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PACMA exige penas de hasta 10 años de prisión por delitos de maltrato animal

Dos de la treintena de perros de rehala muertos por inanición en una finca de Azuaga (Badajoz)

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El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha elevado su exigencia al Gobierno de España para que se reforme “urgentemente” el Código Penal con el fin de aumentar las penas de prisión por maltrato animal, pasando del máximo actual de dos años a un tope de diez años en los casos más graves.

Esta petición llega tras el “escalofriante” caso de un cazador investigado este pasado agosto por la muerte por inanición y sed de 32 perros de caza en una finca de la localidad pacense de Azuaga.

PACMA ha denunciado que, bajo la legislación actual, y a pesar de la “extrema crueldad” del suceso, es muy probable que el responsable no ingrese en prisión, ya que el delito de maltrato animal nunca supera los dos años, aplicándose la suspensión de la pena.

“El caso de El Patilla -como se conoce al cazador-, que mató a 32 perros de la forma más cruel que existe, es el ejemplo más repugnante de la impunidad que sigue existiendo en España”, ha declarado el presidente de PACMA, Javier Luna. “Es inaceptable que alguien pueda cometer una barbaridad así y se vaya de rositas porque la ley lo permite. Esto no es justicia, es una burla a las víctimas y un mensaje claro a los maltratadores: matar animales sale prácticamente gratis”, ha añadido.

El partido ha subrayado que penas de prisión “reales y disuasorias”, como la que exige —un máximo de hasta diez años—, son la única medida efectiva para evitar que los agresores continúen pensando que no enfrentarán consecuencias graves por sus actos. “Necesitamos que quienes matan o torturan a los animales sepan que van a pisar la cárcel y que se les inhabilitará de por vida para tener cualquier animal o trabajar con ellos”, ha aseverado.

Según ha indicado, “solo endureciendo las penas podremos empezar a proteger realmente a los animales”.

Por ello, PACMA ha reiterado su compromiso de impulsar estas reformas de manera prioritaria en el Congreso y ha instado al Ministerio de Justicia que acometa “el cambio legislativo que ponga a España al nivel de protección animal de otros países europeos”.

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