La crisis del agua exige una transición global y justa

El Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH), una de las 13 instituciones que conforman la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), el brazo académico de la ONU, conocido como 'El Think Tank de la ONU sobre el Agua', UNU-INWEH (en sus siglas en inglés), acaba de publicar un informe “Quiebra global del agua: Viviendo más allá de nuestros recursos hídricos en la era poscrisis”.

Este informe declara que el mundo ya ha entrado en la era de la bancarrota global del agua. La condición no es una amenaza lejana, sino una realidad presente. Muchos sistemas humanos de agua se encuentran ahora en un estado de fallo post-crisis, donde las líneas base anteriores ya no pueden restaurarse.

La bancarrota global del agua se define como un estado persistente de fallo tras una crisis. En este estado, el uso prolongado del agua y la contaminación han superado los flujos renovables y los límites de agotamiento seguros. Partes clave del sistema hídrico ya no pueden volver de forma realista a los niveles anteriores de suministro y función del ecosistema.

Términos como estrés hídrico y crisis hídrica ya no son suficientes para describir las nuevas realidades hídricas del mundo. Muchos ríos, lagos, acuíferos, humedales y glaciares han sido empujados más allá de los puntos de inflexión y no pueden volver a superar las líneas base. El lenguaje de crisis temporal ya no es preciso en muchas regiones.

El ciclo global del agua ha superado su límite planetario seguro. Junto con el clima, la biodiversidad y los sistemas terrestres, el agua dulce ha sido empujada fuera de su espacio operativo seguro. El informe concluye que el mundo vive más allá de sus medios hidrológicos.

Miles de millones de personas viven con inseguridad hídrica crónica. Alrededor de 2.200 millones de personas siguen careciendo de agua potable gestionada de forma segura, 3.500 millones carecen de saneamiento gestionado de forma segura y casi 4.000 millones enfrentan una grave escasez de agua durante al menos un mes cada año. Casi tres cuartas partes de la población mundial vive en países clasificados como inseguros por el agua o críticamente inseguros por el agua.

La bancarrota global del agua también es un desafío de justicia, seguridad y economía política. Sin un compromiso deliberado con la equidad, los costes del ajuste recaerán de forma desproporcionada en los agricultores, las comunidades rurales, los pueblos indígenas, los residentes urbanos informales, las mujeres, los jóvenes y otros grupos vulnerables. Este desequilibrio aumenta el riesgo de disturbios sociales y conflictos en muchas regiones.

Los gobiernos deben pasar urgentemente de la gestión de crisis a la gestión de bancarrotas. El informe pide el fin del pensamiento de emergencia a corto plazo. En cambio, insta a estrategias que eviten daños irreversibles adicionales, reduzcan y reasignen la demanda, transformen sectores intensivos en agua, aborden las retiradas ilegales y la contaminación, y aseguren transiciones justas para las personas cuyos medios de vida deben cambiar.

Como señala Marta Santafé, consultora especialista en agua y medio ambiente en Fundación The Social Water, publicado en la revista Stakeholders, medio referente en sostenibilidad en el Perú y muy sensible al tema del agua, “durante décadas, la aproximación dominante a la gestión del agua se ha centrado en la ingeniería y la oferta, buscando siempre el modo de obtener más agua para satisfacer una demanda que se asumía como ilimitada. Al enfocarse principalmente en las grandes soluciones tecnológicas -como presas y trasvases-, se ignoraron otras dos dimensiones cruciales para la sostenibilidad: la salud ecológica de los ecosistemas y la justicia social.

El resultado de este enfoque sesgado ha conducido a una triple amenaza de alcance planetario. Por un lado, la acción del cambio climático está alterando de forma impredecible los ciclos naturales del agua. Por otro, la sobreexplotación está vaciando acuíferos milenarios. Y, quizá lo más grave, vivimos una profunda crisis de equidad y justicia que golpea a los más vulnerables“.

En esta situación, surge la transición hídrica justa, un cambio urgente en la planificación y gestión del agua hacia un modelo sostenible y justo para enfrentar la crisis del agua, reemplazando la explotación ilimitada por una economía circular y un nuevo contrato social basado en la sostenibilidad.

Esa transición también se debe llevar a cabo en Euskadi. Siempre se ha considerado que en nuestra comunidad tenemos suficiente agua y todavía esa mentalidad perdura en no pocas mentes. Sin embargo, una constatación real que se plasma en numerosos estudios científicos es que habrá cada vez menos debido al cambio climático. Y aquí la pregunta que hay que hacer es si queremos cambiar la forma de gestionar el agua. ¿Vamos a dejar que el mercado sea el que decida quién va a tener agua como se hace ya en algunas comunidades, o queremos la adaptación al cambio climático desde la consideración de un bien de interés público, con criterios ambientales y de equidad social?

En mi opinión lo que hay que hacer es empujar con mucha celeridad una transición hídrica justa con el objetivo de adaptarnos a la crisis climática, y donde se garantice el abastecimiento humano y se recupere el buen estado de nuestros ríos, acuíferos, zonas húmedas, estuarios y zonas costeras.

La transición hídrica también tener en cuenta más cuestiones como continuar con la reducción del uso del agua en el abastecimiento humano. Y, en esta materia sí que se están haciendo los deberes aquí, ya que nuestra comunidad tiene el consumo de agua más bajo por habitante y día de todo el Estado español, con 97 litros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Cuestión que no ocurre con la agricultura, aunque es el caso más bien de Navarra, donde en torno al 80% de los usos consultivos del agua se destina a regadío.

En la hoja de ruta para dicha transición hídrica justa hemos de incluir además las soluciones basadas en la naturaleza (SbN), que se refieren a un conjunto de acciones o políticas que aprovechan el poder de la naturaleza para abordar algunos de nuestros desafíos sociales más urgentes, como la amenaza de la disponibilidad del agua, el creciente riesgo de desastres o el cambio climático, y una gobernanza real del agua. Esta gobernanza pasa por una participación activa y real de todos los sectores sociales y ciudadanos; por una coordinación muy estrecha entre administraciones a todos los niveles; y, por una gestión adaptativa que se vaya ajustando a los cambios que impone el cambio climático.

La actual agenda global del agua ya no es adecuada para el Antropoceno. Un enfoque limitado en el agua potable, el saneamiento y pequeñas mejoras en eficiencia no será suficiente para resolver los crecientes riesgos relacionados con el agua. De hecho, ese enfoque limitado comprometerá cada vez más el progreso en la acción climática, la protección de la biodiversidad, la gestión de la tierra, la seguridad alimentaria y la paz.