Condenan al Ayuntamiento de Laguardia a indemnizar con 31.000 euros a su exsecretario municipal por acoso laboral

La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha acordado por mayoría de dos magistrados contra uno (que ha emitido voto particular) estimar un recurso del secretario-interventor de Laguardia, un municipio de la Rioja Alavesa, y condenar al Ayuntamiento a abonarle una indemnización de 31.000 euros por “daños morales” por el trato degradante que se le dispensó. El fallo absuelve expresamente de responsabilidad al alcalde, Raúl García Ezquerro, del PNV, y no es firme, ya que permite acudir en casación al Supremo.

El alto funcionario y el sindicato LAB habían denunciado la existencia de un clima de hostilidad y acoso laboral propiciado por el Ayuntamiento. Partidos políticos como el PP habían llegado a reclamar la dimisión del alcalde por estos hechos. En primera instancia, un juzgado de lo social de Vitoria había denegado las pretensiones del secretario-interventor pero ahora el recurso del letrado Juan Antonio Frago (del bufete Frago&Suárez) ha conseguido que se admitan casi en su totalidad las pretensiones de la demanda.

El Superior entiende que se intentó “mediante una vía indirecta” la “degradación de funciones y de retribuciones” del funcionario, “con una vejación objetivada frente a niveles inferiores de empleo”. “Consideramos que sí que ha existido un ambiente hostil que rebasa los simples conflictos de trabajador y empresario”, se agrega. Se recuerda que el funcionario acumuló largos períodos de baja. Ahora ya ha dejado Laguardia y ocupa el mismo puesto en Arrigorriaga, en Bizkaia.

El fallo conocido ahora revoca el de primera instancia y fija en 31.000 euros la indemnización frente a los 50.000 reclamados inicialmente. También recoge expresamente que el primer edil queda absuelto “de la pretensión deducida en su contra”. La demanda insistía en personalizar en el alcalde la actuación de la Administración. García Ezquerro, de su lado, lo ha negado todo momento. “Sigo aquí, a tope, currando para Laguardia”, manifestó a la revista de la comarca cuando se conocieron las denuncias.

Son los magistrados Florentio Eguaras y Maite Alejandro los que han propiciado este fallos. Por el contrario, el tercer miembro de la sala, Juan Carlos Benito-Butrón, ha emitido un voto particular. Sostiene que “más allá de un ambiente tenso o negativo en lo laboral” no se produjo “verdadera violencia sistemática o prolongada”. Las bajas implicaron “clínicas depresivas o de ansiedad menores”, añade. “Por lo tanto, no se ha acreditado un verdadero conflicto de acoso laboral como intimidación o fuerza de vejación, más allá de comportamientos poco agradecidos”, se puede leer también.