En la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco, el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona ha esgrimido ante el lehendakari, Iñigo Urkullu, un listado con quince excargos públicos u orgánicos del PNV que se han valido de las “puertas giratorias” para acceder a otros cargos en organismos o en grandes empresas como Iberdrola o Repsol. También la coalición Elkarrekin Podemos-IU ha denunciado prácticas similares. Ambas formaciones de izquierdas han coincidido en señalar que la posición del PNV ante el “oligopolio eléctrico” y las subidas de precios viene condicionada por estas prácticas, mientras que Urkullu ha defendido que existen normativas como el Código Ético o el régimen de incompatibilidades que siempre se observan y ha lamentado que se extiendan sombras de sospecha sobre el conjunto de la clase política.
“El político socialista Antonio Miguel Carmona ha ido a Iberdrola y se ha generado enfado y debate. Y eso que aquí también ocurre y no hay alarma. Aquí también se dan esas puertas giratorias. Y por ser algo habitual no es normal y, mucho menos, adecuado. Por eso le preguntamos si su Gobierno tiene intención de hacer algo”, ha enfatizado en euskera el representante de EH Bildu. “Nos parece que la relación y la connivencia que pueda haber entre exaltos miembros de la Administración pública vasca con consejos de administración ahora mismo de energéticas o de gasísticas de este país puede conllevar a que las posiciones de su partido y, en su caso, de su Gobierno sean las que en la práctica a lo largo de los últimos meses y años han sido”, ha señalado, por su parte, el representante de Elkarrekin Podemos-IU David Soto.
Entre los casos señalados por EH Bildu están los de Josu Jon Imaz, exconsejero y exlíder del PNV antes en Petronor y ahora ya en la matriz, en Repsol, el exdirector general de Osakidetza y exasesor de Urkullu Juan Diego, también en una filial de ese mismo grupo, o los de Javier Balza, Mario Fernández, Jon Azua, Juan María Atutxa o Xabier Sagredo. Asimismo, ha subrayado que el exconsejero de Salud, Jon Darpón, y varios de sus colaboradores saltaron al poco de salir del Gobierno a una aseguradora sanitaria privada llamada Keralty o que la exdiputada vizcaína Ibone Bengoetxea ahora está en EiTB. Estarrona ha recordado igualmente el caso de 2015 de José Luis Bilbao, que cambió la Diputación de Bizkaia por la presidencia del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y ha asegurado que la reforma de ese organismo pactada por el Gobierno de Urkullu con PP+Cs no impediría algo semejante en el futuro. “Impera un silencio ensordecedor sobre el que toca alzar la voz para que cambien las cosas por higiene democrática y para que, entre otras cosas, como estamos viviendo esta semana, algunos dejen de defender no tocar los beneficios del oligopolio de las eléctricas a costa de las clases populares”, ha zanjado Estarrona.
“No le oculto mi preocupación por la distancia o desafección hacia la política y las instituciones. Por ello, le pide que actúe con mesura, señor Estarrona. La prudencia es fundamental. Es positivo que las instituciones sean abiertas. Es positivo que gente de la Universidad, del tercer sector, de los medios de comunicación, de la sociedad civil o de la empresa participe en la gestión pública. Así, tenemos que regular y facilitar ese camino de ida y vuelta. Si lo obstaculizamos o lo llenamos de dudas, nunca conseguiremos que esos profesionales se vengan”, ha replicado Urkullu en euskera a EH Bildu. Y con Elkarrekin Podemos-IU ha añadido: “Cuando sin disponer de certezas se pone el foco de la acusación en personas concretas, además de un daño personal irreparable, se mina la confianza en la política, en nuestra labor. Es más, en la práctica se está dificultando el acceso a la responsabilidad pública de personas que en este momento pueden desarrollar, como antes he respondido, su labor en la universidad, en la empresa, en los medios de comunicación, en entidades, en asociaciones o el tercer sector social. No creo en la endogamia de la acción política. Creo justo en lo contrario. Creo en la cercanía y en la relación entre las instituciones y la sociedad civil.