La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que se lucraba económicamente a través de empleados extranjeros en situación irregular para trabajar en España, en dos explotaciones agrícolas ubicadas en el norte de la provincia de Cáceres.
Cinco personas han sido investigadas por su presunta implicación en la comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de pertenencia a grupo criminal.
Durante mayo del año pasado se llevaron a cabo varias inspecciones en fincas ubicadas en distintas localidades del norte de Cáceres, donde fueron identificados más de medio centenar de trabajadores extranjeros, de los que siete se encontraban de forma irregular en España, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Cáceres. Además, sobre cuatro de los detenidos pesaba un señalamiento en vigor de orden de expulsión del territorio Schengen.
Estos hechos desembocaron en el inicio de una investigación con la que la Guardia Civil detectó el 'modus operandi' de los cinco contratistas, quienes formaban presuntamente una estructura organizada con roles definidos y cuyo objetivo era lucrarse económicamente valiéndose de estos trabajadores extranjeros y de su situación. Estas cinco personas, residentes en la provincia de Badajoz, utilizaban la empresa de una de ellas para revestir de apariencia de legalidad sus acciones.
Actuaban como intermediarios entre dos explotaciones agrícolas del norte de la provincia de Cáceres y los trabajadores extranjeros y proporcionaban a los agricultores la mano de obra requerida a cambio del pago de una determinada cantidad por cada empleado facilitado, “desconociendo los agricultores la situación real de los jornaleros”, según ha destacado la Guardia Civil. Además, estas personas arrendaban viviendas con la finalidad de alojar a los trabajadores inmigrantes y obtener mayores beneficios con el alquiler de las mismas.
El pasado mes de febrero los agentes tomaron declaración en calidad de investigados a cinco personas residentes en la provincia de Badajoz.
En la inspección de las fincas, la Guardia Civil contó con el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cáceres, así como de la Policía Nacional, a través de la cual se iniciaron los correspondientes trámites de expulsión del territorio nacional para los trabajadores extranjeros en situación irregular.
Esta operación se enmarca entre los objetivos contemplados por la Guardia Civil en su Plan Estratégico, concretamente la lucha integral contra las redes de inmigración irregular y el control de los flujos migratorios irregulares.