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El más por menos de las horas extra

Registro horario

376.500 horas extra semanales. Ese es el tiempo que los trabajadores y trabajadoras dedican en Andalucía a sus empleos más allá de su jornada laboral ordinaria. De ellas, el 32% no se las pagan, con el doble fraude que ello conlleva: de un lado, para la persona trabajadora que no cotiza ni percibe esas horas, con el consiguiente perjuicio para sus prestaciones futuras como desempleo o pensión de jubilación, dificultando la conciliación de su vida personal y laboral y el disfrute del necesario tiempo de descanso para proteger su salud; y de otro, para la Seguridad Social porque la empresa elude pagar por esas horas extraordinarias. A ello hay que añadirle un dato no menos importante y es que solo con esas horas se podrían crear a tiempo completo más de 9.400 puestos de trabajo en nuestra tierra a la semana.

Con el objetivo de revertir una situación que se ha vuelto una constante en el mundo laboral y con la demanda presentada hace cuatro años por CCOO contra Deutsche Bank por este tema como precedente, el Gobierno aprobó el  Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que obliga a las empresas a implantar un sistema de registro de jornada diaria de trabajo y que, recientemente, ha entrado en vigor.

Es importante reseñar que sólo unos días después de entrar en vigor dicho Real Decreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallaba favorablemente a la demanda presentada por CCOO, lo que evidencia que la presión sindical y la previsión de esa sentencia han puesto los mimbres para que el Gobierno haya actuado anticipándose al TJUE.

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Cien días perdidos para el mundo del trabajo

Moreno y Marín han celebrado los cien días de Gobierno

Cien días perdidos para el mundo del trabajo. Así se podrían resumir los cien días que el Gobierno de la Junta de Andalucía lleva en el Ejecutivo. A lo que habría que añadir, yendo al fondo, una clara intención de gobernar en favor de los que más tienen, encaminando a nuestra comunidad hacia un nuevo modelo económico y de prestación de servicios basados en la colaboración público-privada, la privatización y la externalización de servicios públicos.

En este tiempo, hemos visto cómo las medidas adoptadas en materia impositiva con la eliminación del impuesto de sucesiones y la modificación de los porcentajes del IRPF tienen como beneficiarias principales a las economías más ricas. Con la modificación de los tramos de IRPF, que baja tres puntos para las rentas superiores a los 120.000 euros y tan solo medio punto para la rentas más bajas. Si tenemos en cuenta que el salario medio en Andalucía ronda los 15.000 euros anuales queda claro a quién beneficia esa medida.

CCOO siempre aboga por articular una reforma fiscal justa, donde se garantice la progresividad y la proporcionalidad, y hablar de qué impuestos se rebajan y a quiénes. Cien días después nos seguimos preguntando qué pasa con las promesas del Presidente en el discurso de investidura, dónde están las medidas para mejorar la calidad del empleo y reducir la precariedad y las altas tasas de paro. A día de hoy, solo podemos decir que hay 21.000 empleos precarios más y que se ha reducido el porcentaje de contratación indefinida. Esos son los datos de un Gobierno que se caracteriza por la toma de decisiones de manera unilateral y al margen del diálogo social con los interlocutores legitimados para ello.

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