,80 euros al mes, con una subida ínfima del 1% en 2017 para ser de nuevo congelado en 2018. Es decir, desde 2009 el IPREM acumula hasta ahora una pérdida, en términos reales, de 9,4 puntos porcentuales respecto a lo que tendría que haber subido, de manera que su cuantía es claramente insuficiente para dar respuesta a las necesidades actuales de las personas más desfavorecidas que son quienes, en la mayor parte de los supuestos, se ven en la necesidad de solicitar esas ayudas. Además de limitar y reducir la cuantía de las ayudas y prestaciones que estas personas reciben, la devaluación del IPREM tiene otra consecuencia negativa, y es que cada vez restringe el acceso a dichas ayudas a un mayor número de personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad para satisfacer sus necesidades básicas.

Es inadmisible mantener esta continuidad en la depreciación de este indicador, pues genera consecuencias negativas en la estructura de la protección social por desempleo, en el acceso a los diferentes servicios sociales y en diversas políticas públicas, tan importantes en comunidades autónomas como la andaluza, donde la tasa de desempleo, la temporalidad y la parcialidad en la contratación provocan una enorme inestabilidad laboral.

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CCOO Andalucía pone en marcha un servicio de asesoramiento al trabajo autónomo

Hombre, de 40 a 54 años, que cotiza la base mínima; dedicado al sector servicios, de nacionalidad española, sin personas asalariadas a su cargo, con dedicación a una única actividad y con más de cinco años de antigüedad en su negocio. Es el perfil del autónomo en Andalucía, según el estudio que ha hecho público Comisiones Obreras, que señala, como dato preocupante, que se ha vuelto a unos niveles de trabajo autónomo previos a la crisis.

Elisabeth García, la secretaria de Afiliación y Servicios del sindicato, pone sobre la mesa que el perfil de la persona autónoma en Andalucía se ha mantenido invariable desde 2007 pese al aumento de mujeres y personas jóvenes que han visto en el autoempleo la única salida al mundo laboral.

Todo ello se contempla en el informe elaborado por el Gabinete Técnico-Económico de CCOO, que constata, igualmente, que la mitad de los proyectos fracasan antes de los cinco años de vigencia y que la precarización en el mundo del autoempleo es una constante. De las ideas empresariales que no prosperan, mueren en un espacio entre los tres y los cinco años.

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'El valor de lo público', la campaña de CCOO-A para defender los servicios públicos y a sus personas trabajadoras

Imagen oficial de la campaña del sindicato.

Defender lo público por encima de cualquier ataque es el espíritu principal de la campaña ‘El valor de lo público’, que ha puesto en marcha Comisiones Obreras en Andalucía.

Esta campaña tiene un objetivo fundamental: conseguir una alianza que cohesione a la sociedad civil organizada de nuestra comunidad y a la ciudadanía en general entorno a la defensa de los servicios públicos como red de convivencia social que protege y cuide a la ciudadanía.

El sindicato quiere ser “el antídoto a los mensajes nocivos de la derecha” que buscan hacer calar que “es bueno bajar impuestos” porque en la práctica se rebaja solo a los que más tienen, y eso tiene consecuencias en la financiación y por tanto en el deterioro de los servicios públicos. CCOO sale en defensa de lo público "y del conjunto de trabajadores y trabajadoras que sostienen, con su esfuerzo y su compromiso diarios, unos servicios públicos cada vez más raquíticos", detalla la secretaria general, Nuria López.

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Andalucía ante un Brexit incierto

El ansiado proyecto europeo para construir una Europa Social se tambalea tras los duros años de crisis en los que los poderes económicos, con una falta absoluta de políticas sociales, han tomado las riendas en detrimento de los estamentos democráticos elegidos mediante sufragio por la ciudadanía europea. Resultado de la toma de decisiones en esos años nos encontramos con que las opciones políticas antieuropeístas han crecido como lo han hecho los euroescépticos y con que Reino Unido ha acordado en Referéndum salir de la Unión Europea.

Europa ahora aborda una negociación interminable con Reino Unido, que de nuevo se vuelve a encontrar en una prórroga, pero en CCOO estamos convencidos de que la solución no sólo debe venir de cómo se aborda la salida de un Estado miembro, sino de cómo se consolida un nuevo contrato social que dé soluciones desde el principio bajo el prisma de la solidaridad, garantizando igualdad y cohesión social, y evitando el crecimiento de los movimientos xenófobos e individualistas que generan odio y fanatismo.

El Brexit es, por tanto, el gran reto que debe afrontar la Unión Europea, y es necesario conocer en profundidad por qué se va y evitar que otros países miembros adopten el mismo camino.

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Renta mínima de inserción: que no se rompa la red

Imagen de una cola en los servicios sociales en Sevilla

La situación de pobreza y exclusión en nuestra tierra durante la crisis llegó a afectar  a más del 40% de la ciudadanía, con miles de hogares donde todos sus miembros estaban en paro. Hoy, con unos beneficios empresariales que en 2018 supusieron más de 38.000 millones de euros respecto a la etapa de crecimiento anterior, la situación para la clase trabajadora en Andalucía sigue siendo muy preocupante, auspiciada sobre todo por una precariedad laboral insoportable; bajos salarios, contratos de corta duración con una media inferior a tres meses y una contratación a tiempo parcial de más del 17%. Datos estos que evidencian la necesidad de aplicar en nuestra tierra políticas activas de empleo, de incrementar las actuaciones de la inspección de trabajo para combatir el fraude en la contratación, y de la puesta en marcha de un plan de empleo. En este contexto, los niveles de desempleo son insoportables y las familias andaluzas tienen que contar con una última red de protección y, la Renta Mínima de Inclusión Social, que introduce dos derechos irrenunciables para CCOO, la prestación económica y el plan de inclusión socio-laboral.

Esta Ley, fruto de la presión que ejercimos las organizaciones sociales ante una situación totalmente insostenible en Andalucía, nació con problemas de gestión y tramitación debido, por un lado, a la falta de previsión de la anterior Administración de la Junta que estableció su entrada en vigor sin tener en cuenta las exigencias que conllevaban estos derechos y sin considerar las necesidades de las administraciones para informar, tramitar y gestionar este nuevo modelo; y por otro, a los recortes sufridos en los Servicios Sociales Comunitarios y en los Servicios de Empleo, imprescindibles para que la Renta funcione con agilidad.

De hecho, y según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el número de hogares con todos sus miembros activos en paro alcanzaba los 273.400, el número de prestaciones económicas a 30 de junio era de 17.899, concedidas en un 65% a mujeres y en un 44,5% a unidades familiares unipersonales, si bien desconocemos la cuantía media de las prestaciones. En cuanto a los planes de inclusión social, elaborados por los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos que incluyen medidas en materia de servicios sociales, vivienda, educación o sanidad ajustadas a cada persona, la cifra bajaba a 7.206. El dato de planes de inserción laboral, elaborados por los servicios públicos de empleo y necesarios para la inserción laboral de las personas, es aún más preocupante pues sólo se han elaborado 334, cifra que no llega ni al 2% de las personas a las que se les ha aprobado la Renta. 

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La igualdad es el plan

El asesinato es la forma más cruenta de la violencia machista. Pese a la corriente de negacionismo que se extiende a lo largo y ancho de Andalucía, acompasada por quienes no dudan en tergiversar las cifras y la propia historia para fundamentar sus posiciones ideológicas, los datos son tozudos y el número de mujeres asesinadas a manos de la violencia machista es la evidencia más tangible de esa abominable realidad. Cierto es que desde hace más de una década se están implementando políticas y medidas dirigidas a acabar con ella, pero no es suficiente, porque hay que atajar este grave problema desde su raíz y abordar un cambio de mentalidad en nuestra sociedad.

Los avances alcanzados en la lucha contra la violencia de género han sido gracias al papel protagonista asumido por las mujeres, cuyos esfuerzos han contribuido a dar pasos hacia una sociedad más igualitaria y democrática. En este camino, hay que tener muy presente que las diversas formas de machismo dificultan la conquista de la plena igualdad y el fin de la violencia de género. Hablamos de educación diferenciada, con la segregación por sexo en las escuelas, algo a lo que CCOO se opone, y que no tiene sentido si aspiramos a que los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Y hablamos del mundo laboral, donde las mujeres andaluzas sufren una mayor precariedad, con un desempleo del 26,9% (frente al 19,8% de los hombres), mayores dificultades en el acceso al empleo en igualdad de condiciones (en 2019, acumulan ya 651053 contratos formalizados menos que los hombres), cobran hasta un 40% menos desempeñando el mismo trabajo y padecen una tasa de jornada a tiempo parcial involuntaria superior al 60%.

Así, constatamos que las trabajadoras carecen de oportunidades suficientes, una realidad agravada por las reformas laborales y los recortes en dependencia, que afectan especialmente a las mujeres puesto que son ellas en un gran porcentaje quienes se encargan del trabajo de cuidados, tanto dentro como fuera de la esfera familiar. La lucha contra la desigualdad de género necesita herramientas que enfrenten estas discriminaciones desde los diversos escenarios.

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