Virus, también en la enseñanza pública

Las políticas mal llamadas liberales, que siempre son las políticas del beneficio y del poder, siempre van precedidas de un azuzamiento del miedo, la indignación, los errores y las lagunas de la democracia, la dejadez y el desencanto para conseguir sus objetivos.

Una de esas maniobras consiste en introducir en la sociedad, en el imaginario colectivo, un virus que entra sin dolor, que incluso se camufla como remedio, pero que, una vez extendido, es letal.

Para ello han utilizado el sistema más sencillo, pero que siempre funciona cuando la gente lo está pasando mal o cuando quienes tienen el poder económico ven peligrar su negocio: han creado un relato, pretendidamente rebelde, maniqueo y fácil de comprar, pero falso en sus principios fundamentales.

Ese virus es un desestabilizador del tejido social y ataca a la igualdad de oportunidades. Busca ocultar sus verdaderas intenciones para con ello impedir que la ciudadanía coopere y se organice.

Buscan hacernos creer que las ideologías ya no son necesarias, cuando están imponiendo la suya. Que los servicios públicos pueden externalizarse en empresas privadas porque los optimizan, siempre a costa de las personas trabajadoras

Buscan hacernos creer que las ideologías ya no son necesarias, cuando están imponiendo la suya. Que los servicios públicos pueden externalizarse en empresas privadas porque los optimizan, siempre a costa de las personas trabajadoras. O que desde tu teléfono móvil puedes hacer todo lo que quieras, cuando lo que consiguen es que tú hagas lo que las plataformas y aplicaciones quieren.

Todo eso ya está ocurriendo con la educación en Andalucía. Educación pública que, mal le pese a algunos, en un país democrático tiene que ser gratuita, laica, de calidad y gestionada directamente por la administración. En esta educación también, como no puede ser de otra manera, llevan tiempo inoculando pequeñas dosis de ese virus que la está debilitando poco a poco.

El plan del actual Gobierno andaluz es sutil. Es una escalada progresiva de políticas neoliberales que buscan desideologizar para imponer su ideario. Están suprimiendo unidades en la escuela pública, cuando se podría aprovechar la bajada de la natalidad para reducir las ratios, como están haciendo otras comunidades autónomas. Están destruyendo puestos de trabajo del personal laboral, esenciales en el día a día de colegios, institutos, equipos de orientación, y residencias escolares. Están ahogando a las universidades públicas por medio de fuertes recortes de la financiación, a la vez que se autoriza la creación de universidades privadas. Están manteniendo una completa inacción ante el altísimo porcentaje de estudiantes que se quedan sin plaza o no pueden estudiar los ciclos medios y superiores de formación profesional que quieren.

Obviamente, el resultado de estas políticas es nefasto para las personas trabajadoras. Por un lado, porque se produce una devaluación metódica del sistema educativo público, que redunda en un perjuicio de la calidad educativa, incrementando las desigualdades sociales, máxime cuando en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la enseñanza pública las condiciones socioeconómicas de los empleos privatizados son peores que las de los empleos públicos.

Precisamos un cambio estructural en la educación pública que aumente y estabilice las plantillas; que reduzca la ratio; que invierta más recursos para atender al cada vez más numeroso alumnado con necesidades educativas especiales

Por otro, la improvisación y la falta de criterio de la Consejería de Educación, que le ha llevado a tomar decisiones erráticas en el anterior curso, olvidándose de miles de trabajadores por los que no se ha hecho nada, algunos incluso en situación precaria a pesar de estar trabajando en la enseñanza pública. O con un principio de curso 2022/23 donde dicha Consejería no ha desarrollado el currículo educativo lo que supone que el profesorado no sabe qué es lo que tienen que enseñar, cómo evaluarlo, ni en qué libros apoyarse.

En definitiva, precisamos un cambio estructural en la educación pública que aumente y estabilice las plantillas; que reduzca la ratio; que invierta más recursos para atender al cada vez más numeroso alumnado con necesidades educativas especiales; con una mejor atención al alumnado con menos burocracia para que el profesorado puedan dedicar más tiempo a la práctica educativa y menos a rellenar documentos; o para que la formación sea una realidad y una oportunidad de desarrollo para los docentes, entre muchas otras necesidades.

Pero no olviden, el mejor antídoto testado desde siempre para combatir ese virus es el sindicalismo de clase, las Comisiones Obreras (CCOO). No se dejen engañar.