Fiscalía mantiene la petición de cárcel para dos ex alcaldes de Jaraíz por ruidos
La Fiscalía mantiene la petición de penas de cárcel para dos últimos alcaldes de Jaraíz de la Vera y los tres propietarios de un pub de esta localidad por no atender las múltiples denuncias por ruidos puestas por una vecina, que ha sufrido problemas de salud por este motivo.
El Juzgado de lo Penal de Plasencia celebró la segunda sesión del juicio contra los ex alcaldes José Agustín Tovar y José Bonifacio Sánchez y los tres propietarios del pub “Barbarroja”, M. J. O. (que regentó el bar entre 2001 y 2012), A. H. (de abril de 2012 a abril de 2013) e I. C. (de abril de 2013 hasta abril de 2014).
En sus conclusiones finales la fiscal ha mantenido su escrito de acusación y ha pedido una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo publico y quince meses de prisión por un delito de prevaricación para los dos ex responsables políticos acusados.
En el caso de los tres propietarios del local, ubicado en el número 21 de la Plaza Mayor y que fue cerrado por orden judicial en el año 2014, la fiscal ha reclamado tres años y nueve meses de prisión por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en concurso medial con un delito de lesiones.
Además, los cinco acusados deberían indemnizar de manera solidaria a la demandante con 7.000 euros por los daños morales causados.
La Fiscalía considera probado que los tres propietarios eran conocedores de la contaminación acústica que emitía su negocio, y sin embargo actuaron de forma negligente y pasiva y no hicieron nada, a pesar de las numerosas quejas y abrumadoras denuncias interpuestas por la denunciante, Gema Rivero, que vive encima del pub.
Actitud sin explicación
De igual forma ha subrayado la “inexplicable actitud pasiva” de los alcaldes, quienes eran conocedores de las emisiones de ruidos producidos por el bar Barbarroja y no adoptaron medidas eficaces para la protección del medio ambiente y la salud de los vecinos.
Por su parte el abogado de la demandante ha solicitado inhabilitación para los dos ex alcaldes por diez años y cuatro años de prisión para los tres propietarios del local, y ha elevado a 100.00 euros la indemnización.
El abogado de Rivero considera que la “abundante prueba incriminatoria existente” ha constatado que la denunciante “ha vivido un infierno en su propia casa” durante casi 15 años debido a los ruidos provocados por el pub, por lo que se encuentra en tratamiento neurológico.
Respecto a los responsables políticos, para el letrado de la acusación particular “es claro” que han incurrido en “dejación de funciones, competencias y responsabilidades, además de actuar sin respeto alguno hacia la vecina afectada y su familia”, ha dicho.
Los abogados de los cinco acusados han solicitado la libre absolución de sus clientes.
En el caso de los tres propietarios del bar, los abogados han defendido que la actividad contaba con todos los permisos y licencias pertinentes, que tras las primeras denuncias por ruidos se realizaron distintas obras de acondicionamiento del local, que siempre se atendieron los requerimientos municipales y que no ha existido dolo.
Las defensas de los dos ex alcaldes han coincidido en señalar que en ningún caso ha existido “inactividad prolongada” por parte del Ayuntamiento, ya que cada vez que se produjo una denuncia, los regidores “actuaron como debían”.
