El sindicato CSIF Extremadura iniciará movilizaciones por la equiparación salarial de los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Extremadura si el Ejecutivo regional no responde a su petición de convocar una mesa de negociación que aborde una subida de los complementos específicos para igualar sus retribuciones con las de trabajadores de este sector de otras comunidades autónomas.
Su presidente, Benito Román, ha exigido una negociación “seria, urgente y transparente” para acabar con el “agravio” que sufren los empleados públicos porque, de lo contrario, “el otoño será muy calentito”. Según ha apuntado, los 17.000 empleados públicos de la Administración General regional están percibiendo “unos 300 euros de media menos al mes que los de otras comunidades autónomas”.
Ante ello, el pasado 20 de junio remitieron una carta a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, solicitando abordar este asunto en Mesa General de Negociación y, en caso contrario, ha afirmado que CSIF iniciará “acciones contundentes en la calle”.
En el ecuador de la legislatura y ante un inicio de curso político “bastante convulso”, CSIF ha denunciado las diferencias salariales existentes entre los trabajadores de la Administración General de cada Comunidad Autónoma, por lo que han solicitado la subida de los complementos específicos para igualar las nóminas de los empleados extremeños a la media del resto de autonomías.
De igual manera, ha demandado el reconocimiento de los pluses por nocturnidad y festividad en periodos de vacaciones, permisos y bajas médicas y el cómputo como servicio prestado de las vacaciones retribuidas y no disfrutadas.
Aún así, Román ha asegurado que sin presupuestos generales, tanto nacionales como autonómicos, “muchas de estas reivindicaciones van a ser muy difíciles de conseguir” y ha requerido de los grupos parlamentarios que “tengan altura de miras” y consigan “unos presupuestos que se adapten a la realidad”.
Además, el sindicato ha anunciado que continuará su lucha por la homologación salarial del personal docente no universitario, ante lo que ha pedido a la Consejería de Educación que llegue a un acuerdo antes de que se produzca la huelga convocada el 7 de octubre, a la que están llamados 17.000 trabajadores.
El dirigente sindical ha manifestado además su preocupación ante la “parálisis” en negociación con el Gobierno de España lo que, a su juicio, supone “una gran pérdida de poder adquisitivo” para todos los empleados públicos. Según sus datos, esta pérdida se cifra por encima del 20% de capacidad de compra desde que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero rebajase las nóminas entre un 5% y un 10%.
También ha cuestionado por qué el Gobierno de España “no desea sentarse” a negociar con los sindicatos una subida salarial para los 3,5 millones de empleados públicos, 110.000 en Extremadura, en un contexto en el que estos se están empobreciendo.
Por otra parte, ha recordado que en los últimos diez años no se han aplicado cambios en la normativa autonómica para que el sindicato pueda estar en todos los foros de diálogo social de Extremadura, en los que “se siguen viendo a los mismo actores, mismos planes y mismos privilegios”.
“No estamos en los foros de diálogo social de la comunidad autónoma siendo el sindicato más representativo en el ámbito de gestión de la Junta de Extremadura con el 46,22%. Este es el sindicato que más crece en el sector privado”, ha concluido.