Con la inflación disparada, arañándose hasta el último céntimo en las negociaciones de los salarios o en los contratos de las inversiones de las Administraciones públicas, las Haciendas vascas tienen un agujero por el que se perdieron el año pasado 844 millones de euros. Una cantidad, que para hacerse una idea de lo que supone, es 100 millones más alta que el presupuesto que el Gobierno vasco destina a la Ertzaintza para todo el año. Un total de 240 grandes morosos acumulan estas deudas, que en todos los casos supera el millón de euros, el límite fijado este año para hacer públicos los datos. Pese a lo elevado de la cantidad, es ligeramente inferior a la del año 2020, cuando ascendió a 850,1 millones. En 2021, por cierto, las Haciendas forales afloraron un fraude fiscal por importe de 572 millones de euros, alrededor de un 4% del importe total recaudado ese año por tributos concertados de gestión propia, según el Informe anual elaborado por la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal de Euskadi que se ha remitido este jueves al Parlamento.
Por territorios, en Bizkaia hay 158 grandes deudores, uno menos que el año pasado, pero la cantidad no abonada se ha incrementado en 21,1 millones, al pasar de 454,3 a 475,4. En Gipuzkoa los morosos son 43 (dos menos que el año pasado) y su deuda se reduce a los 239,9 millones, es decir 24,1 millones menos que el año anterior. En Álava los grandes deudores son 37 (1 menos) y su deuda es de 129,2 millones (2,9 menos). El año que viene el listado se incrementará en número, ya que la intención de las haciendas es rebajar el límite para que se haga pública la deuda de un millón a 600.000 euros.
El problema es que, a parte del escarnio público que puede suponer que una empresa, o el nombre y apellido de un moroso en el caso de las personas físicas, la solución a esta deuda parece tener difícil solución y son muchos los nombres de empresas que se repiten cada año en los tres territorios y que en muchos casos se corresponden con compañías quebradas o liquidadas. Por ejemplo, en Bizkaia, encabeza de nuevo el listado de las deudas la promotora inmobiliaria Iurbenor, la empresa que fue de Jabyer Fernandez, ya desaparecida, que debe a la Hacienda vizcaína un total de 52,97 millones. Otras dos empresas de este empresario, que todavía mantiene abiertos litigios con la Diputación por el fallido proyecto de casas modulares, figuran también en el listado: el Grupo Afer, que debe 4 millones de euros y Fonorte, que adeuda 3,5 millones.
El segundo lugar lo ocupa la petrolera catalana GM Fuel Tank, también en liquidación, con 37,47 millones, 17 millones más de lo que debía hace un año, la tercera es la promotora española Moldis Echarro, con 20,4 millones. Industrias Domésticas sigue en el cuarto lugar de grandes deudores en Bizkaia con 18,26 millones y la promotora Abaroa mantiene el quinto (17,6 millones). Ballonti Oil (10,15 millones) y la inmobiliaria Baensa (11,9) completan la lista de quienes deben más de 10 millones al fisco vizcaíno.
La constructora Lagilur, SL encabeza el listado de 43 morosos en Gipuzkoa, que acumula 80,2 millones, seguida de los hermanos José Ramón y Juan Miguel Osinalde Echaniz, con sendas deudas de 46,5 millones. LH Commodities & Investments, con los mismos 22,9 millones del pasado ejercicio, ocupa el cuarto lugar, mientras que Tecfrindus figura en el quinto puesto con 6,2 millones. Fagor Electrodomésticos, que estaba el año pasado en el quinto lugar reducido su deuda en 2,7 millones, de 8,1 a 5,4. A esta sociedad cooperativa le sigue de cerca Ramón Vizcaíno Refrigeración, con 5,3 millones de euros, y Lumen Pacis, con 5,2. Respecto a la anterior lista, publicada en junio del pasado año, entran 4 nuevos contribuyentes que suman una deuda de 7,2 millones, mientras que salen 6 que adeudaban 13,2 millones.
En el caso de Álava, se incluye a 37 personas físicas y entidades jurídicas con un débito total de 129 millones de euros. El listado alavés lo encabeza la sociedad Goya Sesenta y Nueve, que debe algo más de 18 millones; seguida de Eguren Vitoria, con 11,5 millones; Urco & Urbasa UTE adeuda 11,3 millones; Ros Casares Centro del Acero, 11,1 millones; Grupo Itcarcris, 8,7 millones; González Sánchez Macario, 5,3 millones; Lendiz 1.100, con 5,1 millones; Corporación Ros Casares, con 4,7 millones; Fralcer SL Unipersonal, con 4,5 millones; y Construcciones A Santander e Hijos, con 3,8 millones. El resto suman deudas que oscilan entre los 2,9 millones de Alur Mecanizados Especiales o el millón de euros que deben tanto Nagose Hoteles, como Celaya Emparanza y Galdós Internacional y BM & Alessio Investments.
572 millones aflorados de fraude fiscal
El Informe anual elaborado por la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal de Euskadi que se ha remitido este jueves al Parlamento Vasco cuantifica en 572 millones de euros, alrededor de un 4% del importe total recaudado por las Haciendas Forales ese año por tributos concertados de gestión propia la cantidad detectada dentro del plan contra el fraude fiscal.
El informe pone de manifiesto la importancia de los procesos de registros obtenidos por las Haciendas Forales a partir de las distintas fuentes de información habilitadas, lo que facilita la detección de incongruencias de los datos declarados por las personas contribuyentes y la realización de una buena selección de las actuaciones de regularización y cobro. Por su parte, las acciones preventivas se califican en el Informe como esenciales dentro del plan de lucha contra el fraude, porque su correcta implantación permite evitar la realización de actuaciones fraudulentas. En el Informe de resultados de la lucha contra el fraude en 2021 se destacan los dos principales proyectos de programación plurianual incluidos en esta área: el proyecto de educación tributaria que trata de llevar a las aulas de los centros educativos de Euskadi una concienciación temprana sobre los efectos del fraude y el proyecto TicketBAI que, apoyado en la aplicación de tecnología más avanzada, permitirá un mejor control de la facturación de quienes realizan actividades económicas.
Por último, en el área de regularización y cobro, el Informe recoge numerosos datos de las actuaciones encaminadas a la comprobación, investigación o verificación y, en su caso, regularización de la situación fiscal de las personas obligadas tributarias, así como de aquellas actuaciones desarrolladas para obtener el pago de la deuda.