El almacén de residuos de Almaraz enfrenta a la Junta y los pueblos afectados, que reclaman su instalación
La Junta se opone al proyecto de construcción de un almacén de residuos nucleares temporales en Almaraz porque entiende que su construcción no es necesaria. La ecuación es simple: las piscinas con combustible gastado de las instalaciones cacereñas se llenarán en el horizonte de 2020, cuando la central cumplirá 40 años y por tanto termina su periodo de vida útil.
El Almacén Temporal Individualizado (ATI) enfrenta al Ejecutivo extremeño con el Ayuntamiento de Almaraz, que aprobó en pleno una moción que insta a la Junta a sumarse en la defensa de la instalación, “necesaria una vez las piscinas de la central nuclear de Almaraz presentan el grado actual de ocupación”. Reclama también el apoyo de los ayuntamientos y de la Diputación cacereña.
No se trata de las únicas adhesiones. Más de una veintena de municipios del entorno de la Central mostraron en abril de este año su apoyo en la Junta de Gobierno de la Mancomunidad del Campo Arañuelo. Entre los firmantes, la alcaldesa de Romangordo, Charo Cordero, actual presidenta de la Diputación de Cáceres (PSOE).
Los municipios firmantes instan a la Junta a que reconsidere su rechazo a la construcción del almacén temporal, después de que el Ejecutivo de Vara haya emitido un informe desfavorable durante el periodo de información pública y de consultas dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto.
Señalan a que solo en impuestos locales (IAE, IBI y ENRESA), la contribución de la central nuclear en los municipios limítrofes es de 15 millones de euros anuales. También se refieren a la aportación de la central nuclear al desarrollo económico y social de toda la comarca.
¿Un ATI es sinónimo de alargar la central?
Para los ecologistas es prueba irrefutable de que sí. Piensan que la empresa propietaria de Almaraz ya piensa en la renovación del permiso de explotación hasta los 60 años reside porque la solicitud del ATI se hace en un momento en que tienen capacidad para almacenamiento, casi hasta que concluye el permiso actual.
Por el momento la Junta de Extremadura no se quiere pronunciar sobre si la instalación de un almacén de residuos nucleares en la central de Almaraz equivale a la ampliación. Para el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, son dos cosas distintas; una cosa es la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) a la que la Junta se opone y ha alegado ante el Gobierno central.
Y otra diferente una vez llegado el 2020 ver si la empresa de Almaraz ha presentado una solicitud de ampliación de actividad, y la respuesta que le da el Gobierno que es en materia nuclear “el que tiene todas las competencias según la ley”.
El Ejecutivo extremeño no quiere establecer una relación entre esa realidad y la sospecha de una ampliación de la vida de Almaraz, que sí sostienen grupos conservacionistas.
El ATI acaba de superar la primera fase de tramitación administrativa, el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, y ahora le quedan los de los ministerios de Medio Ambiente e Industria, y el permiso final del Gobierno central
Portugal se levanta
Por otro lado el Gobierno de Portugal ha pedido al de España una reunión urgente con responsables de los departamentos de industria y medio ambiente para que le informen sobre la tramitación de ese nuevo almacén de residuos y el impacto ambiental que sufriría el país luso; la central vierte al cauce del Tajo el agua que usa.
Lo ha anunciado el ministro de Ambiente de Portugal, Joao Matos Fernandes, ante una comisión del Parlamento luso. El Estado portugués intervendrá para “garantizar el cumplimiento escrupuloso de todas las reglas de seguridad”.
El consejero extremeño José Luis Navarro ver perfectamente lógico que los portugueses se interesen y se personen en el expediente como derecho que le reconocen la legislación ambiental europea y española.
