Campamento Dignidad abre una sede en el centro de Mérida, con la oposición de algunos vecinos
El pasado viernes por la tarde se inuguró la nueva sede que el Campamento Dignidad de Mérida tendrá en el centro de la ciudad, en un local del antiguo cine María Luisa cedido por el Ayuntamiento. La cesión ha encontrado la oposición de algunos vecinos, incluso la denuncia por no respetar la fachada ya que la parte del Campamento ha sido pintada de amarillo y con rótulos de grandes letras.
“Nos parece de una hipocresía enorme”, declara uno de los líderes del Campamento, Manuel Cañada, “que la gente use esa excusa de que es un edificio protegido, cuando este local al llegar nosotros tenía un nivel de suciedad muy superior al nivel de protección. A quien sea esa cochambre no le importaba”.
“La gente más reaccionaria de Mérida”, sigue despachándose, “lo que no quieren ver es lo que ellos producen, la miseria, el color que no les gusta es el de la pobreza”.
“No están legalizados”
Primero fue el runrún del descontento por un posible trato de favor al Campamento ya que algunos sectores ciudadanos pensaban que ese colectivo no estaba legalmente constituido. “Claro que sí lo somos, y el que quiera le doy el CIF [código de identificación fiscal] ”. Luego el no respetar el edificio como bien patrimonial: “Se trata de usar como cuestión de patrimonio lo que es una cuestión de clase”, replica Cañada.
El local está pendiente de algún permiso urbanístico, pero desde este lunes 17 los activistas del Campamento están dispuestos a funcionar como oficina social para asesorar sobre renta básica, empleo, vivienda, ayudas y derechos sociales… “Lo pintaremos del color que quieran pero no nos vamos a esperar tres meses a que un funcionario del PP diga cuándo podemos abrir.
Miembros del Campamento siguen concentrándose los lunes en la sede central de la Dirección General de Política Social, de la Junta, para reclamar agilidad en el pago de la renta básica, que se están empezando a abonar las concedidas en el primer trimestre pero hay según ellos aprobaciones anteriores pendientes.
Además de es punto reclaman al nuevo gobierno regional que ponga en marcha un decreto de ayudas de emergencia sobre todo para que algunas familias en apuros puedan pagar la luz y el agua.
