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La igualdad es el plan

El asesinato es la forma más cruenta de la violencia machista. Pese a la corriente de negacionismo que se extiende a lo largo y ancho de Andalucía, acompasada por quienes no dudan en tergiversar las cifras y la propia historia para fundamentar sus posiciones ideológicas, los datos son tozudos y el número de mujeres asesinadas a manos de la violencia machista es la evidencia más tangible de esa abominable realidad. Cierto es que desde hace más de una década se están implementando políticas y medidas dirigidas a acabar con ella, pero no es suficiente, porque hay que atajar este grave problema desde su raíz y abordar un cambio de mentalidad en nuestra sociedad.

Los avances alcanzados en la lucha contra la violencia de género han sido gracias al papel protagonista asumido por las mujeres, cuyos esfuerzos han contribuido a dar pasos hacia una sociedad más igualitaria y democrática. En este camino, hay que tener muy presente que las diversas formas de machismo dificultan la conquista de la plena igualdad y el fin de la violencia de género. Hablamos de educación diferenciada, con la segregación por sexo en las escuelas, algo a lo que CCOO se opone, y que no tiene sentido si aspiramos a que los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Y hablamos del mundo laboral, donde las mujeres andaluzas sufren una mayor precariedad, con un desempleo del 26,9% (frente al 19,8% de los hombres), mayores dificultades en el acceso al empleo en igualdad de condiciones (en 2019, acumulan ya 651053 contratos formalizados menos que los hombres), cobran hasta un 40% menos desempeñando el mismo trabajo y padecen una tasa de jornada a tiempo parcial involuntaria superior al 60%.

Así, constatamos que las trabajadoras carecen de oportunidades suficientes, una realidad agravada por las reformas laborales y los recortes en dependencia, que afectan especialmente a las mujeres puesto que son ellas en un gran porcentaje quienes se encargan del trabajo de cuidados, tanto dentro como fuera de la esfera familiar. La lucha contra la desigualdad de género necesita herramientas que enfrenten estas discriminaciones desde los diversos escenarios.

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Jornada mundial por el trabajo decente: por un empleo de calidad y con derechos en andalucía

El crecimiento poblacional, el envejecimiento de la sociedad, la brecha de género, la precariedad laboral impuesta por las empresas y los recortes de los servicios públicos son algunos de los problemas comunes a nivel mundial que han creado una difícil situación que exige medidas urgentes para avanzar en una sociedad más equilibrada y con parámetros de justicia social más amplios. En este sentido, el próximo 7 de Octubre se celebra el Día Mundial por el Trabajo Decente, que una vez más será una jornada de movilización en el que sindicatos de todo el mundo se manifestarán reclamando trabajo decente.

Sin duda, esta reclamación en Andalucía cobra especial relevancia ya que el mapa de España dibuja una brecha económica abismal entre el norte y el sur del país. Porque no sólo la Tasa de Paro o la Renta per Cápita marcan notables diferencias entre Andalucía y el resto de España (no hablemos ya con respecto a la media europea), sino que, además, otros indicadores muestran cómo el nivel de deterioro de las condiciones de trabajo hacen más necesario que nunca alzar la voz colectiva de las personas trabajadoras por un Trabajo Decente en nuestra Comunidad.

Podemos afirmar, a tenor de los datos, que la recuperación de la economía que en los últimos tiempos estamos cono­ciendo, ha sido aprovecha­da por el Gobierno y las organizaciones em­presariales para difundir un crecimiento económico y de empleo, ocultando delibera­damente su naturaleza de escasa calidad, míni­ma remuneración e inútil para que la mayoría de la población trabajadora mejore significativamente sus condiciones de vida. La realidad es que la calidad del empleo que se genera en Andalucía sigue deteriorándose, a pesar de la evidente mejora económica de las empresas que actúan en nuestra tierra.

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27S, en defensa de un planeta vivo y un mundo justo

La crisis climática no permite más dilación. Hay que actuar con una respuesta urgente, común y unitaria y aquí radica el verdadero cambio necesario. Urgente porque el diagnóstico de la comunidad científica acerca del calentamiento global es ya unánime e irreprochable, además de advertida desde hace años, ya que, si no se ponen en marcha medidas eficaces de mitigación y adaptación en todo el mundo, los diversos informes aseguran que la producción agrícola mundial bajará un 30% mientras la demanda de alimentos básicos crecerá un 50% para el 2050. Además, los problemas serán más graves ya que habrá 1.400 millones más de personas afectadas por la falta de agua.

Estos efectos serán más intensos en la región mediterránea y en concreto en nuestra comunidad, al ser una de las más afectadas por los desplazamientos de población y efectos en la salud de las personas, por la pérdida de biodiversidad y empobrecimiento y aumento de las desigualdades en cualquiera de sus expresiones; en definitiva, unas consecuencias catastróficas para las generaciones presentes y futuras.

Igualmente la respuesta debe ser común y unitaria porque el modelo de producción y consumo actual sigue poniendo en riesgo nuestra supervivencia y, en especial, la de las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo. Y en esto deben actuar todas las partes implicadas: ciudadanía, empresas y gobiernos.

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Un balance que debe cambiar

Ahora hace un año que se firmó el IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, un acuerdo clave para la economía de lo macro –España y Andalucía- y de lo micro –empresas, personas trabajadoras y ciudadanía-, y por tanto es buen momento para hacer un balance inicial del impacto y sobre todo del recorrido futuro de este acuerdo en nuestra comunidad.

Con su firma, los objetivos eran claros: impulsar la negociación y actualización de los convenios colectivos, promover un reparto más justo de los beneficios generados por las empresas que en 2018 fueron 38.000 millones de euros más que en el mejor momento de la etapa de crecimiento anterior, impulsar la igualdad desde las empresas, fortalecer el convenio sectorial e impulsar la creación y calidad del empleo gravemente dañada por las últimas reformas laborales. No cabe duda de que en España algunos de estos retos se han cumplido, sin embargo en Andalucía la valoración es agridulce.

En nuestra comunidad, el ritmo de la negociación colectiva se ha dinamizado, desbloqueándose convenios y mejorándose clausulados que llevaban años sin actualizarse, se ha mantenido el convenio sectorial como la referencia para el establecimiento de las condiciones laborales y se ha avanzado, aunque de manera insuficiente, en igualdad. A pesar de todo, parece que al empresariado andaluz le cuesta eso de repartir pues el incremento salarial pactado hasta junio en Andalucía es de 1,69%, por debajo de la media estatal (2,2%) y de la horquilla marcada en el AENC (2-3%).

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Promesas rotas, juventud con futuro

Se han quedado en la estacada. La juventud andaluza se ha quedado en el limbo del sistema. Se les prometió que si se formaban, tendrían empleo de calidad. Se les prometió que vivirían mejor que la generación de sus padres. Se les prometió que, esforzándose, algún día llegarían a dirigir sus vidas en un contexto de prosperidad.

Los avances en democracia y la lógica del Estado Social que se iba fraguando, y bajo la que nacieron, han permitido que se rompieran muchas barreras, sobre todo, de clase. Así, por primera vez las hijas e hijos de familias trabajadoras accedieron a estudios superiores gracias a un sistema público educativo y becas. Un esfuerzo colectivo que junto al individual del esfuerzo –y familiar- debería marcar su futuro. Eso, les prometieron, les abriría las puertas de las empresas, de ilusionantes proyectos… Nada más igualitario que eso.

Nuestra juventud, la mejor formada de todos los tiempos, cumplió su parte del trato. Ahora el sistema los ha dejado en la estacada. La crisis y las políticas con la que se ha gestionado la misma los ha dejado en la estacada. Y a ningún Gobierno parece importarle retomar las promesas para incorporarlos a una ciudadanía plena. Tanto es así, que a la juventud se le está dando gato por liebre y sólo les está dejando dos cartas para jugar la partida de su futuro: paro o precariedad. Porque tener un trabajo digno, con derechos y seguro sigue siendo clave para poder emprender un proyecto de vida.

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Presupuestos andaluces, un caballo de Troya

CCOO-A ve los Presupuestos de la Junta como "un caballo de Troya" que sitúan a Andalucía "en un regreso al pasado"

Ya se han cumplido los 100 primeros días del Gobierno del cambio y, por desgracia, han sido 100 días perdidos para el mundo del trabajo. Pasado el umbral del 26 de mayo y el periodo de gracia del Gobierno, llegan los presupuestos para 2019. Unas cuentas que ni son sociales ni son creíbles. Y que además llegan tarde y mal.

Los tres partidos que sustentan el Gobierno de Andalucía han dado luz verde a unos presupuestos que son puro atrezzo: mucha literatura, medidas aparentemente sociales y expansivas pero que parecen enmascarar una intención privatizadora de los servicios públicos. Y es que las cuentas no cuadran, porque se prevé crecimiento pero los ingresos para financiar los servicios públicos proceden de la venta de inmuebles (una medida que debería ser extraordinaria). Y encima, la fuente de financiación más segura y estructural que deberían ser los impuestos, se ve desdibujada: estas cuentas vaticinan una reducción de la presión fiscal a quienes más tienen, eliminando el impuesto de sucesiones y donaciones, rebajando el IRPF a las rentas más altas. En definitiva, menoscabar las arcas públicas en detrimento de la clase trabajadora. Andalucía necesita una reforma fiscal, pero en la línea opuesta a la puesta en marcha por este Gobierno.

Este Gobierno de las tres derechas llegó anunciando "empleo, empleo y empleo"; y lo que encontramos es que por medio de los presupuestos se abandona la lucha contra dos de los mayores dramas que sufre Andalucía: el paro y la precariedad. Si se recortan 190 millones de euros en políticas activas de empleo: ¿dónde queda el cambio?

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El más por menos de las horas extra

Registro horario

376.500 horas extra semanales. Ese es el tiempo que los trabajadores y trabajadoras dedican en Andalucía a sus empleos más allá de su jornada laboral ordinaria. De ellas, el 32% no se las pagan, con el doble fraude que ello conlleva: de un lado, para la persona trabajadora que no cotiza ni percibe esas horas, con el consiguiente perjuicio para sus prestaciones futuras como desempleo o pensión de jubilación, dificultando la conciliación de su vida personal y laboral y el disfrute del necesario tiempo de descanso para proteger su salud; y de otro, para la Seguridad Social porque la empresa elude pagar por esas horas extraordinarias. A ello hay que añadirle un dato no menos importante y es que solo con esas horas se podrían crear a tiempo completo más de 9.400 puestos de trabajo en nuestra tierra a la semana.

Con el objetivo de revertir una situación que se ha vuelto una constante en el mundo laboral y con la demanda presentada hace cuatro años por CCOO contra Deutsche Bank por este tema como precedente, el Gobierno aprobó el  Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que obliga a las empresas a implantar un sistema de registro de jornada diaria de trabajo y que, recientemente, ha entrado en vigor.

Es importante reseñar que sólo unos días después de entrar en vigor dicho Real Decreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallaba favorablemente a la demanda presentada por CCOO, lo que evidencia que la presión sindical y la previsión de esa sentencia han puesto los mimbres para que el Gobierno haya actuado anticipándose al TJUE.

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Cien días perdidos para el mundo del trabajo

Moreno y Marín han celebrado los cien días de Gobierno

Cien días perdidos para el mundo del trabajo. Así se podrían resumir los cien días que el Gobierno de la Junta de Andalucía lleva en el Ejecutivo. A lo que habría que añadir, yendo al fondo, una clara intención de gobernar en favor de los que más tienen, encaminando a nuestra comunidad hacia un nuevo modelo económico y de prestación de servicios basados en la colaboración público-privada, la privatización y la externalización de servicios públicos.

En este tiempo, hemos visto cómo las medidas adoptadas en materia impositiva con la eliminación del impuesto de sucesiones y la modificación de los porcentajes del IRPF tienen como beneficiarias principales a las economías más ricas. Con la modificación de los tramos de IRPF, que baja tres puntos para las rentas superiores a los 120.000 euros y tan solo medio punto para la rentas más bajas. Si tenemos en cuenta que el salario medio en Andalucía ronda los 15.000 euros anuales queda claro a quién beneficia esa medida.

CCOO siempre aboga por articular una reforma fiscal justa, donde se garantice la progresividad y la proporcionalidad, y hablar de qué impuestos se rebajan y a quiénes. Cien días después nos seguimos preguntando qué pasa con las promesas del Presidente en el discurso de investidura, dónde están las medidas para mejorar la calidad del empleo y reducir la precariedad y las altas tasas de paro. A día de hoy, solo podemos decir que hay 21.000 empleos precarios más y que se ha reducido el porcentaje de contratación indefinida. Esos son los datos de un Gobierno que se caracteriza por la toma de decisiones de manera unilateral y al margen del diálogo social con los interlocutores legitimados para ello.

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