La Hacienda de Álava plantea destinar 0,6 millones ya y 18 más hasta 2030 a su red informática, en lo que participa PwC
El Consejo de Gobierno de la Diputación de Álava, una coalición del PNV y del PSE-EE encabezada por el nacionalista Ramiro González, aprobó a finales de septiembre un proyecto de norma foral (el equivalente a una reforma legal) para que las Juntas Generales (el Parlamento foral) modifiquen con urgencia los presupuestos vigentes, los de 2025, y así inyectar con carácter inmediato 0,6 millones al programa de renovación del sistema informático de la Hacienda foral. También se quieren establecer créditos de compromiso (gastos ya fijados para siguientes responsables forales) hasta 2030 por valor de 18 millones de euros. En este proceso se ha elegido como asesora externa a la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC), cuyo contrato va a ser prorrogado y ampliado con parte del dinero que pueda autorizar la Cámara foral.
Los informes que acompañan a la reforma recogen que desde 2023 la Hacienda foral alavesa, la más pequeña de las que operan en la Unión Europea, está acometiendo una “modernización” de una red informática diseñada en la década de 1980 que se ido parcheando pero que ya presenta signos de “obsolescencia”. Este plan se llama “Araba Digital: Nuevo Sistema Tributario”. Consta, por el momento, de dos fases. La primera finaliza en pocos meses y se confía en hacer la “migración” a la nueva aplicación, bautizada como SAP Zergaraba, en abril de 2026, es decir, en plena campaña del IRPF.
La Diputación argumenta que es preciso contar ya con más recursos porque, entre otras cosas, se necesita continuar colaborando con PwC. Así, si en las cuentas de 2025 se asignaron 6,16 millones para el plan (5,1 en el mismo ejercicio y otro para los primeros meses del siguiente) ahora se quiere contar con un plus de 0,6 millones. Según el Gobierno foral, es necesario que la consultora colabore en el final de la primera fase y en la transición hacia la segunda.
La segunda fase, por el contrario, arrancará en 2026 y se estirará hasta 2030. El planteamiento del Gobierno foral (es el PNV el que controla la cartera de Hacienda) es lograr 2 millones en 2026 y 4 en cada ejercicio hasta 2030, es decir, en 2027, 2028, 2029 y el propio 2030. Son un total de 18 millones. Los presupuestos de los tres últimos años corresponderían al siguiente Ejecutivo salido de las elecciones forales de la primavera de 2027.
La propuesta cuenta con un informe jurídico favorable firmado por el alto funcionario Jesús Valiño. “Por lo que se refiere a los recursos humanos, existe una alta carga de trabajo y una necesidad de replanteamiento de los roles que actualmente afectan a la productividad. Es imperiosa, por tanto, la racionalización de procesos y replanteamiento de estructura organizativa”, indica. El 30 de septiembre, es decir, hace unos días, la Mesa de las Juntas Generales admitió ya a trámite la reforma. Eso sí, todos los grupos de la oposición salvo Vox (EH Bildu, PP y la coalición Elkarrekin) han pedido la comparecencia de la diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo de Zuazo, para que ofrezca más explicaciones.
En paralelo, el principal grupo de la oposición, EH Bildu, ha registrado también preguntas sobre las adjudicaciones de la Diputación a la consultora PwC. Lo hizo después de que trascendiera que en anterior presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha fichado por esta compañía a los pocos meses de abandonar su cargo político. Asier Atutxa, otro exdirigente vizcaíno de ese mismo partido, también lleva años con un puesto de relevancia en la firma.
El procurador abertzale Xabier Valdor ha justificado esta solicitud de documentación precisamente por el fichaje de Ortuzar. “Al margen de las polémicas sobre el salario que cobrará Ortuzar, es sabido que en la sociedad este tipo de noticias suelen tener efectos negativos. De hecho, preocupa que las personas que han estado en altos cargos políticos cobren de empresas que reciben cantidades importantes de dinero de la administración pública poco después de abandonar su cargo. Este grupo considera que este tipo de funcionamiento perjudica al sistema político administrativo, y no hace sino aumentar la desafección social hacia la política institucional”, señala.
La petición de EH Bildu, además de incluir el contrato con Hacienda, alude a todas las adjudicaciones desde que Ramiro González es diputado general, es decir, desde 2015. “¿Qué cantidad de dinero se ha pagado a la empresa PwC en los últimos diez años?”, lanza la coalición soberanista. Fuentes de Hacienda han indicado a este periódico que la adjudicación la ha realizado la sociedad pública Centro de Cálculo, que es la encargada de la informática foral y que depende de la parte del PSE-EE del Ejecutivo de coalición.
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