La huelga de interinos la ha seguido el 1,3% del personal según la Junta, el 10% según USO

Los interinos pusieron claveles y cartas ante la Presidencia de la Junta en Mérida, al no autotizarles una concentración este miércoles

El seguimiento de la huelga convocada por USO contra la propuesta de fijeza de los interinos de la Junta ha sido del 1,3 %, según datos del Gobierno regional, mientras que el sindicato la estima en más del 10 por ciento. 

Este dato de participación corresponde a la media entre el turno de mañana de este miércoles, que ha sido del 1,5 %, y el de tarde, que el Gobierno regional cifra en el 0,3 %.

En opinión del secretario regional de USO, Luis Manuel Gil, la cifra del 1,5 % en el turno de mañana supone que “más del 10 % del personal afectado por el proceso de estabilización ha hecho huelga”.

El paro, que cuenta con el apoyo asociación de personal interino y laboral temporal de Extremadura (Piltex), está convocado para todos los miércoles, jueves y viernes hasta final de mes y sería indefinido a partir del próximo 30 de mayo si no atienden sus reivindicaciones.  

Gil, de USO, ha explicado que se está negociando un número de plazas a sacar en oferta de empleo público que no se corresponde con las personas que está en esta situación.

No hay “datos reales” porque la Administración según él se niega a facilitar el censo de personas que están en situación de abuso de temporalidad, y ha reclamado que habría que sacar como mínimo el doble de las que se habla.

Si el 50 % de las plazas se estabilizase sería un logro pero se teme que cerca del 90 % de estos interinos podría ser despedido.

Desde la Junta de Extremadura, su portavoz, Juan Antonio González, ha dicho que el Ejecutivo siempre está abierto al diálogo, pero que el plan de estabilización “no es un capricho”, sino una ley “obligado cumplimiento”.

González ha mostrado su respeto por la convocatoria “porque vivimos en un estado democrático y de derecho” y recordado como ya dijo ayer el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que la Junta “siempre ha sido una institución con la que se puede dialogar”.

La Administración autonómica ha iniciado este proceso de estabilización porque hay una ley que obliga a todas las instituciones públicas a llevarla a cabo y ha aunque existen diferentes opiniones “y cada uno se puede poner en el lugar que considere”, las administraciones “están obligadas a tomar una decisión” ya que el plan de estabilización “es de obligado cumplimiento”.

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