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La abogada de los acusados del robo de Atrio recurrirá la condena por falta de evidencias y la excesiva pena de prisión

Sylvia Córdoba en un momento del juicio celebrado en la Audiencia Provincial los días 27 de febrero y 1 de marzo

Inmaculada Franco

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Sylvia Córdoba, la abogada de los acusados por el robo de las 45 botellas de vino del restaurante cacereño Atrio, valoradas en 1,6 millones de euros, que han sido condenados por la Audiencia Provincial a 4 años y medio de prisión él, Constantin Dumitru, y a 4 años ella, Priscila Lara, recurrirá esta semana la sentencia, por considerar que en el juicio no se han aportado evidencias y que, en el peor de los casos, se podría hablar de un hurto y no de un robo, puesto que no está demostrado que la puerta de la bodega estuviera cerrada y la tuvieran que violentar para acceder a ella.

En su opinión, hay un error en la tipificación jurídica del delito, que tendría que haberse calificado como hurto ante la imposibilidad de demostrarse que la puerta estaba cerrada, dijo.

Asimismo, la letrada considera que el tribunal ha pasado de puntillas por el hecho de que, realmente, “no hay evidencias aportadas por parte de la policía”, en concreto, a las contestaciones de las compañías telefónicas, sobre el volcado de los datos y el registro de las llamadas, y “eso es insalvable, sino se aportan las contestaciones de las compañías telefónicas no hay cómo cotejar, no se puede comprobar que lo que dice la policía es cierto”.

Córdoba no quiere hablar de “errores” en la sentencia porque “todo en Derecho es interpretable”, pero sí reconoce que ha habido pruebas que se han dado por válidas sin estar acreditadas.

Córdoba, que quiere tener presentado el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura esta misma semana, considera que la pena impuesta a los acusados es excesiva. Además, en su recurso planteará las mismas quejas que planteó en las cuestiones previas al juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Cáceres, en cuanto a que considera que las diligencias policiales contra los acusados fueron desproporcionadas, violando su derecho a la intimidad y vulnerando sus derechos fundamentales.

La letrada, que mantiene la inocencia de sus defendidos, pedirá de nuevo la nulidad del auto de prisión que dictó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Cáceres, por basarse en unas diligencias que siempre ha considerado abusivas.

La Audiencia Provincial, además de la pena de prisión, pide que ambos condenados indemnicen conjunta y solidariamente con 753.446 euros, a la compañía aseguradora de Atrio, que pagó a los afectados ese dinero por las botellas robadas

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