Por una Política Comercial con cara de mujer

Ha sido un orgullo ver a más de 5 millones y medio de personas manifestarse en todos los puntos de España el pasado 8 de marzo y llenar las portadas de la prensa internacional, por la gran movilización y el seguimiento conseguido en una huelga más que justificada. España ha sido referente, una vez más, por su profundo sentido de la justicia, la igualdad y la solidaridad.

Mujeres y hombres que reclaman políticas y voluntad para alcanzar la igualdad real. Pero ninguna política aislada puede cambiar que la pobreza y la vulnerabilidad tengan rostro de mujer y, mientras tanto, los datos confirman la tendencia creciente a la “feminización de la pobreza”. De hecho, se calcula que a día de hoy serían necesarios 52 años para alcanzar la paridad.

Las mujeres somos la mitad de la población pero representamos más del 70% de los mil millones de personas más pobres del mundo. Si nos fijamos en el sector agrícola, las mujeres representan el 43% de la fuerza de trabajo, pero sólo poseen el 1% de la propiedad de la tierra.

En términos generales, la tasa de ocupación de la población mundial asciende a un 72% para los hombres, mientras que para las mujeres se reduce a un 47%, que sólo ganan entre el 60 y el 75% del salario masculino.

Cuando ponemos el foco sobre los trabajos no remunerados y la economía informal, son ellas las que se ocupan mayoritariamente de ellos: más del 80% en Asia Meridional, del 74% en África subsahariana y del 54% en América Latina y Caribe.

Se necesitan leyes, medidas, acciones... que reviertan esta situación, porque ninguna política es neutral respecto al género y, desde luego, la comercial tampoco. El reto es mayúsculo, porque los desiguales roles económicos y sociales, el diferente acceso y control sobre los recursos, el crédito, la tierra y la tecnología, así como las desigualdades en la distribución del ingreso, hacen que las mujeres se enfrenten a mayores desafíos que los hombres, también cuando se trata de aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio.

La UE debe liderar una nueva política comercial más inclusiva que incorpore la perspectiva de género en todos los acuerdos comerciales. Una política comercial con cara de mujer, porque acabar con la brecha de género no es sólo una cuestión de justicia y derechos, es también una cuestión de eficiencia económica, porque permitiría aumentar el PIB mundial hasta en 10 billones de euros al año.

Un paso en esta dirección, pero aún insuficiente, ha sido la inclusión, por primera vez, de un capítulo de género en la modernización del Acuerdo UE-Chile, ampliamente demandado por los socialdemócratas. 

En este sentido, tiene gran importancia el informe “La Igualdad de Género en los Acuerdos Comerciales de la UE”, que hemos aprobado por una amplísima mayoría esta semana en el Pleno de Estrasburgo, y en el que los socialistas proponemos medidas como la inclusión de un capítulo de género en todos los acuerdos comerciales con medidas específicas en función de la situación de cada país, así como la realización de análisis de impacto.

Del mismo modo, se incluyen capítulos de desarrollo sostenible ambiciosos, con medidas obligatorias, efectivas y ejecutables en materia de derechos humanos y estándares laborales y medioambientales, con especial atención a los derechos y libertades de las mujeres.

Un aspecto en el que también hemos incidido es en la participación de personas expertas en igualdad de género en todas las fases de las negociaciones de los acuerdos comerciales.

Tenemos que garantizar que las mujeres aprovechen los beneficios que aportan los acuerdos comerciales, para lo cual exigimos compromisos firmes para que los gobiernos regulen y apliquen políticas activas que mejoren su acceso a la propiedad de los recursos, a los créditos, a la información, a la capacitación y formación y a favorecer la internacionalización de las PYMES.

El informe aprobado recoge también la necesidad de impulsar la ratificación por parte de los Estados miembros de los Convenios de la OIT referentes a la Conciliación de la Vida Laboral y las Responsabilidades Familiares (ratificada por España) y del Trabajo Doméstico (no ratificada).

Asimismo, hemos solicitado al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que vele para que las empresas que participen en proyectos cofinanciados por él respeten los principios de igualdad de remuneración, transparencia salarial e igualdad de género.

Las y los dirigentes políticos tenemos la obligación de velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y por la igualdad de oportunidades a todos los niveles de decisión. Hombres y mujeres, el sector público y el privado, todas y todos los actores implicados en el comercio internacional tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad e implicarnos en acabar con la desigualdad de género y con las restricciones existentes para conseguir el empoderamiento de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres.