El vicepresidente extremeño de Vox rechaza acoger más menores migrantes y avisa que solo quedan 14 plazas libres
El vicepresidente del Ejecutivo extremeño, Óscar Fernández Calle (Vox), ha rechazado la acogida de más menores migrantes no acompañados en la comunidad tras la aprobación de un real decreto por el que el Gobierno de España ha actualizado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de las autonomías según su población.
Con este nuevo decreto, el Ejecutivo central incrementa de 344 a 364 la capacidad ordinaria asignada a Extremadura, una decisión “unilateral, sin consultar y sin conocer la red asistencial extremeña”, ha dicho Fernández Calle. Según ha afirmado, elevar la cifra a 364 plazas cuando actualmente hay 107 menores tutelados supone, en la práctica, “triplicarla”.
Ante este escenario, el vicepresidente ha defendido que la prioridad del Ejecutivo regional es garantizar una atención “digna, individualizada y de calidad” a todos los menores bajo protección, por lo que ha sentenciado que esa “teórica cifra” de 364 no es asumible. Según ha advertido, la red asistencial extremeña está “al borde del colapso” porque en estos momentos, la Junta tutela a 107 menores migrantes no acompañados y “sólo quedan 14 plazas libres” en el conjunto de la red asistencial de menores, con independencia de que los futuros usuarios de las mismas sean de nacionalidad española o extranjera.
Fernández Calle ha atendido a los medios de comunicación en Mérida el mismo día en el que los consejeros que gestionan la atención a menores extranjeros no acompañados de todas las comunidades autónomas estaban convocados a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia. Sin embargo, todos los consejeros de Vox que gestionan dichos servicios en Castilla y León, Aragón y Extremadura se han ausentado de la cita como forma de rechazo al reparto anunciado por el Gobierno central.
El vicepresidente ha instado formalmente a habilitar las dependencias de la Delegación del Gobierno en Extremadura en esta comunidad para la acogida de los menores. Asimismo, ha animado al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y a “algunos” alcaldes, como el de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, a quienes ha calificado de “muy solidarios con los recursos de los demás”, a que procedan a “predicar con el ejemplo” y a destinar recursos “personales” para atender a estos menores.
Respecto al perfil de los menores tutelados actualmente, ha expuesto que 19 de los 107 cuentan con referentes familiares en España y otros cinco disponen de familiares fuera del país. El vicepresidente ha señalado que esta circunstancia podría dar lugar a procedimientos de reagrupación familiar, “siempre que se cumplan los requisitos legales”. “Intentaremos que vuelvan con esos familiares”, ha agregado, defendiendo que la prioridad debe estar en garantizar que el menor se encuentre, si es posible, en su propio ámbito familiar.
Finalmente, Fernández Calle ha reiterado que la Junta de Extremadura utilizará “todas las herramientas jurídicas y políticas” a su alcance para impedir nuevos repartos que considere contrarios a la capacidad real del sistema regional. Estas medidas incluirán desde recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa hasta la posible exigencia de responsabilidades penales por la aplicación de la Ley de Extranjería. “Vamos a luchar con todas las armas legales que tiene el Gobierno de Extremadura para que no vengan más”, ha insistido.