EH Bildu pide a la Fiscalía que investigue posibles delitos cometidos por el alcalde de Laguardia del PNV

Los concejales de EH Bildu en Laguardia, cabecera de la Rioja Alavesa, han presentado a la fiscal-jefe de Álava, Carmen Cotelo, una doble denuncia por presuntas irregularidades del alcalde del PNV, Raúl García Ezquerro, que también es portavoz suplente de su partido en las Juntas Generales. Por un lado, elevan para su revisión penal un informe de reparo de la Intervención sobre pagos sin soporte contractual en la Oficina de Turismo (5.149,48 euros). Por otro lado, aseguran que el regidor está representando al pueblo en la entidad ADR Rioja Alavesa sin habilitación y valiéndose de un informe del sustituto de la secretaria municipal.

“A lo largo de esta legislatura se están produciendo determinadas actuaciones por parte del alcalde y su equipo de Gobierno que, al margen de la valoración política que legítimamente cada ciudadano y grupo político pueda hacer, consideramos que están fuera de la legalidad y pudieran llegar a ser delictivos”, argumentan los ediles Ángel Coca y José Luis Díaz. Solicitan a Cotelo que abra una investigación sobre “ambos asuntos”, tanto en relativo a ADR Rioja Alavesa como al de los pagos sin contrato.

Este caso parte de un informe conocido en el pleno municipal del 17 de octubre, hace apenas unas semanas. EH Bildu considera de “gravedad” lo que se expone por la “cantidad” de “preceptos legales vulnerados”. “Se aprovechó la ausencia de nuestra secretaria [municipal] para realizar una contratación fraudulenta, a pesar de que la secretaria ya había apercibido a la concejala-delegada de la imposibilidad legal de actuar como ésta pretendía”, sostiene la formación abertzale. Dictar una resolución a sabiendas de que no es conforme a derecho es prevaricación, un delito penado con inhabilitación.

¿Cuáles son los detalles? Se trata de dos pagos de 2.597 y 2.552,48 euros para el “refuerzo” estival de la Oficina de Turismo, lo que se interpreta como una sustitución 'de facto' de personal propio. La Intervención ha determinado que se hizo sin contrato, cosa posible por la cantidad, pero también “sin expediente” y con otras anomalías. “Se desprende que la prestación se realizó de manera personal y continuada, en las dependencias municipales, bajo la dirección y medios del Ayuntamiento y desarrollando tareas propias del personal municipal de turismo”, se lee en el informe de reparo, que apunta una decena de artículos de diferentes normativas presumiblemente vulnerados. Este tipo de reparos pueden ser 'levantados' con una votación en el pleno, pero el alcalde no logró una mayoría y se le bloqueó la resolución de esta contratación.

Por otro lado, EH Bildu refiere que en diciembre de 2024 el pleno acordó que Laguardia participase en la entidad ADR Rioja Alavesa, de desarrollo rural. Pero “no se decidió absolutamente nada” de cómo debería ser la representación municipal y “a partir de mayo, el alcalde empezó a participar en dicha junta”. ADR le advirtió de que carecía de título habilitante y, según esta versión, García Ezquerro entregó un “certificado” confirmando la designación.

De su lado, el PP -la otra fuerza de la oposición en Laguardia- ha indcado que “lleva trabajado en este asunto desde junio”, aunque apunta que aspiraban a tratarlo “por la vía política”. En todo caso, anuncian que suspenden cualquier negociación presupuestaria con el PNV porque no les ha agradado que el alcalde hable de “estrategia de acoso y derribo”.

Se da la circunstancia de que en octubre, como adelantó este periódico, la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acordó por mayoría de dos magistrados contra uno (que emitió voto particular) estimar un recurso de un anterior secretario-interventor de Laguardia y condenar al Ayuntamiento a abonarle una indemnización de 31.000 euros por “daños morales” por el trato degradante que se le dispensó. El fallo, eso sí, absolvió expresamente de responsabilidad al alcalde García Ezquerro.