Gestionar una crisis sanitaria tan imprevisible como la provocada por la COVID-19 resulta difícil para cualquier gobierno. Las medidas aplicadas desde que el 14 de marzo se decretó el estado de alarma, que desembocó en el confinamiento de la población, se han asumido con rigor. Las dudas surgen en la fase posterior, cuando las decisiones tienen un carácter más político que sanitario. Es el caso de los confusos criterios manejados para facilitar la salida a la calle de los grupos sociales de menor y de mayor edad. A falta de evidencias científicas contrastadas, se utilizan argumentos políticos discutibles, de modo que el Gobierno pueda curarse en salud.
Cuando la situación era más crítica, con las UCI saturadas, surgió el debate sobre el criterio de la edad para salvar vidas. Está visto que este no es un país para viejos, pues un dilema similar se ha vuelto a plantear en relación al orden de salida del confinamiento. El 17 de abril numerosos titulares de prensa apuntaban en esa dirección: 'Sanidad admite que confinar a los mayores hasta verano está sobre la mesa'. Aunque no faltaban motivos para suponer que ese proyecto no podía prosperar, se llegó a plantear, pese a constituir un intolerable intento de discriminación, basado en un inadmisible comportamiento paternalista.
Siendo una tentativa condenada al fracaso, lleva a pensar en qué realidad se basa el Gobierno y en cómo se asesora para conocer la situación social del momento. Disponía de suficientes indicadores para saber que no podía prolongar el aislamiento de los mayores, destacando la oposición de las asociaciones de pensionistas, la opinión contraria de profesionales de geriatría y también las experiencias de otros países.
El 20 de abril el Colectivo de Pensionistas Ados.Consenso de Bizkaia declara en nota de prensa: “La edad tardía no es una enfermedad que cause la muerte. Forma parte del ciclo de la vida y existe una diferencia significativa entre edad cronológica y biológica. Los equipos médicos que atienden las UCI lo saben y actúan en consecuencia. No podemos admitir ni acatar ninguna de las múltiples formas de discriminación que se aplican en función de la edad. No es una medida de protección, es un comportamiento paternalista que vulnera derechos. Entenderíamos que si se aplica alguna prohibición haya personas que la incumplan por considerarla ilegítima”.
El 22 de abril la Fundación Pilares para la Autonomía Personal insiste: “… en que el ejercicio de los derechos individuales no está reñido con el cumplimiento de los deberes de solidaridad y civismo en el cumplimiento de las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Las personas mayores han dado sobradas muestras de saber ponerse al frente de los cuidados y de la defensa del bienestar de sus familias y comunidades a lo largo de la historia. No las tutoricemos ahora como si no supieran cuidar de sí mismas”.
En el plano político adquieren relevancia los casos de Buenos Aires, Francia y Alemania. Según el diario argentino Clarín, en Buenos Aires se prohibió salir a la calle sin autorización a los mayores de 70 años. Tal decisión fue declarada inconstitucional por un juez porteño, dado su carácter discriminatorio, pues además de vulnerar la igualdad ante la ley, supone reducir la autonomía personal y la capacidad de decisión en función de la edad. En Francia, el intento de confinar a mayores de 65 por tiempo indefinido se queda en llamamiento a la responsabilidad personal. El cambio de actitud llega tras la amenaza de una 'rebelión de las canas'. En ese debate que alcanza nivel intelectual interviene la prestigiosa Academia de Medicina, calificando la medida como una “tentación simplificadora e insatisfactoria” que llega a provocar “sufrimiento moral inducido”.
La réplica a tan desafortunadas actuaciones la ha dado Angela Merkel al declarar: “Encerrar a nuestros mayores como estrategia de salida a la normalidad es inaceptable desde el punto de vista ético y moral”. Con tales precedentes, tras el error cometido, y de inmediato rectificado, al decretar sacar a los niños de casa para meterles donde más riesgo hay, en el supermercado, el Gobierno no tenía más opción que renunciar a cualquier medida que margine a las personas de mayor edad. Así ha ocurrido. El 'Plan para la transición hacia una nueva normalidad' del 28 de abril, aunque resulta deliberadamente ambiguo, no establece medidas específicas, salvo el “ horario preferente para mayores de 65 años” en la apertura de servicios.
Parece que la intensa lucha llevada a cabo durante dos años por el colectivo de pensionistas no ha bastado para que se comprenda y asuma que las personas mayores son sujetos de derecho, con las mismas obligaciones y garantías jurídicas que el resto de la población. Basta que sean consideradas personas adultas, sin ser infantilizadas ni tratadas con actitud paternalista. Tales comportamientos llevan a planteamientos contradictorios, como es el intento de alargar la edad legal de jubilación, utilizando el pretexto del aumento de la calidad de vida, mientras se ignora ese mismo argumento al planificar el desconfinamiento. Del mismo modo, aunque no existan limitaciones de edad para conducir un vehículo, se pretenden establecer para pasear. Si el criterio de los años cumplidos tuviese sentido, debería basarse en la edad biológica, que varía de forma significativa respecto a los cumpleaños acumulados. Es una evidencia que tanto en el plano físico como en el sicológico hay jóvenes de 70 años y ancianos de 50.
La pandemia del Coronavirus vuelve a mostrar la discriminación social que sufren las personas mayores. Se utiliza la trágica situación de las residencias para intentar prolongar el aislamiento de nueve millones de personas, que necesitan más que nadie hacer ejercicio. Toda medida que se tome de forma indiscriminada en base a la edad, además de ser perjudicial e injusta, atenta contra derechos individuales y colectivos. Los casos concretos, relacionados con patologías, se tratan por los cauces sanitarios. Norma básica de comportamiento debe ser la responsabilidad personal, sin que un 'gran hermano' controle cada paso, porque tiene miedo a la libertad.
29 de abril, 'Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones', se pública el manifiesto 'La intergeneracionalidad suma vidas'. Entre sus objetivos destaca: “Considerar el paradigma intergeneracional como eje principal para plantear y diseñar los horizontes de un nuevo modelo social. Las administraciones públicas deben incorporar en sus políticas activas y, de manera transversal, una perspectiva intergeneracional, que incluye una visión integradora de todas las edades, que promueva los espacios de encuentro, que fomente la interacción, la participación y el liderazgo, que logre corregir las políticas sesgadas por los criterios de edad y enfocar la acción de la Administración desde un prisma inter-etario, común e integrador”.
*Luis Alejos es sociólogo y pensionista
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