La consejera extremeña de Cultura, del PP, emula a Vox y llama “histérica” a la memoria histórica

Confundir una vocal durante un debate político donde apremia el tiempo de intervención es algo que puede pasar. Sin embargo, en el tema de la memoria histórica llueve sobre mojado en Extremadura, donde PP y Vox insisten en la derogación, ahora la Junta habla de “modificación”, de la actual ley.

La consejera de Cultura, Victoria Bazaga, responsable de las competencias de Memoria Histórica en la comunidad, ha explicado en el pleno de este jueves en la Asamblea la política general del Gobierno extremeño sobre esta materia en respuesta a una pregunta del PSOE. Después de tildar de “soberbio intelectual” al diputado socialista Ricardo Utrera, Bazaga, en lo que no está claro si han sido dos lapsus o algo intencionado, ha llamado, al menos en dos ocasiones, “memoria histérica” a la “memoria histórica”, como suele hacer Vox, su socio de Gobierno, para mofarse en sede parlamentaria de la ley autonómica, que se aprobó en 2019 y se diseñó “para todas las víctimas”, como admiten las asociaciones memorialistas y el PSOE.

La consejera, que en todo momento ha leído su intervención, ha explicado a Utrera que la Junta ha firmado la addenda de colaboración de este año con las diputaciones de Cáceres y Badajoz, y la Universidad de Extremadura para el proyecto de recuperación de la “memoria histérica” de Extremadura, al que aportará 79.000 euros.

Bazaga ha utilizado el mismo término cuando poco después ha explicado la colaboración de Extremadura y Baleares, a petición del servicio de memoria “histérica” del Govern, para la identificación de familiares de presos víctimas de la represión franquista en la cárcel de Formentera.

Estas han sido algunas de las actuaciones que la consejera de Cultura ha enumerado y que ya están en marcha, pero también ha anunciado que la Junta de Extremadura está en negociaciones con los Institutos de Medicina Legal y Forense de Badajoz y Cáceres para crear un banco de ADN de las víctimas, que contribuya a su identificación y “cuidado genético”, y que su departamento está a punto de sacar a licitación un contrato de casi 260.000 euros para las excavaciones de fosas comunes de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista en los cementerios de Fuentes de León, Miajadas y Villanueva de la Serena.

Por otro lado, la Junta quiere poner en marcha subvenciones por concurrencia competitiva para que los ayuntamientos desarrollen actividades en materia de memoria histórica. Estas subvenciones se van a financiar con fondos del Gobierno central pero aún se desconoce la cuantía.

Olvido de las víctimas del franquismo

Pero el PSOE ha querido ir más allá y el diputado Ricardo Utrera le ha reprochado a la consejera que no haya explicado por qué quieren derogar la actual ley de Memoria Democrática y le ha pedido que “reoriente” sus políticas hacia los principios de “verdad, justicia y reparación”, para que “se conozca todo la verdad y no olvidar lo ocurrido”, ha dicho.

A su juicio, la Junta de Extremadura está “asumiendo” las políticas de la extrema derecha, por lo que Utrera ha expresado su preocupación porque la nueva ley condene al olvido a las víctimas y equipare a los que sufrieron el daño con los que lo causaron.

A este respecto, Victoria Bazaga se ha limitado a expresar que esa nueva ley que preparan PP y Vox amparará a todas las víctimas de represión política “sin distinción de bandos”, buscando que sea la “ley de la concordia” y no “enfrente a los extremeños”, sino que sirva par unir, aparcando el odio. En su opinión, la actual ley no responde al deseo de honrar a todas las víctimas y atenta contra el “espíritu de reconciliación de todos los españoles que inspiró la Transición”.