Las cajas gallegas dispararon los créditos a sus consejeros en los meses previos a la fusión
En el año 2010 Galicia estaba ya inmersa en la crisis económica y sus entidades financieras de referencia, Caixa Galicia y Caixanova, estudiaban cómo enfrentarse al futuro paliando sus dificultades financieras, especialmente preocupantes en el caso de la primera. La amenaza del rescate se cernía sobre Estado español y las cajas de ahorro eran forzadas a reestructurarse en un proceso en el que la Xunta, ya presidida por Alberto Núñez Feijóo, presionaba desde finales de 2009 para forzar la unión entre las dos entidades gallegas. Las cajas que durante décadas habían administrado como propias Julio Fernández Gayoso y José Luis Méndez aceptaban formalmente en marzo de ese año iniciar el proceso que, en otoño, daría lugar a Novacaixagalicia. Se trataba, decían, de garantizar la salud de las cajas y, sobre todo, el crédito para familias y pequeñas empresas. Pero, en ese último año, los préstamos para la población general se siguieron reduciendo en Galicia mientras los miembros del consejo de administración de las antiguas cajas multiplicaban por siete su acceso al crédito.
Los datos del Banco de España señalan 2010, precisamente, como el año en el que comenzó el desplome del crédito bancario a la población gallega por, entre otros factores, la crisis de las cajas. No obstante, el primer informe de gobierno corporativo remitido por Novacaixagalicia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que recoge las actividades del último ejercicio de Caixa Galicia y Caixanova por separado, refleja hasta 54 operaciones de crédito, aval o garantía a favor de miembros del consejo de administración de la entidad, de sus empresas o de sus familiares directos. Son 20 operaciones más que en 2009 y 21 más que en 2008, pero lo más llamativo no es el incremento de su número, sino de su importe: el de 2010 multiplica casi por tres al de 2009 y por siete al de 2008.
Concretamente, la documentación de la CNMV refleja que durante 2010 consejeros y consejeras de lo que ya consta oficialmente como Novacaixagalicia disfrutaron para sí mismos y para sus empresas de préstamos, avales, hipotecas y otros productos semejantes por importe de 79,9 millones de euros. Un año antes, en 2009, la suma de Caixa Galicia y Caixanova llegaba a los 27,5 millones en este tipo de concesiones y en 2008 apenas alcanzaba los 11,2. La escalada es aún más evidente al compararla con los créditos, avales y garantías que los miembros de los consejos de las cajas obtuvieron en 2007: 2,2 millones de euros.
Fueron 19 personas las que se beneficiaron de estas concesiones -el consejo tenía 22 miembros pero muchos de ellos cesaron en diciembre de 2010, cuando NCG inició su actividad- , cinco de las cuales lo hicieron por importe de más de un millón de euros. En esta relación destaca especialmente el empresario José García Costas, actual presidente del astillero Barreras -ahora propiedad de Pemex-, dirigente de otras compañías del naval y máximo responsable de la Cámara de Comercio de Vigo. Llegó a NCG procedente de Caixanova, entidad que en sus últimos meses de vida le concedió 60,7 millones, de los que casi 40 se correspondieron con créditos a sus empresas. Otros 11 millones de euros fueron en avales a sus compañías -el informe no detalla a cuáles- y casi 9, en líneas de comercio exterior.
El segundo consejero con más fondos concedidos fue en ese año Edelmiro Manuel Añón, el empresario de la metalurgia que había puesto 100 millones de euros en el área industrial de Caixa Galicia y que después los recuperó casi totalmente a cambio de aportar 25 millones a Novagalicia Banco, cantidad que perdió cuando el FROB decidió la denominada 'operación acordeón' para paliar mínimamente las pérdidas de la entidad. En el caso del propietario de Hierros Añón las cantidades obtenidas en 2010 ascendieron a 8,5 millones de euros, 7 de una línea de comercio exterior a doce meses y 1,5 más en una línea de descuento, ambas a favor de sus sociedades.
Por encima del millón de euros estuvo también en aquel año el empresario de la madera Juan Ramón Iglesias Álvarez, con 4 millones de euros que son resultado de la suma de una línea de comercio exterior y una hipoteca para su actividad empresarial. A continuación se sitúa Alfonso Paz-Andrade, el industrial pesquero ahora imputado por el caso Pescanova, que en aquel año obtuvo a través del Banco Gallego -dependiente de Caixanova-, casi 3 millones de euros por una “línea multifinanciación”, un crédito empresarial y un aval personal. El último consejero al que en aquel año se le concedió más de un millón fue Guillermo Alonso Jáudenes, empresario conservero fallecido el pasado mes de mayo.
Más de 2 millones en hipotecas en plena sequía
Si los datos de los créditos, avales y garantías concedidos a los consejeros durante la agonía de las cajas gallegas son llamativos en general, todavía lo son más al desgranar cuántas de estas operaciones se corresponden con hipotecas. Mientras el número de hipotecas constituidas en Galicia se reducía en casi un 7% en apenas dos años y su importe mermaba en, prácticamente, un 30% según el INE, en el consejo de Novacaixagalicia el volumen de los créditos hipotecarios creció a un ritmo de casi el 1.700% interanual.
En sus dos últimos años por separado, 2008 y 2009, los créditos hipotecarios concedidos por las cajas a los miembros de su consejo fueron de 52.000 y 125.000 euros, cantidades correspondientes en ambos casos a Caixa Galicia. Pero en el año de la fusión estas operaciones experimentaron una verdadera eclosión, tanto para viviendas particulares como para empresas de consejeros y consejeras, llegando a los 2,25 millones de euros.
El préstamo hipotecario de mayor importe fue el concedido para la actividad empresarial del maderero Juan Ramón Iglesias, con 1,3 millones, seguido del de Francisco Loimil Garrido, que logró una hipoteca de 300.000 euros. La otra hipoteca más abultada, de 245.000 euros, se le concedió al economista Gonzalo Ortiz, que estaba en el consejo en representación de las personas impositoras. Un importe semejante, 230.000 euros, fue el de un préstamo hipotecario para las empresas del citado García Costas. La lista de hipotecas la completan los 114.000 euros del alcalde de Cabana de Bergantiños, José Muíño (PP), y los 60.000 de María José Ferreiro, que representaba al personal de la entidad en el consejo.
Este gran aumento en la concesión de créditos, avales y garantías en plena crisis del sistema financiero gallego y español no está, al menos por el momento, entre las operaciones presuntamente irregulares de las antiguas cajas que el FROB ha remitido a la Fiscalía. El organismo estatal detecta movimientos “que dieron lugar a importantes pérdidas para las entidades” únicamente entre 2005 y 2008. Se refieren a cancelaciones de deuda o ventas de inmuebles pero también, precisamente, a la concesión de créditos o refinanciaciones.
ADICAE detecta intereses inferiores al mercado
El espectacular aumento en la concesión de créditos, avales y garantías a miembros del consejo de Novacaixagalicia y de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova es vista desde una de las principales asociaciones de personas usuarias de las entidades financieras y aseguradoras, ADICAE, como un “escándalo” que merece una investigación. Una de sus portavoces en Galicia, Iria Aguete, recuerda que el colectivo ya “llevó este tema al Parlamento con motivo de la comisión de investigación” de las cajas, a la que le aportó “un informe completo” en el que “iban los créditos auto concedidos a consejeros y familiares”, préstamos en los que, además de su cantidad, destacan las “condiciones” en las que fueron concedidos, destaca.
Aunque “no tenemos todas las condiciones” de estas operaciones, los documentos “públicos” de la CNMV ya revelan “cosas que no cuadran”, señala Aguete. Así, por ejemplo, en el año 2010 los consejeros lograron “préstamos personales al 2,75%” de tipo de interés cuando la “media” del mercado en ese momento rondaba “el 8%”. Del mismo modo, ejemplifica, “en el año 2008, cuando la cosa ya no iba muy bien”, la hija del presidente de Caixa Galicia, Mauro Varela, obtuvo “un préstamo por 200.000 euros al 2,75% con un plazo de 408 meses”, algo “escandaloso” en ese momento.
Estos sucesos, reitera Aguete, “merecen una investigación, pero ya vamos tarde”, más aún porque no se trata de “información interna de los bancos”, sino de datos “públicos”. Son asuntos “a la vista de todos, que ya se sabían” y que revelan “que el funcionamiento interno de las cajas y de sus consejeros no era transparente” y que “lo poco que se sabía era sospechoso”.
