La exclusión social en la región se ha ‘enquistado’ y afecta a unas 248.000 personas

Extremadura es, después de Canarias, la segunda comunidad autónoma con mayores niveles de exclusión social, una situación en la que se encuentra el 23,2 por ciento de su población.

Así lo refleja el VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Extremadura, que muestra como dato 'positivo' una incidencia muy inferior al resto del país entre las personas con discapacidad y dependencia.

La exclusión social en Extremadura se ha 'enquistado' y afecta a unas 248.000 personas “para las que el ascensor de la movilidad social no funciona”. El coordinador del informe, Guillermo Fernández, ha advertido que 79.000 personas están en una situación de exclusión social severa, el 7,7 % de los extremeños, sólo un 0,3 por ciento menos que en 2013.

Algo que demuestra, según ha indicado, que el volumen de este grupo de personas se mantiene “estancado” a pesar del periodo de recuperación económica, informa la Agencia Efe.

Y dentro de ellos se encuentran 23.000 personas que están preocupadas ya únicamente “en poder sobrevivir en el día a día” y a las que probablemente ya no llegue ningún tipo de mecanismo de protección. “Este grupo se ha incrementado casi un 29 % en estos últimos cuatro años”, ha apuntado.

Personas con menos ingresos, las más afectadas

Pese a que se ha experimentado una mejora ‘nítida’ en los niveles de integración, del 30,5 % de la población en 2013 al 40,1 % de 2018, se presenta también un estancamiento de la exclusión severa “que no siente los efectos de la recuperación y, de hecho, agrava sus condiciones de vida”.

Según el informe, quien ha soportado en mayor medida los efectos de la crisis ha sido el grupo poblacional con menos ingresos, que ha visto mermada su renta en un 6,8 %, mientras que, por el contrario, el 20 % de la población más rica habría incrementado su renta en un 7,4 %.

Ha identificado además tres bloques principales de riesgos sociales que afectan con “más fuerza” en Extremadura, entre ellos el empleo, de modo que el 20,1 % de las personas que trabajan están en exclusión social en la región, seis puntos más que en España.

Vivienda, derecho inaccesible

Un segundo bloque se refiere a la vivienda, que se ha convertido en un derecho inaccesible para “muchas familias”, y arroja datos como 36.000 hogares con gastos excesivos en la vivienda, 42.000 con situaciones de insalubridad, 23.000 con deficiencias graves en la construcción y un 10,4 % de este total con avisos de cortes de los suministros básicos.

El tercero, relativo a la salud, revela que el 11,2 % de la población extremeña se encuentra afectada por la exclusión social en este campo y que un 7,3 % de la población reside en hogares que han dejado de comprar medicinas y/o seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.

Sin embargo, Guillermo Fernández ha señalado como “positivo” que la incidencia de la exclusión entre las personas con discapacidad o dependencia es “muy inferior” al resto de España, lo que indica “que la sociedad extremeña ha creado mejores barreras contra la exclusión en estos colectivos”.

El perfil de las personas

Respecto al perfil de la persona en situación de exclusión social en la comunidad, ha precisado que el 70 % de ellas son hombres, que el grupo mayoritario se encuentra entre los 45 y 64 años. Una de cada tres personas trabaja y más de la mitad reside en municipios de menos de cinco mil habitantes.

El estudio constata además una pérdida de calidad de la democracia dado que solo el 11,6 % de los extremeños muestra un interés por la participación cívico política, “muy por debajo” del resto de España, aunque tres de cada cuatro optaría por tener más prestaciones y servicios sociales pagando más impuestos.