La Junta devuelve 23 millones de los más de 50 no ejecutados en ayudas a pyme y autónomos

La Junta de Extremadura ha devuelto ya al Ministerio de Hacienda 23 millones del total de algo más de 50 millones no ejecutados en las ayudas que el Gobierno central estableció para compensar a pymes y autónomos por el impacto de la pandemia.

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, ha ofrecido este dato en respuesta a una pregunta referida a estas ayudas que le ha formulado el diputado del PP Hipólito Pacheco en el Pleno de la Asamblea de Extremadura.

España ha reconocido que no están satisfechos con la ejecución de estas ayudas, aunque ha destacado que han permitido distribuir entre las pymes y autónomos extremeños 56 millones de euros, que, junto a otras subvenciones directas de la Junta de Extremadura, han sumado más de 100 millones.

El titular de Economía del Gobierno regional ha precisado que hasta el 30 de junio no se tendrá que devolver el total del dinero no gastado, por lo que se pueden ejecutar todavía otros 25 millones de euros más, de acuerdo con las alegaciones presentadas.

También ha informado de que, para optar a estas ayudas se han recibido un total de 6.600 solicitudes, de las 4.676 han sido resueltas favorablemente, mientras que el resto está pendiente de resolución por alegaciones y otras devueltas o archivadas

Rafael España ha indicado que Extremadura está por encima de la media de las comunidades autónomas en la ejecución de estas ayudas y ha destacado que el Ejecutivo extremeño “ha hecho todos los esfuerzos y ha puesto todo encima de la mesa para poder llegar, dentro de la flexibilidad que otorgaban estos decretos”.

Por el contrario, Hipólito Pacheco ha acusado a la Junta de establecer una normativa más restrictiva para el acceso a estas ayudas y ha criticado que Extremadura no llegue ni al 52% de su ejecución, mientras que otras comunidades como Baleares o Canarias se ha alcanzado el cien por cien.

Por otra parte, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha respondido al diputado de Cs José María Casares sobre cuándo y cómo se implementará el desarrollo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Blanco-Morales ha indicado que todo se hará como y en los plazos que dice la ley “desde el consenso y la negociación con los representantes de los empleados públicos”.

Para ello, se definirán, negociarán y aprobarán las ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización contemplados, cuya publicación debe realizarse y se hará, según ha dicho, antes del 1 de junio de este año.

También ha dejado claro que Extremadura cumplirá el plazo establecido del 31 de diciembre de 2022 con las respectivas convocatorias cuyos procesos finalizarán a finales de 2024.

La diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez ha vuelto a preguntar sobre las medidas que contempla la Junta para garantizar la atención presencial sin limitaciones en las entidades bancarias en el mundo rural y ha recordado que 140 municipios en la región no disponen ya de ninguna oficina, por lo que sus vecinos se encuentran en una situación de exclusión financiera.

Pilar Blanco-Morales ha dicho que la interlocución es continua por parte del Gobierno extremeño para “asegurar la protección de los intereses de los clientes bancarios” en la comunidad autónoma y para evitar, en la medida de lo posible, el cierre de sucursales.

En ese sentido, ha indicado que la Junta tiene en cuenta en los concursos públicos, referidos a operaciones financieras, la valoración de la implantación territorial y, además, insta al Gobierno central, que es el competente en esta materia, y al Banco de España a que “cumplan sus responsabilidades de garantizar el acceso a los servicios financieros” de todos los ciudadanos.

Además, el Ejecutivo extremeño mantiene contactos con las diputaciones y ayuntamientos de la región para “facilitar la implantación de soluciones que minimicen los efectos de la exclusión financiera”, como la firma del convenio de colaboración con Correos con el fin de establecer cajeros y dar servicios en el ámbito rural.