Un juzgado tramita una denuncia por prevaricación contra la vicealcaldesa de Mérida Raquel Bravo

Una, dos, tres… hasta en doce ocasiones un vecino de Mérida comunicó a la delegada de Urbanismo y vicealcaldesa Raquel Bravo que algo olía mal en ese negocio. Pero ni caso. Escritos formales, aviso de posibles querellas. Ni caso. Y al final, tras dos años de cartas, escritos, comentarios y súplicas, llegó la denuncia por prevaricación.

“Es inexplicable, no entiendo a qué intereses obedece la conducta de la denunciada, que a pesar de las reiteradas denuncias formuladas, a pesar de constarle que la actividad que se venía desarrollando carecía del preceptivo acto legitimador, a pesar de saber que existían informes jurídicos que aconsejaban la clausura de la actividad…” Esa es la retahíla de razones que argumenta el denunciante, vecino de Mérida, ante la jueza titular del juzgado número 2 de la capital extremeña en su denuncia contra la vicealcaldesa.

Dos años de ninguneo

Esta batalla legal que ha iniciado su andadura a finales de 2014, comenzó a fraguarse dos años atrás, en junio de 2012 cuando en la calle san Salvador de Mérida comenzaron las obras para la instalación de un bar. A partir de ese momento, y ya escamado por otros antecedentes, uno de los vecinos remitió un escrito a la delegada de Urbanismo Raquel Bravo pidiendo explicaciones sobre ese proyecto, en concreto sobre si esa obra tenía la licencia obligatoria y si ese establecimiento tenía licencia de apertura. No hubo respuesta. Un mes después hubo un segundo escrito a Bravo en términos similares. Sin respuesta. En noviembre, el afectado elevó el tono de sus peticiones e indicó que de no tener respuestas en plazo y forma no tendría más opciones que acudir a los tribunales de justicia. Y pocos meses después recibió, según consta en la denuncia, un escrito de la delegada de Urbanismo, explicando que el bar no tenía los permisos pertinentes pero que estaban en trámites de aportar la documentación requerida por el Ayuntamiento.

A lo largo de los años 2013 y 2014 sigue el reguero de escritos a la delegada de Urbanismo, con el bar ya en funcionamiento, y nuevas quejas por ruidos y otras molestias, que fueron denunciadas. Finalmente, en marzo de 2014, el local recibió la licencia de apertura, pero el denunciante considera que no se pueda conceder esa licencia por incumplir la ley de accesibilidad.

Manuales en desuso

En los manuales sobre licencias en vigor se indica claramente que el procedimiento administrativo a seguir tras constatar la inexistencia de licencia y conceder audiencia al interesado es dictar orden de clausura de la actividad. En este caso, las recomendaciones del manual cayeron en saco roto.

“No se adoptó ni una sola medida para acabar con una situación absolutamente irregular, abierta al, público, sin contar con el acto legitimador, a pesar de las múltiples denuncias, y constarle a la denunciada tal situación”, indica el denunciante.

Además de la pasividad a la hora de actuar, además de ese presunto delito de prevaricación, la denuncia incluye un detalle que en su opinión añade a la gravedad a los hechos: la vicealcaldesa de Mérida no es ajena al mundo del urbanismo, ya que al margen de su cargo político como concejala de urbanismo, en su actividad profesional es arquitecta.