La Junta aprueba la ley que perdona la ocupación ilegal de vivienda si no hay oferta, pero sí extrema necesidad
El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes, tras varios meses de espera, el decreto ley contra la Exclusión Social, que no nace precisamente con un pan bajo el brazo sino ante una precampaña y campaña electorales que pueden comprometer su aprobación, ya que necesita de la suma de los votos de PSOE y Podemos en la Asamblea de Extremadura.
Es el proyecto de ley estrella del gobierno socialista de Fernández Vara en materia social, anunciado desde noviembre, pero que se ha ido retrasando tanto por la no aprobación del presupuesto regional, que fue finalmente el pasado 1 de abril, como por su complejidad legal según el responsable político del texto, el consejero de Política Social y Sanidad José María Vergeles.
Por esa dificultad la Junta ha consultado, sin tener obligación de hacerlo, al Consejo de Estado.
En espera de una medida como esta con rango de ley, la Junta ha ido aprobando decretos provisionales como el de mínimos vitales para atajar la pobreza energética.
Ahora por fin se dispondría de un texto para una amplia y nueva política social, y se abordan aspectos tan importantes y pendientes hasta ahora como era el de la vivienda.
Este decreto-ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión social contempla cinco campos de actuación principales. El primero dar una tarjeta sanitaria a todas las personas residentes en Extremadura, para superar las exclusiones del decreto nacional de Rajoy de 2012.
Renta básica
Modifica en segundo lugar la ley de Renta Básica de 2014 en cuatro aspectos según las explicaciones de Vergeles. Será una convocatoria anual abierta los doce meses; el silencio administrativo se entenderá como positivo, ayuda concedida; el derecho a cobrar nace desde el mismo momento en que haya resolución favorable (o tácita por ese silencio), y se permite la subrogación de una persona a otra en aquellas parejas que se separen y una de ellas, la que tenga la custodia de los hijos, esté en situación vulnerable.
Regula también el decreto ley las ayudas a la contingencia, o gastos sobrevenidos, y en cuarto lugar cambia por completo el mecanismo de ayudas a mínimos vitales contra la pobreza energética.
El texto propone que en vez de dar la Junta el dinero a los ayuntamientos, y éstos a las familias que hayan sufrido o tengan aviso de corte en el suministro de luz y agua, será una gestión directa de la Junta con las compañías suministradoras.
Éstas tendrán que dar cuenta de los cortes previstos a fin de evitarlos; se les exigirá informar bien a los consumidores del bono social estatal al que tienen derecho en caso de necesidad social, y por otro lado el pago de las deudas pendientes para evitar el corte lo hará directamente la Junta a las empresas.
Vivienda
El quinto y último gran aspecto de este decreto-ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social es la reforma normativa en materia de vivienda. Las sociales, en vez de por sorteo, se adjudicarán en base a criterios técnicos, y se prorroga en dos años más (hasta cuatro) la bonificación del 100% del alquiler en esas viviendas para quien carezca de ingresos.
A las familias víctimas de una ejecución hipotecaria, que cumplan los requisitos para ocupar una vivienda pública pero no haya ninguna para ofrecérsela, se les pagará el alquiler de una privada hasta que haya disponibilidad.
Las ocupaciones ilegales de viviendas ya no serán penalizadas en el sentido de que si la familia ha pedido una social, cumple los requisitos pero no la obtiene, y por necesidad extrema “da una patada en la puerta” para ocupar alguna en palabras del propio consejero Vergeles, no se la excluirá de la lista de espera. Más que alentar esta patada, para él lo que hará será que todos se acojan al procedimiento reglamentario.
Vergeles reconoce tanto que se necesitan más viviendas sociales, como que sinceramente la Junta desconoce la situación de su parque de 13.000 pisos y casas públicos.
Para eso va a funcionar un Observatorio Regional de la Vivienda que haría un censo.
La fórmula para todos estos cambios es el decreto-ley porque aúna la rapidez en el trámite parlamentario, dos meses a partir de su entrada hoy en la Asamblea, con la seguridad jurídica. En todo caso si los partidos políticos prefieren que se tramite como ley, y eso la mejora, “bienvenido sea”.
Podemos: No
La primera respuesta en caliente de Podemos para que PSOE cuente con sus votos ha sido negativa. “Se juega con las necesidades básicas de la gente y llega ocho meses tarde”. En una nota la formación morada ha señalado que el Ejecutivo regional “ha vuelto a presentar un decreto contra la exclusión social que ya anunció el pasado otoño y que no se ha puesto en marcha”.
A su juicio, “ha revelado a bombo y platillo una cosa dos veces, con ocho meses de diferencia”, lo que es “otro ejemplo más de que Guillermo Fernández Vara sólo hace anuncios de prensa y no gobierna, demostrando que su gestión es un autobombo continuo”.
Podemos ha presentado por su parte una propuesta de reforma de la Ley de Igualdad. Isabel Gil, portavoz de la Junta, ha dicho que les gustaría no haberse enterado por la prensa porque “si con nuestros treinta diputados no tenemos suficiente para aprobar nada, con los seis de Podemos, menos”.
