Los liberales, partidarios de que los particulares puedan alquilar pisos a los turistas
No son pocos los sectores que ha revolucionado este fenómeno, por el bajo coste de los servicios ofertados, como se está dando, por ejemplo, en el sector de los transportes, con proveedores como BlaBlaCar, razona el liberal Club de los Viernes de Extremadura. Pues bien, el sector hotelero tampoco se está librando del impacto del fenómeno en cuestión, manifiesta ese grupo a raíz de la reciente inspección por parte del Ayuntamiento de Mérida a 25 pisos turísticos.
Según un informe de la escuela de turismo Ostelea, 7’4 millones de viajeros internacionales recurrieron a este tipo de servicios para alojarse en el territorio nacional. Ya son más de 50 millones los turistas que han recurrido a la plataforma Airbnb, una de las más populares. Asimismo, de acuerdo con el Observatorio Turístico de Extremadura, en agosto y en diciembre de 2015, la demanda de establecimientos extrahoteleros experimentó una variación interanual de, respectivamente, un 2’8 y un 5’49%.
No obstante, tal tendencia, de la que se está quedando exenta la región, “no solo desagrada al sector hotelero, sino también, a las administraciones públicas regionales”, valora el Club de los Viernes.
Reclamación de una ley nacional reguladora
Si bien ya en el año 2014 la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (CETEX) compareció en la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Asamblea de Extremadura para solicitar la regulación del alquiler de viviendas privadas para uso turístico, el pasado martes, día 20, “saltaron las alarmas” en el consistorio emeritense.
La Asociación Hostelera de Mérida, la Federación Extremeña de Turismo Rural y el ayuntamiento de la capital autonómica “han detectado” más de 325 alojamientos turísticos “ilegales”, considerando el primer edil de la ciudad, Rodríguez Osuna (PSOE), que esto supone una “competencia desleal e ilegal a los establecimientos hosteleros de la ciudad”.
Asimismo, mientras que el vicepresidente de la Federación Extremeña de Turismo Rural, Genaro Garrido, alertaba de que “esto ha supuesto una merma en los ingresos” tanto de los hosteleros como de las arcas municipales, el alcalde considera que la solución estriba en una ley y una nueva normativa del Gobierno de España.
Dicha propuesta coincide con la del consejero autonómico de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, quien considera la conveniencia de una regulación nacional, pero no solo aplicada a esta variante hostelera, sino al fenómeno en su totalidad (por ejemplo, en materia de transportes). Asimismo, cree Navarro que esta regulación contribuiría a la “calidad” y al “buen servicio”.
Otra medida proteccionista
Desde el act-tank liberal Club de los Viernes consideran que los ciudadanos son “tan libres de proveer los medios de su vivienda a un huésped como este de demandar un servicio alternativo a las casas rurales y los hoteles”. Asimismo “la preocupación por la calidad y el buen servicio son excusas eufemísticas para perseguir la economía colaborativa, cuando el cliente siempre va a tratar de buscar lo que más le convenga valorando tanto la calidad como el precio”.
“Lo que supone un ataque a la competencia es la regulación administrativa, al pretender que no haya cierta alternativa de mercado al tradicional sector hostelero, lo cual es otra medida proteccionista como, por ejemplo, la regulación de horarios comerciales y el escepticismo al libre comercio internacional. Es la regulación de las administraciones estatales el principal enemigo de la libre competencia”, declaran desde el CdV.
Concluyen desde la plataforma liberal pidiendo a las administraciones que no incurran en subestimaciones y que respeten la libertad tanto de oferta como de demanda.
