La Junta de Extremadura ha interpuesto una denuncia en un juzgado de Mérida en la que pide medidas cautelares para garantizar la prestación del servicio en cerca de 240 rutas de transporte escolar, que afectan a unos 7.000 alumnos, tras el incumplimiento del acuerdo marco firmado en 2024 por un “grupo minoritario” de empresas.
La denuncia fue presentada anoche ante el juzgado de instrucción de Mérida que estaba de guardia, según ha informado este viernes la portavoz del Gobierno regional, Elena Manzano, que no ha querido desvelar qué empresas forman ese “grupo minoritario”.
Estas empresas no se han presentado a las licitaciones del servicio, por lo que “están pondiendo el riesgo” su prestación. No obstante, la portavoz de la Junta ha garantizado la prestación del transporte escolar en Extremadura, que está formado por un total de 579 rutas, para unos 16.000 alumnos, aproximadamente. La consejera confía en que el juzgado dicte medidas cautelares, pero sí no fuera así la Junta pondría en marcha una alternativa.
Manzano ha explicado que del acuerdo marco suscrito en 2024, con el que dice que están de acuerdo la mayoría de las empresas que prestan el servicio, derivan licitaciones y contratos concretos, como los que afectan a esas cerca de 240 rutas. El acuerdo marco supuso un aumento del gasto en transporte escolar de más de 16 millones de euros, tras constatar el Gobierno de María Guardiola a su llegada en 2023 que se estaba pagando a precios de 2016, ha señalado.Este esfuerzo presupuestario ha supuesto un incremento del 20% del precio en la mayoría de las rutas y hasta un 50% en algunas.
La consejera ha asegurado que la Consejería de Educación ha hecho todo lo posible por resolver este problema y ahora se ha decidido acudir al juzgado porque se trata de un “servicio vital”. No obstante, Manzano tampoco ha querido desvelar qué alegan las empresas afectadas, aunque este periódico desveló la semana pasada que las empresas pequeñas denuncian bloqueos, impagos de la Junta de Extremadura, que en algunos casos llega a los 3.000 euros para las pequeñas empresas, y estrategias de presión de los grandes operadores que participan en el servicio del transporte escolar copn el objetivo de retrasar las adjudicaciones para forzar un aumento de tarifas.
Esta estrategia está llevando, además, a que la Administración tenga que afrontar un gasto extra y al descontento de muchos empresatios que acudieron a las primeras licitaciones y se hicieron con los contratos por un precio mucho menor.
El PSOE denunció a mediados de agosto el “desastre” de gestión del Ejecutivo regional en materia de transporte escolar tras confirmarse que 290 rutas, más de la mitad, habían quedado desiertas en la primera licitación del nuevo acuerdo marco, “dejando en el aire el derecho de miles de estudiantes extremeños a acudir a sus clases”.