Transporte escolar en Extremadura: 253 rutas pendientes y el pulso entre grandes y pequeñas empresas con la Junta

Extremadura afronta un inicio de curso marcado por el retraso en la adjudicación de 253 rutas de transporte escolar, la mayoría de gran capacidad, mientras las empresas pequeñas denuncian bloqueos, impagos y estrategias de presión de los grandes operadores.

El transporte escolar en Extremadura atraviesa una situación crítica. De las 575 rutas que operan en la región, 253 permanecen pendientes de adjudicación, muchas de ellas concentradas en la provincia de Badajoz y con una media de 40 alumnos por vehículo. Las rutas pequeñas —con menos de cinco escolares— han sido adjudicadas parcialmente, pero con retrasos de pago que superan los 30.000 euros en algunos casos, lo que ahoga financieramente a las empresas más modestas.

El conflicto se originó en torno al acuerdo marco firmado en junio de 2024, que regulaba la adjudicación de rutas en función de la antigüedad y eficiencia de los vehículos, además de criterios medioambientales.

Sin embargo, este año algunas grandes empresas extremeñas optaron por no concursar en la primera convocatoria. “Nos mandaban WhatsApp anónimos advirtiéndonos que no concursáramos para no interferir con sus rutas”, denuncia un empresario afectado. La Junta esperaba la entrada de operadores estatales como Alsa u otros procedentes de Galicia, pero finalmente no se presentaron.

La primera licitación dejó desiertas 296 rutas, y las convocatorias posteriores apenas han logrado cubrir parte de la demanda. Actualmente, los precios se sitúan en 110 euros diarios para microbuses de 1 a 8 plazas; 157 euros para vehículos de 8 a 25 plazas; 257 euros para 26 a 55 plazas; y 284 euros para autobuses de 56 a 63. La Junta ha ido contratando es sucesivas convocatorias con un incremento en torno al 20 %, que iguala las tarifas de microbuses con las de autobuses grandes, lo que supondrá un gasto extra para la administración y el descontento de muchos que licitaron por un precio mucho menor.

La presión de los grandes operadores

La situación se agrava con los impagos de la Junta a pequeñas empresas, que afrontan serios problemas de liquidez, y con las estrategias de presión de los grandes operadores, que buscan retrasar adjudicaciones para forzar un aumento de tarifas. El conflicto se repite desde el año pasado, cuando los retrasos obligaron a cubrir rutas con contratos menores y soluciones improvisadas.

El mapa geográfico también añade tensión: muchas rutas pequeñas se concentran en zonas rurales, mientras que las grandes se localizan en torno a Badajoz y su área metropolitana. Esta disparidad ha generado divisiones incluso dentro de las asociaciones del sector, con empresas que no participan en las reuniones informativas, confiadas en que las subidas de precios acabarían favoreciéndolas.

Con el inicio del curso a la vuelta de la esquina, las pequeñas empresas reclaman seguridad jurídica, adjudicación inmediata de sus rutas y el abono de pagos atrasados. Las grandes, en cambio, continúan presionando para mejorar tarifas e influir en las condiciones contractuales. Desde la Junta aseguraron que trabajan para adjudicar todas las rutas a tiempo, pero el historial de retrasos y el pulso con los operadores aumentan la incertidumbre en el sector y entre las familias según se acerca el inicio del curso escolar.

El choque con el Gobierno central

El conflicto del transporte escolar se suma al enfrentamiento entre la Junta de Extremadura y el Gobierno central por el nuevo mapa nacional de autobuses. El Ministerio de Transportes, a través de Óscar Puente, garantizó que cubrirá los municipios donde la Junta no llegue y prometió que no desaparecerán paradas en las líneas interurbanas, comprometiéndose además a transferir más de 40 millones de euros para que las comunidades financien las conexiones con ciudades grandes.

La Junta, sin embargo, respondió con dureza, acusando al Ministerio de “mentir” y de no haber tratado este asunto con la región, pese a que asegura llevar un año alertando de que el rediseño de concesiones estatales afectará a unos 800.000 extremeños. Este enfrentamiento se produce en el marco del nuevo mapa concesional, que busca rutas más eficientes con menos paradas y billetes más baratos, siempre que las autonomías creen nuevas conexiones locales.

Una normativa que asfixia al sector

Para Nerea Carpintero, abogada de la Empresa de Transportes Asociadas, Etransa, la raíz del problema está en una normativa “desproporcionada” que coloca a las empresas en una situación insostenible. “El equilibrio económico no es viable”, advierte. Explica que, si una compañía no puede sacar el vehículo con el que licitó el servicio por una avería u otro imprevisto y decide sustituirlo por otro autobús, aunque sea más nuevo, se expone a sanciones de 4.001 euros y a la pérdida de la honorabilidad. “La honorabilidad significa que te pueden retirar el título de transportista, lo que equivale a quedarte fuera del sector”, subraya.

Esta realidad, asegura, hace que muchos profesionales se sientan “perseguidos y maltratados por la administración”. El nuevo acuerdo marco firmado, añade, tampoco recogió las condiciones mínimas para garantizar la viabilidad del servicio. De ahí que algunas empresas optaran por licitar rutas que les compensaban, mientras que otras no se presentaron. “El resultado es que casi la mitad de las rutas escolares han quedado sin cubrir a estas alturas”, advierte Carpintero. Ante la urgencia, la Junta ha recurrido a contratos de emergencia con precios más altos. “Me parece bien, porque el servicio hay que pagarlo —reconoce—, pero se está generando un agravio comparativo: las empresas que licitaron en su momento están haciendo las mismas rutas un 20 % más baratas, y eso no es justo”.

Un servicio esencial en riesgo

El malestar en el sector no es solo económico, también tiene una dimensión social. “La gente está desanimada”, señalan empresarios, que recuerdan que a día 28 de agosto aún no han cobrado este servicio escolar del mes de junio. La situación se complica aún más con los llamados “costes de servicio”, un modelo de transporte escolar que obliga a facturar de manera anual. “Llevamos sin cobrar desde septiembre del año pasado esos costes de servicio. No es normal. Me pagas mal, con malas condiciones, me persigues como si fuera un delincuente y encima no me pagas. Al final el transporte escolar no lo va a querer hacer nadie”, denuncia la abogada.

En este contexto, el sector reclama con urgencia un cambio de rumbo. Los profesionales insisten en que el transporte escolar no es un servicio cualquiera: garantiza la igualdad de acceso a la educación en una región dispersa y rural, donde para muchos estudiantes el autobús es la única vía de llegar al colegio. “No pedimos enriquecernos a costa de nadie. Pedimos contratos justos”, resumen. Si la administración no actúa, advierten, el riesgo es que el transporte escolar en Extremadura quede seriamente debilitado, con consecuencias directas para miles de familias.