El peligro de llamar “tendencia” a los derechos

Era cuestión de tiempo que las costuras del pacto de gobierno de PP y Vox en Extremadura empezaran a ceder bajo la presión de la carga ideológica. Los dos consejeros de extrema derecha en el Ejecutivo presidido por María Guardiola han rechazado firmar una declaración institucional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, que, no obstante, se ha aprobado con motivo del Día Internacional contra la LFTBIfobia este domingo.

Por mucho que desde el PP se insista en restar importancia a esta discrepancia y considerarla incluso “normal”, como hizo la portavoz de la Junta, Elena Manzano, el pasado martes, lo cierto es que no lo es porque de lo que estamos hablando es de derechos humanos. No se trata de un simple roce administrativo, es una divergencia de fondo sobre cómo se entiende la igualdad y la protección de las minorías en Extremadura, es asumir que compartes Gobierno con “quienes tiran a una papelera los derechos de las personas LGTBI” y enmascararlo bajo “el respeto a las diferencias ideológicas y las sensibilidades personales”.

Hay que reconocer que la tarea del PP y de Guardiola no es sencilla. Intenta gestionar dos visiones del mundo opuestas y mantener el equilibrio institucional con los derechos LGTBI, cuyo apoyo nadie puede poner en duda en Extremadura, mientras que Vox, desde el mismo Gobierno de la Junta, ha decidido marcar territorio con un discurso que busca desmantelar la especificidad de estas políticas de igualdad. La extrema derecha seguramente necesita agitar la bandera de la batalla cultural para no ser absorbida por la gestión institucional.

El vicepresidente de la Junta y líder regional de la formación ultra, Óscar Fernández Calle, ha recurrido a un argumento tan casposo como engañoso para defender el rechazo de su partido a suscribir una declaración contra la homofobia y a favor de los derechos LGTBI. Fernández Calle sostiene que la Constitución y el Código Penal ya nos defienden a todos. Por supuesto que es así, pero es una media verdad tramposa, un concepto un tanto rancio y una peligrosa simplificación.

Apelar a la igualdad formal para negar políticas específicas es como decir que no hacen falta leyes de violencia de género porque ya existe el delito de lesiones. O sostener que no hacen falta semáforos porque ya existe el derecho a la libre circulación. La protección general que cita el vicepresidente de la Junta de Extremadura ignora deliberadamente la realidad de quienes sufren una discriminación concreta por su orientación o identidad, también en nuestra comunidad. Si fuera suficiente, no asistiríamos a la persistente gravedad de los delitos de odio ni a la exclusión, ya estructural, que todavía sufren muchas personas por el simple hecho de ser quienes son.

Pero es que, además, Fernández Calle se ha referido a los derechos de las personas LGTBI como una cuestión de “tendencia sexual”, un término que la psicología y el derecho internacional ya han superado en favor de la orientación o la identidad. Al recurrir a ese concepto, ha dejado claro que, para Vox, la ley autonómica de protección de homosexuales, transexuales y bisexuales es, en el mejor de los casos, redundante y, en el peor, una imposición ideológica.

Es posible que haya que recordar a Vox que la democracia no consiste solo en no ser agredido, consiste en poder existir con plenitud y visibilidad. Si el PP de María Guardiola permite que su socio vacíe de contenido las leyes de Igualdad bajo el pretexto de que “ya estamos todos protegidos”, la primera gran discrepancia del Gobierno no será una anécdota, sino el principio de un retroceso.

En Extremadura no sobran leyes de igualdad, lo que sobra es usar la Constitución para blindar prejuicios e invisibilizar a quienes todavía hoy caminan con miedo por la calle.