“Hay múltiples indicios de una voluntad real del derribo total del Irurak Bat de Getxo a pesar de su protección”
El nuevo magistrado que analiza la presunta existencia de delitos urbanísticos en torno al derribo del edificio Irurak Bat de Getxo, Marcos Amor, ha apuntado en una reciente resolución que los imputados, entre ellos tres exediles del PNV, tenían razón cuando pidieron que no se tuvieran en cuenta los buzones de correo electrónico y servidores incautados, por ser una intromisión excesiva en su intimidad, pero acepta la validez (de momento) de los móviles y otros materiales decomisados. Eso sí, avisa con claridad que, aunque la investigación esté aún en una fase muy inicial, “de los diferentes extremos consignados a lo largo de los atestados, se deducen múltiples indicios que apuntan a una voluntad real de los investigados de llevar a cabo el derribo total del edificio a pesar de que ostentaban conocimiento de su protección”.
Y añade que las responsabilidades no solamente se limitan al momento del derribo “sino a las decisiones previamente tomadas [...], tanto de carácter técnico como político, con la voluntad de que tal derribo tuviera lugar”. La resolución cita, por ejemplo, que “consta que la licencia de obra concedida en octubre de 2022 autorizaba únicamente el derribo de construcciones complementarias, no comprendiendo el derribo del edificio principal”. “Sin embargo -agrega-, el acta de inspección de la Policía de fecha de 2 de agosto de 2024 recoge que el edificio principal había sido igualmente derribado”.
Asimismo, remarca que el palacete estaba incluido en un sistema de protección “básica” o “custodia municipal”. “El propio plan general de ordenación urbana establece entre las medidas de protección aplicables a los elementos incluidos en dicho catálogo que los edificios catalogados no podrán ser objeto de derribo”, apunta. En este sentido, se han incorporado al sumario dos informes. Uno es del arquitecto municipal, Urko Balciscueta. El otro es del área de Patrimonio del Gobierno vasco, dependiente de la vicelehendakari Ibone Bengoetxea, del PNV. Ambos dictámenes son coincidentes en resaltar que el Irurak Bat estaba protegido.
Balciscueta, que firmó su informe el 23 de marzo, apunta que él mismo informó favorablemente de un proyecto de reforma del edificio, pero remarca que aquel plan preveía el “mantenimiento” del edificio y la renovación de su interior y de las cubiertas. Añade que, si se hubiese planteado una demolición “total o parcial”, tendría que haber un informe del Gobierno vasco que no consta que se solicitase.
En cuanto al informe del Ejecutivo autonómico, viene firmado por la alto cargo Urkiri Salaberria, del PNV, y por María Abdona Gil Abad. Y es del 18 de marzo. Señala que “no existe ningún” decreto autonómico de protección del edificio pero que sí está en el “inventario” del Centro de Patrimonio Cultural Vasco. Asimismo, constata que en el ámbito de Getxo sí tiene una protección “a través de la custodia municipal”.
Los anexos documentales del informe señalan que se trata de una “casa unifamiliar” de la edad contemporánea, levantada en el siglo XIX y reformada en el XX, con “grado de protección” de ámbito “local”. Era un edificio de planta rectangular del que se destacan sus “dos grandes bow-window”, el “jardín excepcional” e “incluso el portón original neoclásico”. Ofrecía “líneas sencillas neoclásicas de calidad”. Las obras del siglo XX le imprimieron a la villa “un aspecto racionalista”. Se insiste en su “importancia histórica” y “valores arquitectónicos”.
Dispositivos bien custodiados
El caso de Getxo analiza si el derribo del edificio protegido fue deliberado y con participación activa del Gobierno municipal. Es más, dos de los tres concejales investigados, que eran pareja, iban a ir a vivir a las nuevas viviendas de lujo que allí se proyectaban. Ahora, después del relevo al frente de la sala del Tribunal de Instancia de Getxo sobre la que recae el procedimiento penal del Irurak Bat, el nuevo titular está dando ya los primeros pasos.
Su predecesora, Neus Galobardes, fue la que autorizó los registros en el Ayuntamiento y la incautación de los soportes electrónicos y de los buzones de correo electrónico y la que firmó también las imputaciones de nueve personas, los exediles Iñigo Urkitza, Inaxio Uriarte e Irantzu Uriarte y José Ramón Foraster, Haritz Pinedo, Argiñe Encinas, Sonia Quintana, María Isabel Peral y Ander Madariaga. Aún no han prestado declaración.
Amor ha resuelto los recursos de nulidad de las actuaciones. El nuevo instructor solamente enmienda a Galobardes en el punto relativo a los buzones de 'email' y ha acordado “expulsar” del sumario las posibles pruebas que hubiere en esos correos electrónicos. En lo demás, da por válida la justificación para realizar los registros y no cuestiona la incautación de aparatos como los teléfonos móviles, aunque anuncia una resolución separada sobre cómo proceder al volcado de la abundantísima información que contienen, como los mensajes de WhatsApp.
Añade, por otro lado, que no se puede dudar de que la Policía vaya a vulnerar el derecho a las comunicaciones confidenciales entre abogados y clientes, aunque pide que se devuelvan posibles documentos que puedan estar relacionados con ello. La Ertzaintza es la Policía judicial que lidera esta causa y los letrados de los abogados lanzaron la teoría de la conspiración, dando a entender que los agentes se estaban extralimitando. Para tranquilidad de las partes, el juez Amor recuerda que los materiales están debidamente custodiados y que su revisión está “a la espera de la correspondiente decisión judicial sobre la procedencia y alcance” de las investigaciones.