La disminución de la jornada laboral a de 40 a 37 horas y media a la semana, el registro horario digital, el derecho a la desconexión digital, la reducción de la brecha de género y la no reducción de los salarios de los trabajadores serán los motivos para la movilización convocada por UGT y CCOO para el 10 de septiembre en Badajoz.
La secretaria general de UGT, Patrocinio Sánchez; y la secretaria general de CCOO en Extremadura, María Berrocal, han anunciado una concentración frente a en la Delegación del Gobierno en Badajoz con el fin de presionar al Congreso para que se rechacen las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts, y se inicie la tramitación de este proyecto de ley.
Sánchez ha asegurado que “no es de recibo que el Parlamento hurte el debate”, ya que eso es es “un síntoma de no democracia”; por lo tanto, exigimos que las enmiendas a la totalidad se retiren y se pueda iniciar la tramitación de la ley“. Según sus datos, el 75% de la población ”apoya la reducción de la jornada“ y ha insistido en que será ”beneficiosa“ para la sociedad, pues implicará ”más productividad, más calidad de vida y mejor conciliación“
“Evidentemente queremos trabajar menos para vivir mejor, eso no es nada malo, al contrario, queremos tener conciliación de la vida personal y familiar, y también la mejora los salarios por hora, especialmente de quienes cobran menos”, ha recalcado la secretaria general de UGT.
Por su parte, Berrocal ha considerado que este proyecto de ley es “una cuestión de justicia social que contribuirá a crear más empleo y de mayor calidad en nuestra región”.
A su juicio, 13.000.000 de personas se beneficiarían de las medidas que han exigido ambos sindicatos y será “una gran oportunidad” para regularizar las horas extraordinarias que no se pagan y que deben traducirse en mayor empleo, ya que “en España se trabajan más de 2.600.000 de horas extras que ni se declaran, ni se retribuyen, ni se cotizan”. Esto, según la secretaria general de CCOO en Extremadura, supondría un aumento para las arcas de unos 3.500.000 que se podrían invertir en el paquete de medidas que refiere este proyecto de ley.
A su juicio, hay que reforzar el papel de los inspectores de trabajo, que “tienen que ser garantes y tienen que vigilar que las empresas no intenten compensar las jornadas de trabajo con más horas extras impagadas”“.
“No se trata de trabajar menos, sino de trabajar mejor, que se traducirá en mayor eficiencia, menos bajas por estrés y una mejor conciliación de la vida laboral y personal”, ha dicho.
Así, ha invitado a los grupos parlamentarios a “hacer un ejercicio de reflexión” y ha recalcado que seguirán insistiendo pues “hay una cuestión de garantía institucional que no se está cumpliendo y existen intereses económicos que están por encima de la clase trabajadora”.