Los miles de alumnos que no han podido asistir a clase los dos primeros días el nuevo curso escolar afrontan este lunes una nueva jornada de incertidumbre tras no haberse alcanzado, hasta el momento, un acuerdo entre la Junta y las empresas que ponga fin a una situación que esta semana llegará a la calle en forma de concentraciones de las familias en los centros educativos y una huelga estudiantil.
La Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FREAMPA) ha llamado a las familias a concentrarse todos los días a partir de este lunes, a mediodía, en la puerta de los centros educativos receptores del alumnado afectado, “en señal de protesta y en defensa de una educación presencial, gratuita y en igualdad de condiciones para todos”.
Lo hará además para mostrar su rechazo a la decisión adoptada por la Consejería de Educación de imponer la enseñanza telemática como solución al problema del transporte escolar, que a su juicio no garantiza el derecho a la educación en igualdad.
Por su parte, la Federación Estudiantil de Extremadura (FADAEX) ha convocado una huelga de alumnos indefinida a partir del próximo viernes, 19 de septiembre, hasta que se resuelva el problema En un escrito remitido a la Consejería de Educación, ha anunciado además que se solicitará el aplazamiento de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) si la situación no se soluciona en un plazo de 30 días hábiles desde este lunes.
Todo ello después de que representantes de la Consejería de Educación, con su titular a la cabeza, Mercedes Vaquera, se reunieran el pasado viernes con las empresas de transporte escolar que no se presentaron a la licitación para el presente curso. Vaquera explicó que el motivo del encuentro era establecer la “normalidad” cuanto antes para alumnos y familias, además de indicar que se está dando prioridad a los centros de educación especial “por la connotación de vulnerabilidad de los alumnos”.
Anunció además que el próximo martes el consejo de gobierno aprobarán ayudas de kilometraje de 0,26 euros el kilómetro para las familias que se vean obligadas a trasladar a sus hijos hasta los centros educativos afectados por la falta de transporte y que se intentará facilitar el trámite “y que no se tengan que complicar la vida”.
Sin embargo, eludió pronunciarse sobre las críticas recibidas respecto a la decisión de instaurar la enseñanza telemática para los alumnos afectados, ya que, según alegó, está centrada en escuchar las aportaciones que puedan ser beneficiosas para solucionar este problema.
La enseñanza telemática, rechazada por la comunidad educativa
Una medida, la de la enseñanza on line, que ha recibido críticas de partidos políticos, sindicatos, padres y estudiantes por considerar que no garantiza los mismos resultados que la enseñanza presencial y que genera desigualdades especialmente graves en entornos rurales, donde muchos estudiantes carecen de recursos tecnológicos o conectividad suficiente.
Una opción que el sindicato PIDE ha tildado de “ilegal” porque también es un cambio significativo en las condiciones laborales de los docentes y debería pasar antes por Mesa Sectorial de Educación.
Por su parte, el PSOE ha anunciado que denunciará la situación ante el Defensor del Pueblo y estudia además emprender otras acciones legales “dado que se conculca un derecho fundamental como es la educación”.
Unidas por Extremadura, por su parte, no descarta llevar a los tribunales al Gobierno de María Guardiola por vulnerar el derecho constitucional a la educación a miles de estudiantes que se están viendo afectados por el “caos” del transporte escolar.
Todo ello en medio de peticiones de dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, por ambas fuerzas políticas y también por organizaciones como el sindicato USO.
Las zonas rurales, las más afectadas
De momento, alrededor de 220 rutas escolares de las 579 que conforman el mapa del transporte escolar extremeño se han quedado sin servicio, lo que ha afectado a miles de escolares residentes, principalmente, en municipios de entornos rurales o de poca población
Aunque la cifra dada inicialmente de estudiantes afectados por la falta de prestación de este servicio rondaba los 7.000 para las 242 rutas sin adjudicar, las últimas licitaciones de rutas han reducido el número de las mismas a unas 220, por lo que la cifra de alumnos que se han quedado sin dicho transporte también ha disminuido.
Ni la Consejería de Educación ni las empresas que no han optado al concurso de este servicio han ofrecido cifras concretas.