Educación rechaza la crítica de algunos colegios concertados: “El criterio es el mismo de los públicos”
La Consejería de Educación y Empleo aplica en los centros concertados, a la hora de definir el número de unidades, el mismo criterio de alumno por aula que en los centros públicos. Un procedimiento que se lleva a cabo de acuerdo con las normas básicas de obligado cumplimiento recogidas tanto en la Ley Orgánica de Educación (LOE), como en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) para los centros sostenidos con fondos públicos, asegura ese departamento en un comunicado-respuesta a las críticas de algunos concertados.
En ambas leyes educativas, la ratio en Educación Primaria está establecida en 25 alumnos por grupo, mientras que en Educación Secundaria Obligatoria es de 30 alumnos por grupo. La Consejería de Educación muestra su “sorpresa” por las protestas por la adaptación de las ratios a las establecidas en la normativa vigente, que han anunciado los centros concertados y las organizaciones sindicales.
Si la Consejería accediera a las pretensiones de los centros y de las organizaciones sindicales, que piden mantener ratios en ESO de 19 y 20 alumnos por grupo, los centros concertados “estarían incumpliendo la normativa que regula las ratios y, además, tendrían ratios por debajo de las establecidas en los centros públicos de sus mismas características”.
Asimismo, “sorprende comprobar” que los mismos centros concertados que protestan por tener grupos de ESO de 30 alumnos, una ratio legalmente establecida, tengan grupos de Primaria con 27 y 28 alumnos, una ratio que está muy por encima de los 25 alumnos establecidos legalmente para esta etapa.
Por otra parte, los centros concertados de la provincia de Cáceres que han anunciado protestas “están tratando deliberadamente de confundir a la opinión pública, mezclando interesadamente grupos de alumnos con apoyos para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales con grupos ordinarios”.
Los centros, además de los profesores para atender las distintas materias curriculares, tienen otros profesores de apoyo, como son los especialistas de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica, para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales, así como un conjunto de horas de apoyo. Algunos de estos centros tienen tres profesores de apoyo a tiempo completo y un número importante de horas también de apoyo.
Educación niega además que exista falta de información sobre estas modificaciones, ya que los centros “tuvieron una primera información en las mesas provinciales, celebradas el pasado mes de julio y, a primeros de septiembre, tanto la patronal como los centros individualmente, han recibido información del contenido de la resolución que regula el resultado de las unidades y que va a publicarse próximamente”e.
Se trata de una resolución que en la legislatura anterior se publicaba los primeros días de octubre. Además, en la mesa técnica celebrada el pasado 14 de septiembre, de la que forman parte todas las organizaciones patronales y sindicales, se dio cumplida información y, en los últimos días, el secretario general de Educación está manteniendo reuniones con aquellos responsables de centros que la han solicitado.
USO protesta
La Federación de Enseñanza del sindicato USO de Extremadura ha pedido una reunión urgente con la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, para analizar la “situación conflictiva” existente en la concertada, con problemas de “recortes laborales, despidos y recortes de unidades”.
En otro comunicado USO recuerda que la enseñanza concertada representa al 20 por ciento del alumnado y a más de 2.000 trabajadores en Extremadura y denuncia que en el inicio del curso “está sufriendo diversos problemas, como falta de docentes hasta octubre, recortes laborales, despidos o reducción de unidades concertadas”.
Señala que “por desgracia esta no es una situación nueva”, ya que este colectivo está sufriendo distintos recortes de forma progresiva desde los últimos años.
A estos problemas laborales derivados de los recortes mencionados, se suma el que no se estaría cumpliendo con lo establecido en la Constitución en lo relativo a libertad de enseñanza o derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos.
Por ello, reclama un encuentro con la máxima responsable de la consejería a fin de buscar desde el consenso soluciones satisfactorias en beneficio de alumnos y trabajadores
