La Xunta se apresuró a autorizar de nuevo la caza de lobos ibéricos en Galicia a principios de abril, solo un día después de que el cambio normativo aprobado en el Congreso que desprotegió a la especie entrase en vigor. Pero la autorización autonómica estuvo vigente poco tiempo: el 10 de junio un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la paralizó cautelarmente al entender que se podía ver comprometida la viabilidad de las poblaciones de este animal. En esos dos meses llegaron a los despachos de la Consellería de Medio Ambiente varias peticiones para salir a abatir lobos. Y, pese a que el Gobierno gallego insiste en que el animal amplía sus territorios, crece en número de manadas y sus ataques se cobran víctimas diarias, solo dos de las solicitudes pasaron su propia criba (en la que se requiere que haya daños en explotaciones ganaderas) y en ninguna de esas esperas se mató a ningún individuo.
Esas salidas autorizadas que se saldan sin cadáveres de lobos no son una rareza en Galicia, a pesar de que, según la Xunta, en su territorio se concentran el 68% de las manadas de la península ibérica. Un informe difundido en septiembre de 2023 por el sindicato Unións Agrarias -que está a favor de que el lobo se pueda abatir- señalaba que la caza tiene “una posición marginal” en las medidas aplicadas en la comunidad cuando se registran muertes entre el ganado. Y, para ilustrarlo, exponía que en los diez años anteriores se habían autorizado 60 batidas, con un resultado discreto en términos de animales cazados: apenas 11 ejemplares, el último de ellos en 2013. Las cifras distan de las de Castilla y León, con una media anual de 105 animales muertos; Asturias, con 45; o Cantabria, con 35. Es decir, en Galicia hace 12 años que no muere un lobo ibérico en una acción autorizada de caza. Y solo en tres años y medio de esos 12 el motivo fue que matar a este animal estaba prohibido.
Este es el telón de fondo de la concienzuda batalla que la Xunta, gobernada por el PP, está dando para que en los montes gallegos se puedan matar lobos, incluso si ese recurso para la “gestión” de las poblaciones tiene un peso escaso. “La Xunta quiere matar lobos simple y llanamente como arma política. Prácticamente nunca se han matado lobos legalmente en Galicia, por lo menos en los últimos 15 años”, dice Jorge Soto, de la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (Ascel). Lo hace en reacción al último paso dado por el Gobierno gallego: ha recurrido la paralización cautelar dictada por el TSXG pese a que la norma que quedó en suspenso es la que se refiere a la temporada de caza actual, que termina en poco más de un mes, el 31 de julio. Considera que el Gobierno gallego está usando al lobo como una cuestión “ideológica, sin basarse en el mejor conocimiento científico o en datos”.
El empeño de la Xunta es para Ernesto Díaz, coordinador en el Fondo para la Protección del Lobo, uno de los “espasmos locales” de lo que considera una “marea de fondo” de ideología reaccionaria defendida sobre todo por la derecha y la ultraderecha -aunque matiza que, para el caso del lobo, “no es exclusiva” de estas posiciones políticas- y que entronca con el negacionismo científico. Ve lo que él define como “un hilo negro” que une este discurso con otros sobre la ocupación de viviendas, la llegada de menores migrantes o la visibilización de las personas trans. “Tienen un denominador común, que es la idea de la invasión”, expone.
La Xunta se opuso en 2021 a que la especie se incluyese en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe), lo que llevaba a que no se pudiese cazar. La prohibición estuvo vigente desde septiembre de aquel año. En marzo de 2025 una enmienda a una ley sobre desperdicio alimentario le retiró esa protección, con el apoyo de PP, Vox, Junts y PNV. Fue entonces cuando la Xunta modificó la resolución por la que regulaba la temporada de caza 2024-25 y reintrodujo su plan de gestión del lobo, dentro del que figura la posibilidad de cazarlo si hay daños a explotaciones ganaderas. Entidades ecologistas y conservacionistas llevaron ante la Justicia esta decisión y pidieron medidas cautelares, que son las que ha aceptado el TSXG -en concreto, en este caso, a las pedidas por WWF-. Pero hay ya también recursos presentados contra la norma para la temporada 2025-26, con petición prevista de cautelares, sobre los que es previsible que la Justicia se pronuncie en las próximas semanas.
Una población estable en Galicia
Cuando se conoció el freno judicial a la caza de lobos en Galicia, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, recurrió a la hipérbole: “Lo que no se puede pretender es que Galicia albergue a todos los lobos de toda España”. Los propios datos del Gobierno gallego desmienten que la población de la especie se haya disparado en la comunidad. Su censo más reciente, realizado entre 2021 y 2022, concluyó que no se puede hablar siquiera de crecimiento. El cálculo es que hay 93 manadas reproductoras (21 de ellas compartidas con otras comunidades autónomas y Portugal), frente a las 90 que estimaba el estudio anterior, hecho entre 2013 y 2015. A pesar de que el trabajo encargado por la Xunta señala explícitamente que “se puede concluir que las poblaciones de lobo ibérico en Galicia se mantienen estables”, Vázquez se aferra a esta diferencia de tres manadas en la estimación para defender que ha habido un aumento.
Las conclusiones del Gobierno central apuntan incluso que, en el cómputo total de España, ha habido una cierta recuperación de las manadas, pero siguen un tercio por debajo del umbral de seguridad. Hay 333, pero se considera que deberían llegar a 500. El informe del Ministerio para la Transición Ecológica que reúne los datos de todas las comunidades indica que lo que hay en Galicia es una estabilización. Y certifica que, pese al temor de la conselleira de que “todos los lobos de toda España” se concentren en la comunidad, eso está lejos de ocurrir. Entre los territorios en los que está más presente esta especie, el primer lugar es para Castilla y León, donde se contabilizan 193 manadas (sumadas las exclusivas y las compartidas). En Galicia se calculan las citadas 93, mientras que en Asturias hay 45 y en Cantabria, 23.
La conselleira repite también que se han multiplicado los ataques de lobos a ganado, un punto que los expertos cuestionan. En el mensaje en el que Medio Ambiente confirmó que había recurrido la paralización cautelar insistía en que el aumento de los avisos es del 77% desde 2021, cuando el lobo entró en el Lespre. Ese crecimiento de notificaciones se produjo en un periodo en el que, según el estudio encargado por la propia Xunta, la población de esta especie no subió. Biólogos especializados en el lobo señalan que un mayor número de avisos no equivale a que de verdad se hayan producido más ataques de este animal. Exponen que no se verifica con pruebas genéticas si las dentelladas las han dado lobos o perros salvajes, que hay incluso confusión entre ataques y carroñeo y también que el aumento en las notificaciones se debe, en parte, a fraude, en un contexto en el que han subido las indemnizaciones por reses muertas.
El recurso de la Xunta
El departamento que dirige Ángeles Vázquez expone que su recurso se basa en que la caza del lobo está limitada a los casos en los que se acredite que hay daños al ganado, en línea con la normativa europea, sostiene. Defiende también que el estado de conservación del lobo es “bueno” y se remite a esa diferencia de tres manadas entre el último censo y el previo que los autores del estudio consideran una situación de estabilidad. Además, defiende que el aumento de las manadas compartidas con otros territorios debe interpretarse como que el territorio gallego tiene “saturada la capacidad” y, por este motivo, la especie “se extiende a nuevas áreas”. Recuerda también que en la Unión Europea se ha rebajado el nivel de protección. Otro de los argumentos del Gobierno gallego es la necesidad de proteger al sector ganadero.
Para Díaz, del Fondo para la Protección del Lobo -una de las entidades que ha llevado a la Justicia la autorización de la Xunta-, el recurso presentado por la Consellería de Medio Ambiente “no tiene sentido práctico” por el poco tiempo que queda para que termine la temporada de caza actual. Pero lo considera un “síntoma” de que el lobo forma parte de una estrategia política. Las posturas de comunidades como Galicia, que insisten en que se debe poder cazar, “no tienen que ver con la ecología”, defiende. Concuerda Jorge Soto, que cree que esta especie ha sido “el chivo expiatorio de todos los males de la ganadería” y ahora “se le ha dado una vuelta de tuerca más y ha pasado a ser un arma política”. Esa batalla partidista, dice, es la única que explica la “obsesión” de la Xunta. Califica la postura también de populista: “Es más sencillo criminalizar a una especie animal, que se la puede exterminar a tiros, que intentar solucionar problemas de la ganadería como los precios de la carne, los aranceles o la falta de relevo generacional”.