Los Gobiernos central y vasco celebrarán en Madrid el 29 de diciembre una nueva comisión mixta para cerrar la transferencia de cinco competencias acordadas políticamente en los últimos meses. Tres de ellas están relacionadas ya con la Seguridad Social (políticas pasivas de empleo -el Sepe-, seguro escolar y prestaciones no contributivas), pero aún no hay un acuerdo para el grueso de las funciones de la gestión económica de esta materia nunca antes cedida a una comunidad autónoma. Las otras dos transferencias son Salvamento Marítimo y un centro de verificación de maquinaria de Barakaldo.
Sin embargo, no está previsto que el presidente, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, celebren antes del cambio de calendario la cumbre bilateral que se ha de organizar semestralmente para dar impulso político a las transferencias. La última, la del primer semestre del año, fue en julio.
El PNV acordó con Sánchez a cambio de la investidura de 2023 que antes de la finalización de 2025 se completarían todas las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. En estos años se han ido formalizando regularmente traspasos como Cercanías, Costas o los permisos de trabajo, entre otros, y los cinco que se firmarán al filo de la Nochevieja son el penúltimo paquete. Pero ambos Ejecutivos siguen teniendo reuniones semanales para discutir otras diez materias, incluida la parte principal del régimen de la Seguridad Social, así como posibles mejoras en la capacidad autonómica en materia portuaria y aeroportuaria.
La consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha insistido en que Euskadi sigue “trabajando” con “discreción” y labor “de cocina” para intentar cumplir los plazos. En el otro lado, los socialistas han venido repitiendo al PNV que no debe obsesionarse con un calendario. Sin embargo, formalmente nadie ha aludido a un posible incumplimiento del plazo.
La comisión mixta del 29 de diciembre en Madrid fijará los nuevos recursos económicos y materiales que asumirá la comunidad autónoma. Las tres materias relacionadas con la Seguridad Social se fraguaron precisamente en julio, en la última reunión en La Moncloa de ambos Gobiernos con Sánchez y Pradales al frente. El seguro escolar, por ejemplo, es una prestación de muy escaso volumen pero constituye la primera ocasión en que una comunidad autónoma asumirá la posición de la Tesorería General de la Seguridad Social y abre el camino a la gestión completa de las pensiones. El marco del acuerdo es que Euskadi sea tramitador de un sistema que seguirá siendo estatal y en el que el Estado mantendrá la competencia para fijar la normativa y las cuantías.
En cuanto a las políticas pasivas de empleo, el acuerdo tardó unos meses más. Es un área gestionada por Sumar en el Gobierno central y el PNV criticó que la coalición de izquierdas era más reticente a la transferencia que los socialistas. Finalmente, se cerró que Euskadi completará las funciones que ya recibió en 2011, las denominadas políticas activas de empleo. Así, Lanbide sustituirá completamente al Sepe -el antiguo INEM- en lo tocante a prestaciones y subsidios de paro.
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