Los residuos de la construcción de Badajoz se entierran de forma ilegal según los transportistas

Aunque Badajoz es la ciudad más grande, y de mayor volumen en el sector construcción de Extremadura, carece todavía de una planta de tratamiento de los residuos de la edificación, un proceso obligatorio desde hace cinco años en la región, en aplicación de una normativa europea que venía de tres años antes.

Sí hay planta de ese tipo en Mérida, y también más cerca de Badajoz, en Valdelacalzada, u Olivenza. Pero es un transporte caro, que con la distancia se dispara hasta lo inviable, por lo que 16 pequeños empresarios pacenses de la asociación de transportistas contenedores de obras (Atranscoex), reclaman una instalación en la propia ciudad.

Manuel Llera preside esa asociación y tras años de lucha ya no sabe adónde acudir. “Queremos construir una planta de tratamiento, pero no nos dejan”. Ellos le resuelven el problema a los constructores y promotores, que les entregan los residuos pagando por el servicio, pero ese material es una patata caliente que no puede acabar de cualquier manera, ya que la normativa europea, española y extremeña exigen una transformación antes de acabar la mayor parte del residuo enterrado.

“En vez de que viniera de fuera de Badajoz una empresa grande a montar la planta pensamos que era mejor que se quedara en casa y lo hiciéramos nosotros”. En un terreno cedido por el Ayuntamiento en Cuestas de Orinaza montaron hace una década un punto de acopio como primer paso para una futura planta de tratamiento.

Extraño olvido en el Plan Urbanístico

Lo hablado entonces con el Ayuntamiento es que en el nuevo plan general de ordenación urbana (PGOU) se previera una zona para esa planta, “pero en 2010 lo hacen y no lo incluyen”; es un año después, en 2011, cuando la Junta de Extremadura obliga a eliminar esos residuos de una forma reglada como se hace con otros tales como automóviles o electrodomésticos, en instalaciones habilitadas.

Es ahí cuando aparece según Llera una planta de acopio en Gévora, la más cercana que pueden utilizar y a la que desde entonces tienen que llevar el material, para una recogida por la que estos transportistas de contenedores pagan entre 8 y 30 euros la tonelada dependiendo del tipo de material.

“Nos lo cobran, pero el material desaparece el fin de semana”, asegura Manuel Llera. Al final, además de los numerosos vertidos ilegales de escombros que hay por la ciudad, otros están regulados pero se entierran sin tratamiento alguno, en un delito ambiental según esta asociación, que acusan tanto al PP local, como al PSOE, de no darles una solución.

“Algo tiene que haber, pueden ser intereses privados económicos, no lo podemos demostrar pero no es normal”.

Instalación desaprovechada

El permiso municipal para el centro de acopio que tenían ellos en las Cuestas terminó, y desde entonces la instalación está cerrada. “No habría que invertir mucho para convertirla en una planta legal de tratamiento”, pero la asociación y la empresa creada al efecto languidecen mientras los políticos dan una solución definitiva. “Allí nos han cortado la luz y ya no tenemos dinero para pagar el guarda”.

Con frecuencia preguntan en el pleno municipal por lo suyo, cuándo se habilitará un espacio en la ciudad para una planta de tratamiento en condiciones, en un lugar que no despierte recelos después de que haya circulado la versión de que son materiales indeseables y tóxicos.

“Ya nos hemos cansado de hablar con concejales del PP durante años, que iban a sacar la planta a licitación pero nada, y ahora con el PSOE”. Presentan denuncias por vertido ilegal y tratamiento incorrecto de los residuos que ellos transportan “pero nadie parece ver nada”. Ni el Ayuntamiento, ni el Seprona, ni la Junta.

“Ya solo nos queda denunciar ante la Unión Europea por delito ambiental, y lo vamos a hacer”, asegura Llera.