El juez instructor del derribo del palacete protegido de Getxo aparta a EH Bildu como acusación contra los ediles del PNV
El magistrado instructor Marcos Amor ha decretado la expulsión de EH Bildu como acusación en la investigación abierta por el derribo del palacete protegido Irurak Bat de Getxo, en cuyos terrenos iban a comprarse una vivienda de lujo dos de los tres ediles del PNV imputados en la causa penal. El PP sí continúa personado en el procedimiento, además de la Fiscalía.
EH Bildu formuló en octubre de 2024 una denuncia en la Fiscalía al entender que el derribo del edificio de la calle de San Nicolás pudo ser irregular. La formación abertzale aportó “421 folios” de pruebas. Solamente ocho días después, el ministerio fiscal, apoyándose en un informe inicial de la Ertzaintza, elevó el asunto a la plaza número 2 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo al apreciar, indiciariamente, que los hechos pudieron haber sido constitutivos de un delito “contra el patrimonio histórico”, el artículo 321 del Código Penal, castigado con hasta tres años de prisión.
En diciembre de 2025, el grupo municipal de EH Bildu de Getxo quiso personarse como “acusación popular” en el proceso. Pidieron traslado de “todo” el sumario. La entonces responsable de la investigación, la instructora Neus Galobardes, vio algunos defectos subsanables en el escrito y les dio un plazo para corregirlos. El 9 de enero, EH Bildu ya estaba formalmente en el procedimiento, como el PP.
Sin embargo, una resolución del caso de finales de febrero, a la que ha tenido acceso este periódico, enmienda la anterior y acuerda la salida de EH Bildu. “El ejercicio de acciones penales por tal acusación popular podría dar lugar a situaciones de indefensión para con los investigados”, argumenta el nuevo responsable de esta investigación, que ha pedido igualmente la nulidad de todas las actuaciones de EH Bildu desde el inicio de su personación, incluidas peticiones de prueba.
¿Y cuál es el motivo? El juez Amor recalca que no es lo mismo una “denuncia” que una “querella”. “Constituyen actos procesales distintos”, recalca en su auto. La “denuncia”, lo que hizo EH Bildu, es avisar a la Justicia de una “notitia criminis”, es decir, de un posible delito. Pero ser acusación requiere una “querella”, es decir, poner nombre y apellidos a los presuntos responsables. “El hecho de haber formulado una denuncia previa no habilita automáticamente para constituirse como acusación popular mediante un posterior escrito de personación. Exige necesariamente la interposición de querella en forma”, recalca el magistrado. Ni siquiera considera suficiente la subsanación planteada y aceptada por la anterior instructora, la juez Galobardes. Este periódico ha intentado contactar a EH Bildu de Getxo en relación a esta cuestión, pero no ha recibido respuesta.
El sumario por el derribo del Irurak Bat está en una situación de parón. En enero, la anterior instructora recibió un informe ampliatorio de la Ertzaintza y ordenó la entrada y registro de dependencias municipales y la incautación de móviles, correos electrónicos y otros dispositivos de comunicación. Una vez levantado el secreto de sumario, se conoció la imputación de tres ediles del PNV, Inazio Uriarte, Irantzu Uriarte -los dos que iban a trasladarse a una vivienda de lujo en esa misma parcela- e Iñigo Urkitza. Con el resto de investigados, iban a comparecer a finales de febrero, pero se pospusieron las declaraciones. Abogados defensores han pedido la nulidad de las actuaciones.