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Las cuentas de la Junta siguen hundidas, con un déficit de 341 millones hasta septiembre

Gráfica con el desequilibrio registrado en 2013 (abajo) y este año

José L. Aroca

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Las cuentas de la Junta de Extremadura apenas remontan, siguen sufriendo un fuerte desajuste entre ingresos y gastos, y a 30 de septiembre el déficit era del 2,02% sobre el PIB regional, el más alto de todas las comunidades. En el mes de septiembre los gastos subieron un 11% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los ingresos bajaron un 8%.

A 30 de septiembre el déficit arrastrado era de 341 millones de euros, más del doble de lo permitido por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública.

Nueve comunidades autónomas cerraron el mes incumpliendo el objetivo de déficit permitido para todo el ejercicio, en especial Extremadura, con ese 2,02 % del PIB.

El Ministerio de Hacienda y Administración Pública ha hecho públicos este martes los datos del Estado correspondientes al mes de septiembre, así como el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de septiembre en términos de contabilidad nacional.

Según esas cifras, nueve regiones incumplían el objetivo de déficit permitido para todo el ejercicio, en especial Extremadura (2,02 % del PIB), pero también Murcia (1,88 %), Navarra (1,61 %), Cataluña (1,53 %), Andalucía (1,41 %), Castilla-La Mancha (1,30 %), Comunidad Valenciana (1,28 %), Madrid (1,05 %) y Aragón (1,03 %).

En lo que respecta a Extremadura, el déficit se relajó algo, al 2,02% desde el 2,22% del mes anterior, agosto; sin embargo la evolución anual de las cuentas demuestra un deterioro grande ya que los datos de incremento del gasto, y disminución de ingresos, de ese mes de septiembre son sensiblemente peores que los registrados en la media anual.

Pago a proveedores

Otro dato conocido este martes ha venido a confirmar la mala salud económica de la Junta, y es que Extremadura es la tercera comunidad autónoma que más tarda en pagar a proveedores, con 72,3 días

Un plazo que está por encima de la media de las regiones españolas, situada en 42,8 días, y muy por encima de los 30 días que marca la ley.

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